Desde el burladero

Los datos sobre la mini reforma fiscal que avanzó el presidente en el debate sobre el Estado de la nación, empiezan a decepcionarme. Según publica hoy elEconomista, confirmado por Hacienda, el impacto fiscal para las arcas públicas es de 20 millones de euros. Dicho de otra manera, tocan a 49 euros por ciudadano y año. ¿Esta es la reforma fiscal que nos prometieron? Lo dicho, Hacienda no tiene un euro y no habrá rebaja de impuestos hasta que no arreglemos lo del déficit. Es decir, allá por 2017, diga lo que diga Rajoy o Sanserenín del Monte.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunció ayer por primera vez en esta legislatura una tímida bajada de impuestos para los contribuyentes con salarios de hasta 12.000 euros, que quedarán exentos de tributar. La medida no arregla la economía, porque el impulso para el consumo será mínimo, ya que este tipo de contribuyentes apenas paga impuestos. Por tanto, se puede afirmar que más que una medida para estimular la actividad se trata de un gesto, que debería tener continuidad en el futuro. Para impulsar el PIB, Rajoy debería reducir los impuestos a las rentas medias y altas, que representan la mayor parte del consumo. Pero las cuentas no salen en estos momentos para hacerlo posible. En cuanto, a la medida estrella, la reducción de cien euros de la cotización social, también es necesario elogiarla. Aunque su impacto, de momento, sea más publicitario que real ya que va acompañada de la obligatoriedad de aumentar la plantilla. Una circunstancia que sólo un pequeño número de empresas pueden permitirse en estos momentos, sobre todo teniendo en cuenta que la compañía tendrá que devolver el incentivo si despide al contratado indefinido antes de tres años. Una vez más, da la impresión que se optó por ello en lugar de reducir las cotizaciones sociales, como piden los empresarios, que resulta mucho más oneroso. En definitiva un paso tímido en la buena dirección, que se agradece, pero que es insuficiente para impulsar la actividad.

Las decisión de Iberdrola de cortar un tercio las inversiones en España y de concentrar el grueso de su crecimiento futuro por culpa de la reforma eléctrica produce una cierta tristeza, pero es inevitable. La capacidad energética instala es en estos momentos el 20 por ciento superior a la necesitada y el déficit rondó los 4.000 millones de euros el pasado ejercicio, lo que apunta a la necesidad imperiosa de reducir a toda costa. Todos nos hemos tenido que ajustar el cinturón durante esta crisis. En los medios de comunicación, el que más cerca me toca, la caída de la difusión de la prensa supera el 25 por ciento y la publicidad de la prensa escrita ronda el 70 por ciento desde 2007. La diferencia con el sector eléctrrico, es que éste tiene aprobadas las ayudas a su producción en el BOE y suprimirlas contraviene a primera vista el ordenamiento jurídico y crea una inseguridad regulatoria de cara a los inversores. Zapatero dejó un país en ruina. Los españoles tuvimos que asumir 40.000 millones como mínimo para cerrar y reflotar el sector bancario y hay alrededor de otros 30.000 millones de déficit eléctrico acumulados en la última década, que hemos trasladado a la deuda. Es imposible poner fin a esta dinámica sin causar un estropicio en las empresas del sector eléctrico, como ocurrió en el bancario. No sé valorar si la tijera castiga más a una energía que a otras y, probablemente, muchas de las quejas lleven razón. Pero es evidente que es necesario poner fin al déficit. Otro asunto será si dentro de unos años, los tribunales dan la razón a las empresas y el Estado se ve obligado a devolverles lo que ahora les ha quitado.

El baile de ministros que la Prensa lleva anunciando está a punto de abrirse. No sólo porque Rajoy debe elegir en las próximas semanas su candidato para las elecciones europeas, también porque el titular de Economía, Luis de Guindos, ha pactado ya con los alemanes su apoyo para presidir el Eurogrupo. Europa gana un candidato que puede poner como ejemplo de la reforma bancaria ante el resto de países europeos y Rajoy logra un ministro que pueda exhibir ante Europa y ante sus electores como un ejemplo de su política económica. Naturalmente, no es que la reforma bancaria española sea el paradidma de la perfección, sobre todo teniendo en cuenta que nadie sabe cuánto nos costará finalmente la factura de rescate de los bancos y dado el desastre de gestión de la Sareb, pero ya se sabe que una cosa es la realidad pura y dura y otra cómo se percibe y se vende al sufrido ciudadano-contribuyente.

