Desde el burladero

He visto la presentación del programa de Podemos a cargo de los economistas Navarro y Torres. En general, creo que han moderado el discurso con la petición de cosas como que el acceso al crédito para todos los ciudadanos sea un derecho, una renta básica pero limitada para aquellos casos en que no se tenga acceso al empleo (que ya existe en muchas autonomías) o incluso una reestructuración de la deuda para facilitar la salida de la crisis (es algo que se está ya llevando a cabo mediante las inyecciones del BCE). El problema es que junto a estas reivindicaciones, que si se explican como han hecho son razonables, se incluye un potente incremento del gasto público en la creencia de que el Estado es más eficiente que el sector privado, cuando es justamente lo contrario. Aquí empiezan las contradicciones. Defienden que el Estado puede sacar más dinero con la introducción del Impuesto de Patrimonio, la subida de impuestos a las grandes empresas y la lucha contra el fraude fiscal. Tengo dudas de que ello sea posible. España no es un país de ricos. Unas 60.000 personas tienen ingresos superiores a 150.00 euros y no todas ellas pagarían Patrimonio. Es un impuesto que recauda poco dinero. El Gobierno subió los impuestos a las grandes empresas, al contrario de lo que defiende Podemos. Si se sube demasiado, el riesgo es la deslocalización de estas hacia territorios donde se paguen menos impuestos. Y en cuanto a la lucha contra el fraude, es la eterna promesa de todos los partidos. En fin, nada nuevo. El problema viene cuando prometen renacionalizar la banca, un error que puede conducirnos a una nueva crisis como la provocada por la caída de las cajas de ahorro, o los «sectores oligopólicos que no funcionan eficientemente», en una clara referencia a las eléctricas. Solo hay que comparar los ratios de empresas públicas con privadas ya sea en Europa o en América Latina para comprobar que esto no es cierto. En fin, un programa utópico, que no conduce a ninguna parte.

La dimisión de la ministra de Sanidad, Ana Mato, unas horas después de que se conociera que el juez la cita para que acalare si se lucró de los negocios de su marido relacionados con la trama Gürtel, es un ejemplo de higiene democrática. Rajoy tuvo una oportunidad de oro para cesar a la ministra en la crisis del Ebola y la dejó pasar. Debería aprender que esconderse cómo si nada hubiera pasado es lo peor que puede hacer. La dimisión de Mato nos acerca más al estilo de las democracias del norte de Europa, aunque tristemente obedezca al auge de Podemos y al temor que tiene los políticos a que sean barridos del mapa en las próximas elecciones.

El nuevo dirigente del PSOE, Pedro Sánchez, ha debido de enloquecer, porque pedir una reforma constitucional para eliminar el déficit cero es como resucitar la bicha de la crisis que forzó la salida del ex presidente Zapatero. La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, le respondio en el Foro de Reindustrialización organizado por elEconomista, al calificar su actitud de populismo. Un viraje peligroso que acerca a Sánchez al partido de Podemos y lo aleja de sus votantes tradicioanles de centro o de centro izquierda. Por este camino, lo único que conseguirá es hundir al PSOE más en el ostracismo en el que ya se encuentra.

El secretario general de UGT, Cándido Méndez, le eha demasiada cara a la vida. Parece que está dispuesto a anunciar su salida, pero en ….2016. ¿Quién tiene asegurado su puesto de trabajo los dos próximos años? Desde luego pocos de los trabajadores a los que él dice representar. Con el descrédito que arrastra UGT, aguantar dos años más, sólo va a conseguir que Somos, la nueva fuerza sindical detrás del líder de Podemos, vaya acaparando más cuota, como ocurre en política. Y es que la casta también parece que se ha instalado en las cúpulas sindicales.

La información de elEconomista sobre la productora de Pablo Iglesias que funcionaba como una entidad sin ánimo de lucro demuestra que el líder de Podemos utiliza los mismos atajos que el resto de políticos para eludir pagos a Hacienda. En la edición de este jueves, elEconomista aporta las primeras pruebas de que ofrecía a través de la asociación Producciones con Mano Izquierda, Iglesias ofrecía servicios comerciales para captar clientes privados, algo que está totalmente prohibido por la Ley y que puede constituit un delito. En fin, parece que no era solo Urdangarín que utilizaba sociedades sin ánimo de lucro, para obtener dinero.

El aún dueño de Jazztel, Leopoldo Fernández Pujals, es el primer gran empresario que se atrevió a criticar abiertamente a Podemos en una entrevista que rocogemos en elEconomista. Es sorprendente la resistencia del mundo empresarial a criticar al partido de Pablo Iglesias, según una encuesta que realizamos en este medio el fin de semana. Todos te hablan mal, pero nadie quiere dar la cara. ¡Y eso que aún no tiene el poder de otorgar subvenciones! El mundo empresarial debería romper viejos tabúes y empezar a denunciar las situaciones que complican el futuro económico de nuestro país antes de que sea demasiado tarde. El otro asunto sobre el que reina un gran silencio empresarial es Cataluña. Todos están preocupados por las constantes guerras entre Mas y Rajoy, pero nadie sale a pedir públicamente diálogo. En estos momentos, los dos grandes peligros que acechan a la economía española por este orden, son el ascenso de Podemos y una hipotética ruptura de la unidad de España. El débil crecimiento europeo estaría en tercer lugar, para que se vea el orden de importancia. Así que felicitaciones a Pujals y que cunda el ejemplo.

