Desde el burladero

El desafío soberanista catalán es uno de los problemas más urgentes del próximo Gobierno español. Los datos desvelados el martes por la Airef, la Agencia Independiente de Responsabilidad Fiscal encargada de vigilar las cuentas del Estado, son contundentes. Cataluña, con alrededor de 8.800 millones, es la segunda autonomía que más aporta al resto del Estado solo por detrás de Madrid. Por contra, los andaluces y castellano-leoneses, con más de 6.000 y 4.000 millones respectivamente, son los que más perciben. Es curioso comprobar , que más de treinta años después de creado el estado de las autonomías, el principio de solidaridad ínterregional creado en la transición no ha servido para igualar sus niveles de renta y, por ende, de desarrollo. Quiere eso decir, que urge una reforma de la financiación autonómica, para que los que más impuestos pagan sean también los más beneficiados y no como hasta ahora. No es cierto que Cataluña este en quiebra, como se dice, aunque su gestión sea pésima. Pero es justo reconocer que el Estado tiene que ser más generoso con los catalanes. Es, además, la única manera de evitar el desastre que provocaría su independencia tanto en Cataluña como en el resto de España.

ELECONOMISTA publica una sentencia histórica del Supremo que prohíbe que las fundaciones creadas por los sindicatos en sectores como comercio, hostelería o construcción se financien mediante una cuota obligatoria equivalente al 0,1 por ciento. Es un buen paso. Los agentes sociales tienen que entender que cuando quieran poner en marcha fundaciones de este tipo deben de financiarlas con cargo a sus cuotas y no a los empleados. Ya pagamos suficientes impuestos. El problema es que los sindicatos habían engordado sus plantillas, como les ocurrió a muchas empresas antes de la crisis, con fundaciones de poca utilidad. Pero al contrario que las empresas, que redujeron a marcha forzada las plantillas, estos no lo hicieron a tiempo. Las fundaciones laborales son, además, las gestoras de los cursos de formación. Otra fuente de ingresos muy cuestionada, por los problemas que hubo con su gestión y los escándalos de corrupcion. El Gobierno aprovecha el vacío legislativo para ir desmontando estas estructuras obsoletas. Está muy bien.