Desde el burladero

Conocía al ex presidente de la patronal, Gerardo Díaz Ferrán, desde muchos antes de que llegara a dirigir esta institución y me costó creer el entramado de sociedades en paraísos fiscales que están destapando estos días los jueces. Más bien, hasta ahora creía que era una víctima más de la crisis económica, que se ha destrozado miles de empresas, y de la pésima organización societaria montado en torno a Marsans. Pero ahora se ve que, cuando se vio cercado por la deudas, decidió sacar su patrimonio fuera y eludir el pago de impuestos y de complir con sus acreedores, al más puro estilo Urdangarín. La pena es que si el empresariado español goza de una imagen pésima, capítulos como este contribuirán a empeorarla aún más.

Se veía venir. Hasta el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, admitía que se incumpliría el objetivo de déficit en la entrevista dada este fin de semana a La Razón. No era una gran noticia. En elEconomista, ya advertimos, que ni Andalucía ni Cataluña iban a llegar al objetivo. La sorpresa es Murcia, una autonomía uniprovincial, cuyo presidente populares incapaz de poner coto al desenfreno de su gasto. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, tendrá que explicarnos ahora cómo va a cumplir con Bruselas. Y sobre todo. porqué no interviene ya a estas tres autonomías. Ni Mas (Cataluña) ni Griñán (Andalucía) van a lograr meter sus cuentas en cintura. Pero me cuesta pensar que el PP tome el control de las cuentas de estas dos grandes autonomías en las que no gobierna. Lo cierto es que ahora cuentan con unos meses para volver a la senda del gasto y si no lo hacen deben ser intervenidas. De lo contrario, Montoro no tendrá autoridad moral para pedir sacrificio a las demás. Y este país se convertirá en ingobernable fiscalmente.

El gobierno hace bien en no subirel 2,9 por ciento las pensiones. Casi todos los ciudadanos estamos haciendo esfuerzos, que comportan rebajas de sueldos o recortes de horas de trabajo, por no hablar de los que se quedaron sin empleo. Es justo que este sacrificio se extienda a los pensionistas, que están en el tramo final de sus vidas y tienen la mayoría del gasto ya hecho, aunque por las dificultades económicas tengan que ayudar a la familia. Además, las cuentas públicas no se lo pueden permitir. Una subida de las pensiones implicaría 3.8000 millones de mayor déficit público y posiblemente un incumplimiento del objetivo acordado con Bruselas. Rajoy hace un gesto al subir, al menos el 2 por ciento la pensión a los que menos cobran, y antepone lo racional al populismo. Desgraciadamente esto no ocurre en todos los ámbitos de la actuación del Ejecutivo, como ocurre con el ‘impuestazo’ que se prepara para los directivos.

El contribuyente se ha convertido en el gran soportador de los planes de reflotamiento de los bancos y de las autopistas. Bruselas aprobó ayer el plan de reestructuración de la banca española, lo que debería permitir reactivar el crédito, en palabras del ministro de Economía, Luis de Guindos, durante La noche de la Economía celebrada por este diario. Ojalá. Pero repasemos la factura. Si se suman las ayudas otorgadas y por otorgar a nuestras entidades financieras, estas recibirán más de 100.000 millones para salir adelante. Naturalmente, gran parte de ese dinero saldrá del contribuyente. Pero aún hay más. La ministra de Fomento, Ana Pastor, anunció ayer un plan para socorrer a las autopistas en preconcurso, de manera que el Estado asumirá el 80 por ciento de la diferencia entre el tráfico y el coste de explotación. Una forma de evitar que pasen a propiedad del Estado, que debería asumir unas deudas de unos 4.000 millones, que inmediatamente computaría como déficit. Es decir, una triquiñuela legal para pasar la pelota, como se suele decir, y dejar de reconocer en estos momentos las deudas que, tarde o temprano, tendremos que asumir todos.

El caso de Artur Mas me recuerda mucho al de Juan José Ibarretxe, el ex lehendakaria que echó un órdago soberanista y tuvo que marcharse, porque lo único que consiguió fue reforzar a Bildu. Mas no sólo ha perdido una docena de diputados, sino que ha reforzado a ERC e ICV, la misma izquierda del tripartito que llevó a Cataluña a la ruina económica. Mas tiene dos soluciones o gobernar en minoría o aliarse con ERC. En cualquier caso, tendrá muy complicado sacar adelante los recortes. Habrá analistas que crean que los independentistas ganan adeptos, aunque en realidad el que gana es Rajoy. Mas le dijo «o pacto fiscal o atente a las consecuencias». Y el desafío ha quedado en nada. Lo que debería ahora hacer es marcharse.