Lo decíamos este miércoles en elEconomista, Rajoy está muy enfadado con Mas porque capitalizó la consulta como si fuera un éxito propio y no estaba dispuesto a dialogar. El presidente considera que puede ocurrir igual que con el rescate. Todos pedíamos que lo solicitara, pero Rajoy aguantó y, al final, el tiempo le dio la razón. Las similutudes no existen. Es cierto que la consulta puso de manifiesto que los independentistas son una minoría, pero no lo serían en unas elecciones autonómicas, en las que podrían alzarse con el Gobierno y luego proclamar la independencia. Existe otro riesgo más cercano, la posibilidad de que un tribunal inhabilite a Mas para gobernar. Rajoy intentó desmarcarse de la demanda de la Fiscalía, pero es obvio que ésta pertenece al Estado. Si Mas es inhabilitado, como parece probables, se convertirá en un héroe. Justo lo que quiere para atizar la rabia contra el Estado. En fin, la solución al problema se enquista y se alargará en el tiempo. Y entretanto, la inversión extranjera huye de Cataluña y del resto de España. Ya tenemos bastante con la parsimonia de Draghi al bajar los tipos. Estas disputas no son buenas para la economía.

Es una verdadera pena que el diálogo entre Mas y Rajoy no fructifique. En el Gobierno están enfadados con el presidente de la Generalitat porque, al parecer, se saltó las reglas no escritas pactadas para realizar la consulta. En CiU prometieron que no acapararían el protagonismo y que la consulta quedaría como un acto civil sin más. Pero a Mas le faltó tiempo para arrogarse el triunfo. Durante la votación salió a decir que si había que buscar un responsable, sin duda, era él. El Gobierno respondió mandándole a al Fiscalía. Las espaldas vuelven a estar en alto. El resultado electoral no es para tirar las campanas al vuelo. Hay 1,7 millones de independentistas desde 16 años para arriba, una mayoría insuficiente para proclamar la independencia. Con estos datos y con la chulería del catalán, en Moncloa no están dispuestos a dar su brazo a torcer. Cuanto más tiempo pase, el peor parado es Cataluña. La inversión extranjera se repliega, como muestran los datos que este miércoles dará elEconomista. Mas se cargó a CiU y ahora amenaza con llevarse por delante la economía catalana al completo. Si quiere dialogar, tiene que comenzar por respetar al contrario.

Me sorprende la carcundia de casi toda la prensa de información general madrileña, que se indigna en sus portadas por permitir la celebración de la consulta o destaca las palabras  desafiadoras de Mas. ¿Y qué pensaban que iba a hacer?, ¿decir que había perdido? Es lo que toca. Las mentiras tienen las patas cortas. Cuando se analiza el resultado, a falta del escrutinio del cien por cien, se puede comprobar que los independentistas han chocado contra el techo que ya alcanzaron en las pasadas elecciones autonómicas, alrededor de 1,8 millones. Una cifra que representa menos de una cuarta parte del censo de votantes ampliado, que ayer tuvo la posibilidad de manifestarse en las urnas. Se trata, por tanto, de una mayoría respetable, que debería mover al Gobierno de Rajoy a negociar algún tipo de contraprestación, pero sin respaldo suficiente para conquistar la independencia. Me consta que en los últimos meses Mas y Rajoy han mantenido las líneas de negociación abiertas a través de terceros, como publicó este fin de semana algún medio. Por eso quizá Rajoy accedió a la consulta y manifestó su disposición incluso a cambiar la Constitución. Si el presidente del Gobierno logra una solución negociada pasará a la historia como un hombre de Estado, como lo hizo Helmut Kohl, que volvió este fin de semana a la primera plana con motivo de la reunificación geremana. El inmovilismo no conduce a nada, bueno, al desastre. Si, además, toma cartas en el asunto para frenar la corrupción, de la que se alimenta Podemos, se habrá ganado el cielo que Pablo Iglesis quiere conquistar a cañonazos.

Aunque en el momento de escribir estas líneas no se conocen los resultados definitivos de la consulta catalana, todo apunta a que poco más de dos millones de catalanes fueron ayer a votar. Supongo que la interpretación que mañana hará la Generalitat es que la gran mayoría de esos votantes lo hicieron por la independencia y que representan más del 50 por ciento de las pasadas elecciones autonómicas, en las que la participación alcanzó alrededor del 65 por ciento. Pero ninguno de esos parámetros puede tenerse en cuenta en un referéndum de verdad sobre la independencia. En esta ocasión, no hubo campaña a favor del No, mientras que al Generalitat bombardeó con su voto independentista a través de los medios públicos, además la participación en unas elecciones pro independencia se dispararía hasta el 80 por ciento, como ocurrió en Quebec o en Escocia, con que el porcentaje queda por debajo del 50 por ciento. Falta por ver cuanto de esos votantes se pronunciaron por la independencia, es decir, votaron sí en las dos preguntas planteadas por la Generalitat. Eso no quiere decir que Rajoy no deba tomarse en serio la cuestión y comenzar a negociar una nueva estructura del Estado. Más de dos millones de personas son muchas personas y es necesario dar una respuesta a sus reivindicaciones. El Gobierno tendría un problema si después de la consulta, Mas adelanta los comicios, porque el bloque soberanista obtendría la mayoría absoluta y podría plantear una declaración unilateral de independencia, que tense la situación política hasta niveles insospechados.