Una decisión precipitada
A medida que pasan las horas comienza a dar la impresión que el Gobierno ha podido meter la pata en su intención de cambiar la legislación sobre los prejubilados, no porque no sea justo hacerlo, sino porque choca con demasiados intereses. Los primeros en levantar la voz fueron ayer los sindicatos, que se llevan una parte por gestionar los eres, y también los juristas pusieron de manifiesto las dificultades. No es la primera vez que se intenta y no se consigue. Desde Rato a Montoro, todos han querido exonerar al Estado de las cargas de las prejubilaciones. El precio a pagar es que los despidos no sean entonces intermediados por los sindicatos y se realicen en el marco de un pacto laboral. En la medida que la jurisdicción obligue a este tipo de acuerdos, los trabajadores tienen derecho a acogerse al desempleo, que es un derecho universal para todos los trabjadores que han cotizado previamente. Lo contrario implicaría prácticamente instaurar el libre despido. Zapatero se ha vuelto a meter en un lío, a ver como sale de esta.