Acabo de leer que la plantilla de Urbaser desconvoca la huelga de recogida de basuras en Jérez de la Frontera gracias a un acuerdo que reducirá su retribución en tres millones de euros en los próximos años y otro millón lo asumirá la empresa. La medida evita el despido de unos 125 trabajadores. Desde luego que no me alegro de a rebaja de sueldos, pero esto es un ejemplo que evita la extención de más de un centenar de puestos de trabajo. Si desde el comienzo de la crisis hubiéramos alcanzado compromisos de este tipo, el desempleo no alcanzaría las tasas actuales. Es preciso seguir por esta vía. La única manera de ser competitivos es ajustar los costes a la realidad. Las empresas que se han empeñado en mantener niveles de sueldos fuera de la realidad acaban destruyendo el empleo, mientras que el resto lo crean a medio y largo plazo. Una lección a seguir

elEconomista publica este miércoles que la Comunidad Valenciana no pagará ya más facturas hasta el próximo ejercicio. Curiosa manera de cumplir con el déficit. El desajuste de las autonomías se produjo el año pasado en el último trimestre cuando comenzaron a sacar facturas de los cajones. Este año parece que va a ser al contrario. No pagarán para procurar cumplir con los criterios de la UE. No entiendo donde está la supervisión de Hacienda, que anunció que no daría un euro si no se cumplía estrictamente al pago a proveedores. O quizá Montoro esté dispuesto a mirar para otro lado para no perjudicar a sus objetivos. Todo esto debería explicarse con claridad, para que los ciudadanos sepamos el grado de cumplimiento de nuestros políticos.

El secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, desveló en el Ágora de elEconomista, celebrada esta mañana, que el Gobierno estudia conceder la residencia a los ciudadanos extranjeros que adquieran inmuebles por un valor superior a los 160.000 euros. El anuncio provocó una polvareda de críticas, porque parece que se abre la puerta a que cualquier delincuente pueda obtener la residencia española. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. La propuesta, que parte de los promotores inmobiliarios, está siendo debatida por un comité integrado por cinco ministerios, entre los que se encuentra el de Interior. Naturalmente, la obtención de la residencia no es automática, sino que requiere cumplir los requisitos legales exigidos a cualquier ciudadano, sobre su honorabilidad. ¿Por qué se hace? Porque existen ciudadanos, principalmente chinos, rusos y americanos, que precisan pedir una visa cada vez que viajan a nuestro país. Con este título de residencia evitan el trámite burocrático y ello facilita que puedan estar interesados en su adquisición. Existe, además, un factor adicional a favor. Países como Portugal o Irlanda, con problemas tambien de stock inmobiliario, adoptaron medidas similares, lo que nos deja en una clara desventaja. ¿Porqué 160.000 euros y no otra cantidad? Precisamente, para reducir el número de posibles peticiones, de forma que no sean masivas. Con premisas y con precaución, a priori se trata de una iniciativa que es necesaria en estos momentos para aliviar las ventas de viviendas.

El comisario de Economía europeo, Olli Rehn, anunció este miércoles que España no tendrá que hacer más ajustes en 2013. La declaraciones sorprenden si se tiene en cuenta que el informe de la propia Comisión publicado hace unas semanas preveía que España incumpliera las previsiones de déficit de 2013, 2014 y 2015. ¿Que ha ocurrido para ese cambio de parecer? El informe también señalaba, como publicó elEconomista, que España había reducido el déficit estructural en cerca de tres puntos como pedía la Comisión. Ese es el motivo por el que estamos exentos de acometer más ajustes, siempre, claro que no se produzcan mayores desvíos por culpa de las autonomías. En fin, que todo sigue igual, aunque parezca que ha mejorado.

La huelga de hoy se saldó con un estrepitoso fracaso. El problema está en los sindicatos, que no son creíbles. Los ciudadanos están enfadados con la política del Gobierno, pero sobre todo están enfadados con la manera de actuar de los sindicatos, que durante los últimos años han acaparado puestos y canongías como los políticos y ahora, obligados, por la crisis a verse despojados de ellas se lanzan a la calle para intentar manetenerse a flote. Mendez y Toxo deben reflexionar sobre el resultado de la huelga, porque convocar una huelga general cada tres meses o manifestaciones todas las semanas produce hastío entre los ciudadanos. Sobre todo, porque no son capaces de articular un plan alternativo para salir de la crisis.