Desde el burladero

El desempleo se ha encaramado a los 4,92 millones de personas, amenazando la cota de los cinco millones de personas, mientras que el vicepresidente primero, Alfredo Pérez Rubalcaba, asegura que a partir de ahora no hará más que bajar y bajar. Me parto de risa. Sin una medida económica seria tomada en los últimos tiempos, porqué se iba a detener el desempleo. Rubalcaba se equivoca y, además, no entiende de esto. La crisis seguirá seis o siete años más como asegura el Fondo Monetario y quedarse de brazos cruzados en espera de ver qué pasa es la mejor garantía para que todo siga empeorando. ¡Un desastre! ¿Y este es el sucesor?

El viernes el consejo de ministros va a aprobar un plan para aflorar economía sumergida, que significa que usted y yo vamos a pagar los cascos rotos, de que miles de empresas en este país tengan empleados ilegales por los que no pagan impuestos. La broma puede costarnos unos 82.000 milllones. La cuestión es a qué se dedican los inspectores de Trabajo. Tengo la impresión que están más ocupados en revisar hasta la última coma de las empresas que cumplen con el Fisco religiosamente que a descubrir los pufos. Y así nos va. El crecimiento de la economía sumergida es el fruto, además, de las pésimas condiciones económicas. Las empresas no realizan contratos estables porque no tienen una demanda duradera. La única manera de combatir este tipo de prácticas es logrando que se enderece la economía y para eso sólo hay un camino: hacer reformas. Lo demás, está condenado al fracaso.

Los españoles nos hemos ido de Semana Santa en busca de descanso. Después de varios años de crisis, los días anteriores a Semana Santa han vuelto a poner a prueba los nervios de los inversores, con la prima de riesgo con Alemania disparada. Los rescates europeos no funcionan. Ayer volvieron a dispararse los costes de la deuda griega y portuguesa. Son dos países sin crecimiento y sin empresas, incapaces de devolver todo lo que se han gastado en estos últimos años. La misma sospecha que se cierne sobre la economía española. Seamos sinceros, es necesario reestructurar la deuda de estos países cuanto antes, al igual que ocurre cuando una empresa entra en concurso de acreedores. Francia y Alemania no quieren ni oír hablar de ello porque sus bancos serían los grandes paganos. Pero, por otro lado, se niegan a poner más dinero para estas naciones. No se puede estar en misa y repicando, como se suele decir. Alargar la actual incertidumbre no puede conducirnos más que a prolongar la agonía de la economía europea y, de paso, a algún susto inesperado: el rescate español. El vía crucis no acabará con la Semana Santa.

A medida que pasan las horas comienza a dar la impresión que el Gobierno ha podido meter la pata en su intención de cambiar la legislación sobre los prejubilados, no porque no sea justo hacerlo, sino porque choca con demasiados intereses. Los primeros en levantar la voz fueron ayer los sindicatos, que se llevan una parte por gestionar los eres, y también los juristas pusieron de manifiesto las dificultades. No es la primera vez que se intenta y no se consigue. Desde Rato a Montoro, todos han querido exonerar al Estado de las cargas de las prejubilaciones. El precio a pagar es que los despidos no sean entonces intermediados por los sindicatos y se realicen en el marco de un pacto laboral. En la medida que la jurisdicción obligue a este tipo de acuerdos, los trabajadores tienen derecho a acogerse al desempleo, que es un derecho universal para todos los trabjadores que han cotizado previamente. Lo contrario implicaría prácticamente instaurar el libre despido. Zapatero se ha vuelto a meter en un lío, a ver como sale de esta.

Entiendo la indignación que produce en el Gobierno que Telefónica anuncie la prejubilación del 20 por ciento de su plantilla a la par que un plan de incentivos para su directiva. La coincidencia de ambas medidas debería de haberse evitado y equivale a un claro error de comunicación por parte de la compañía. Pero eso se soluciona de manera fácil. El gobierno tiene el BOE y por tanto la sartén por el mango. En un pis pas puede cambiar la ley para impedir que los ciudadanos tengamos que cargar con dos años de desempleo de cada trabajador que prejubile una empresa. ¿Por qué no lo hace? Porque hay miles de prejubilados en las cajas de ahorro que están pasando de puntillas y que se van a casa con las mismas o mejores compensaciones que los empleados de Telefónica, sin que nadie en el Gobierno se rasgue las vestiduras.