El Estado se quedó el año pasado al borde de cumplir su tope de deuda con 961.555 millones, equivalente al 94 por ciento del PIB. El minisro de Hacienda, Cristóbla Montoro, cumplió así con el tope marcado para el ejercicio, al igual que lo hará con el déficit público. Sin embargo, todo es una pequeña mentira. Desde noviembre Hacienda cerró el grifo de los pagos, para no llevarse sorpresas. Hay 8.000 millones de deuda a proveedores que deberían haberse desembolsado en 2013 y que lo han hecho en 2014, con lo que computará para este ejercicio, en lugar del pasado, como explica hoy elEconomista. Es verdad que Montoro ha progresado mucho en el cumplimineto de los objetivos de déficit y deuda y que ha salvado al país de la catástrofe al poner en marcha el plan de proveedores, pero seguimos incumplimiendo lo prometido, pese a que vendemos lo contrario. Todo sigue pendiente de hilo, pese a la aparente mejoría de la economía, y pendiente de que el crecimiento de la actividad vaya mejor de lo esperado. Crucemos los dedos porque así sea.

Si atendemos a lo publicado hoy por los periódicos, el acuerdo del Canal de Panamá está prácticamente concluido. La Autoridad del Canal (en adelante ACP) acepta la reivindicación más difícil, un nuevo calendario para devolver los más de 800 millones de dólares adelantados al consorcio constructor encabezado por la española Sacyr. Todo queda pendiente de la utilización de un aval de Zurich por unos 400 millones de dólares (290 millones de euros), que la propia aseguradora había ofrecido para desatascar las negociaciones. La conclusión de un acuerdo es una buena noticia para la marca España, ya que en círculos empresariales y diplomáticos ya se había comenzado a criticar la ‘informalidad’ de las grandes empresas españolas. Sacyr presentó una oferta tan ajustada, que la posible desviación de alrededor de 1.600 millones de dólares, puede acabar pasando factura a sus cuentas. El compromiso resuelve el problema de liquidez, pero no garantiza más dinero para la constructora, hasta que se pronuncien los órganos de arbitraje. La firmeza del Canal de Panamá para que se cumpla el contrato sin desviaciones es un ejemplo a seguir por las administraciones españolas en las adjudicaciones de obras públicas.

Coca Cola tiene un problema y gordo. A parte de que va a tener que cerrar el Instituto de la Felicidad que había creado para hacer campaña de su bebida, porque con miles de despidos y pingües beneficios, el sufrido consumidor no entiende donde está la chispa de esa felicidad que vende. Todas las grandes empresas, bancos, telefónicas, etc, que deciden reducir personal suelen ser generosos con sus empleados, ya que estas empresas disfrutan, en líneas generales de una posición privilegiada que les hace ganar más dinero que la mayoría.  Pero la embotelladora de Coca cola, que tiene el monopolio de  producir y distribuir esta genial bebida, optó por la racanería con sus trabajadores. El inconveniente es que para pagar el mínimo establecido de 20 días o un poco más, tiene que acogerse a uno de estos tres supuestos de la reforma laboral: causas económicas, tecnológicas o de reorganización industrial. Sólo puede optar por la última, pero es muy difícil que un juez les de la razón, por lo que al final tendrán que indemnizar por todo lo alto. Entonces, para qué este desgaste, con políticos, medios y consumidores en su contra. Cómo suele decirse, la estrategia de Coca Cola hace agua por todas partes.

El ICO anunció ayer que pone a disposición de pymes y autónomos una línea por 16.000 millones para impulsar la economía y la creación de empleo, el 15 por ciento más que el año pasado. La mayoría de estos préstamos, además, va dirigida a micropymes de menos de ocho trabajadores. El gran tejido empresarial de nuestro país, por desgracia. Es de agradecer que el banco público alargue estas líneas de asistencia, pero echo en falta un recorte de los tipos a los que presta. Los créditos se dan con más de cinco puntos sobre el euribor, lo que acerca el tipo de interés final a pagar al 7 por ciento. Una cuantía prohibitiva para competir en un entorno como el actual. Si gracias al descenso de la prima de riesgo, el Tesoro logra financiarse ahora mucho más barato que hace un año. ¿Por qué el Gobierno no traslada esta rebaja a los clientes del ICO? Eso si que sería una manera genuina de impulsar la economía.. Parece que seguirá habiendo clientes de primera y de segunda, las pymes y autónomos.

No sé si reírme o echarme a llorar. La baja progresiva de impuestos que ayer anunció el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, es de las peores noticias que podíamos esperar. Quiere decir que el Gobierno aún no se fía de la recuperación económica y tendrá que ir bajando impuestos a medida que mejoren las cosas. Ello quiere decir, también, que no se revertirá la subida de impuestos en esta legislatura, como adelantamos ya en elEconomista. Rajoy está pensando en reducir los gravámenes a las rentas de capital en sus próximos cuatro años de Gobierno. Ahora se concentrará en el Irpf y poco más. El problema es que ni él mismo sabe si seguirá.