El Banco de España parece dispuesta a penalizar a las entidades financieras que ofrezcan depósitos por encima del 3,5 por ciento, como una medida de prudencia para cuidar su cuenta de resultados. Hace bien porque curiosamente las que más retribuyen este tipo de depósitos son las que peor están. Pero conviene recordar al gobernador que algo así debería haber hecho en plena época del ‘boom’ inmobiliario en el que las entidades presumían de dar créditos sin ton si son. Esos polvos trajeron estos lodos. Ahora no debería culpar a otros de sus errores.

En los próximos días vamos a asistir a un nuevo capítulo de la chapuza nacional. El gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, en lugar de intervenir la Caja de Ahorros del Mediterráneo, CAM en adelante, le inyectará 2.800 millones del fondo de rescate, en adelante FROB, creado al respecto. Con ello logrará que pase en septiembre el examen sobre los ratios de capital, pero pocos confían en que la entidad sea capaz de salvarse por sí misma, debido a los activos dañados que atesora. Eso sí, podrá sobrevivir otro par de años, justo el tiempo que Ordóñez necesita para jubilarse (su relevo está previsto en junio de 2012) y que su sucesor asuma la ‘patata caliente’ de la crisis de la entidad financiera. Algo similar ocurrirá con CatalunyaCaixa o NovacaixaGalicia, obligadas también a ir al FROB. Aplazar los problemas, no es la mejor manera para resolverlos, como se está viendo en esta crisis.

Es incomprensible que la Hacienda pública española ande abriendo expedientes por el mínimo error o descuido que comete un ciudadano en su declaración de la Renta, y luego permita que existan auténticos paraísos fiscales, con los que hace la vista gorda. Este es el caso de Bwin, la casa de apuestas y patrocinador del Real Mardrid, que ocupa hoy la portada de elEconomista. Según los últimos datos del registro mercantil, Bwin obtuvo 25 millones de euros por sus actividades en España durante el ejercicio 2009, sin embargo sólo declaró los ingresos de 145.000 euros de una pequeña filial de márketing. El resto del dinero escapa al fisco porque está domiciliada en Gibraltar. ¿Qué ocurriría si usted o yo domiciliáramos una empresa en Gibraltar cuya principal actividad se desarrolla en la península? Que Hacienda nos abriría un expediente de manera inmediata. ¿Por qué no lo hace con Bwin? Por el fútbol, quizá. Es impopular y poco electoral dejar sin patrocinador al Real Madrid. Esto es lo más benigno que se me ocurre pensar, porque lo demás no me atrevo a escribirlo.

Zapatero realizó hace unas semanas una gira por los países del Golfo, de donde se trajo el compromiso de Catar de invertir 300 millones en la reestructuración de las cajas de ahorro españolas. Nadie conoce, este compromiso, y en fuentes financieras se asegura que el Gobierno catarí ha negado tal posibilidad, según publica elEconomista. No sabemos si el presidente se lo inventó, para dar lustre a su visita, o si Catar se ha echado atrás al ver la dimensión del problema en el que se metía. Sea como fuere, la negativa pone de manifiesto que Zapatero debería ser mucho más prudente en sus anuncios y que la vicepresidenta Salgado está sopesando mal la verdadera dimensión del agujero financiero. Estamos a salvo de la intervención, pero cuidado con vender humo sin antes encender el fuego.

El Fondo Monetario y la Unión Europea han felicitado en estos días al Gobierno español y a la vicepresidenta segunda, Elena Salgado, por sus reformas. Sinceramente, con excepción de las pensiones, poco ha cambiado en España en los últimos tiempos. Más bien lo que parece es que nadie está interesado que el tsunami de los mercados se fije en España y comiencen los ataques a su deuda. Si yo fuera el Gobierno no me fiaría, y empezaría a tomar medidas en prevención de que tanto parabien no sirva para nada.