Desde el burladero

Si hay un denominador común en las elecciones europeas celebradas ayer es un potente voto de castigo a los políticos tradicionales, como lo demuestra el triunfo de Le Pen en Francia o de Grillo en Italia o el mismo Pablo Iglesias en nuestro país. Los ciudadanos han alzado la voz contra los recortes incómodos, por supuesto, pero también contra el orden establecido, porque la crisis ha sacado a la luz muchos de los privilegios que disfrutaban alternativamente las grandes fuerzas políticas. El asunto más preocupante es el griego, donde la izquierda de Siriza barre al partido del Gobierno. ¿Qué pasaría si mañana hubiera comicios? Mejor no imaginarlo En nuestro país, Rajoy ha obtenido un resultado modesto. Sufre un fuerte castigo electoral por las reformas, pero mantiene la mayoría por la mínima. Es lo que pasa cuando las cosas se hacen a medias. Los antireformas están disgustados y los pro reformas económicas, también. Prefiero no pensar qué pasaría con este resultado en unas generales, porque queda aún mucha tela por cortar. Si la economía se recupera de aquí a entonces, lo lógico es que tenga más votos que en esta cita electoral. En resumen, Mariano Rajoy saca un suficiente o un necesita mejorar. Espero que tome nota. Mientras que Europa logra un suspenso, en general. Los políticos necesitan reinventarse si quieren mantener su trabajo, no sólo los ciudadanos.

El Gobierno sigue empeñado en vendernos humo: la economía ha comenzado a mejorar, pero de manera tan lenta que muchas empresas no podrán salvarse de la quema. El último caso es el de Realia. Después de anunciar a bombo y platillo por parte de su gestores que se vendería antes de finales de año a alguno de los fondos extranjeros, ayer anunció su decisión de desprenderse de la gallina de los huevos de oro, la SIC de París, que le aporta casi la mitad de sus ingresos. Sus dos socios, FCC y Bankia, han optado por vender lo que se puede, por aquello que hay demanda, para tapar la sangría de pérdidas. El problema es que el resto está tocado y no es interesante para nadie. La empresa quiere utilizar una parte del dinero obtenido por la venta para comprar activos y rehacerse de las pérdidas. Un experimento peligroso, dada la pobre gestión de su presidente, el ex ministro Ignacio Bayón al frente de la empresa. Una prueba más de lo desastroso que resulta poner a un político a gestionar una sociedad. Si hasta la joya de la corona se vende con pérdidas de 82 millones, imagínense lo demás. La venta de viviendas se ha comenzado a reactivar, pero a un ritmo insuficiente para salvar de la quema a la mayoría de las empresas del sector que siguen tocadas y camina inexorablemente hacia el precipicio.

Todos conocemos y respetamos el principio de inocencia y, por tanto, sería precipitado solicitar la dimisión del presidente de Unicaja, Braulio Medel, sólo por la imputación en el caso de los ERE. La administración de las entidades públicas está regida, además, por el principio de rectitud y de honorabilidad de sus miembros. Todos conocemos casos de alcaldes o presidentes de instituciones que abandonan sus cargos antes de ser condenados porque el conocimiento de sus actuaciones pone en tela de juicio su honor y buen hacer. Este aspecto es especialmente relevante cuando se trata de una institución pública, ya que en las privadas son sus accionistas o sus dueños, quienes tienen la última palabra. Gestionar dinero público, es decir, fruto del esfuerzo de todos requiere un componente de rectitud mayor que cuando se gestiona el patrimonio propio. Unicaja acaba, además, de recibir ayudas pública para la absorción de las antiguas Caja España y Caja Duero. Creo que en un caso así, el honor y el prestigio de Braulio Medel están seriamente tocados, y aunque sólo corresponde a él decidir si sigue o no al frente de la entidad, probablemente para él sea mejor marcharse con la cabeza bien alta, que aguantar un juicio sumarísimo por parte de la opinión pública, que acabe afectando a la credibilidad de la caja que preside.

Los informaciones del AVE a Barcelona ponen de manifiesto una práctica generalizada en el mundo de la construcción en los últimos años, que es necesario erradicar de manera tajante. El presidente de OHL, Juan Miguel Villar Mir, salió el lunes al paso de las acusaciones de Fomento, que le sancionó con 34 millones por no terminar a tiempo las obras de uno de los tramos del AVE a Barcelona. Villar Mir desveló que un tramo valorado en 107 millones acabó costando 214, es decir justo el doble. Pero eso no es lo peor, es que el coste en total superó los 300 millones. ¿Cómo es posible tal desaguidado? El kilómetro de carratera español es seis veces más caro que el alemán, pese a que la orografía en este país es mucho más complicada, me pregunto cuánto más caro es el kilómetro de AVE. Fomento tiene que acabar con los modificados, como hizo el Canal de Panamá. El dinero no puede seguir despilfarrándose.

El presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, se ha convertido en una especie de mago Merlín, cuyas palabras mágicas cambian el signo de los mercados. La sóla confirmación de que está dispuesto a aplicar medidas no convencionales en junio, modificó ayer el rumbo de los mercados de valores y rebajó la cotización del euro frente a otras divisas, para alivio de las empresas europeas. Ahora queda por ver cual es el siguiente paso, en qué consiste eso de «medidas no convencionales». La mayoría de los expertos se inclina porque comprará deuda privada en el mercado para abaratar los costes de financiación de las empresas o gravará los depósitos de los bancos en el BCE para impulsar el crédito, en lugar de adquirir deuda soberana. Hay que leer entre líneas, como se suele decir. Draghi descartó ayer la deflación y aludió sólo a un periodo de baja inflación seguido de un repunte de los precios. Vamos que descarta una deflación a la japonesa y, por tanto, no creo que tome medidas drásticas no convencionales.

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, está encantada con los datos de desempleo publicados ayer, porque con casi 134.000 empleos, se bate la cifra de creación de puestos de trabajo en casi una década. El dato endulza la EPA del primer trimestre, que se salda con un mínimo descenso del desempleo y gracias a la bajada de la población activa. El momento en que se produce, en vísperas electorales es otro motivo, seguramente, de alegría para el Gobierno. Las cosas van mejor, no cabe duda. Pero es muy pronto para lanzar las campanas al vuelo, ya que como el miércoles publica elEconomista, la mitad del descenso del paro es en el sector de la hostelería, que en abril vivió una Semana Santa excepcional, que ligó, además, con el puente mayo. ¿Aguantarán los empresarios del sector el empleo hasta el verano o una buen parte de este empleo volverá a las filas del paro en mayo? Es preocupante, además, que sendos informes publicados en los últimos días por Bruselas o la OCDE coincidan en destacar que se producirá un crecimiento sin empleo, o al menos, sin empleo suficiente para revertir esas dramáticas cifras de parados.

La Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre muestra que la economía española sigue destruyendo empleo, aunque sea a un menor ritmo que en años anteriores y, por tanto, la creación de puestos de trabajo debería convertirse en una prioridad para el Gobierno de Mariano Rajoy de manera inmediata. Hasta que no consiga empleo neto, no podrá decir que la crisis ha concluido. El Gobierno estima que en dos años la economía española será capaza de generar alrededor de 650.000 empleos. El anuncio propició un gran debate en redes sociales, porque muchas patronales advirtieron, con razón, que se trata de empleo de baja cualificación en el mundo de la hostelería. El otro tipo de trabajo que se creará será público. El exceso de funcionarios que tantas veces hemos criticado durante la crisis no sólo no se corregirá sino que seguirá incrementándose. Por si alguien tenía alguna duda, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, lo dejó bien claro en la presentación de la oferta pública de empleo para este año. Me parece una irresponsabilidad anunciar, como hizo Montoro, que se acabó el ajuste, porque podemos revivir el furor contratista anterior a la crisis por parte de corpraciones locales y autonomías. Después de las declaraciones de Montoro, me pregunto ¿cuánto empleo será público de esos 650.000? Si el Gobierno cifra en unos 400.000 los puestos públicos que se suprimieron en la crisis, quizá es que piensa en restituirlos. Declaraciones así pueden tener una efecto de llamada al voto para una parte de la población, pero desde luego surgen el efecto contrario en otra y en los mercados. ¿Quién va a sostener el empleo público? Ahora veo porqué es imposible bajar las cotizaciones sociales. Con políticas así, en breve estaremos creando empleo público y destruyendo el privado. ¡Qué horror!

Rajoy optó por Isaber García Tejerina, una de las personas que conoce más en profundidad el sector, frente al perfil político de Javier Arenas, el otro candidato que más opciones tenía. Tejerina ha sido asesora nada menos que de tres ministros de Agricultura con el PP: Loyola de Palacio, Jesús Posada y Cañete. Rajoy cierrra así la crisis ministerial abierta con la designación de Cañete con el menor ruido mediático posible y reafirma su línea de designar al frente de los ministerios a personas de reconocida experiencia, como ocurre con Montoro al frente de Hacienda o De Guindos en Economía. Creo que es lo acertado, como decía Ortega y Gasset, «los experimentos, con gaseosa».

El Gobierno anunció ayer una revisión del modo de contabilizar la población activa para adaptarse a las exigencias de Bruselas. Hasta aquí todo correcto. Casualmente, la revisión reducirá en alrededor de trés décimas la tasa de paro EPA, lo que equivale a unas 300.000 personas que saldrán de la lista de peticiones de empleo. El asunto es que el Instituto Nacional de Estadística (INE) tenía un amplio plazo para recalcular la población activa, pero al parecer lo ha hecho a toda prisa para que el efecto pueda notarse en la EPA que se dará a conocer el próximo martes, 29 de noviembre. El motivo es que es la estadística  se conocerá antes de las elecciones europeas y se suma así a la catarata de datos económicos positivos que prepara el Gobierno para ganarlas. Estrategia electoral a costa de los parados.

El ministro de Industria, José Manuel Soria, dio por zanjado ayer el ajuste en el sector eléctrico. Ni concesiones a la cogeneración, a las grandes eléctricas o a la biomasa. Un jarro de agua fría para los subsectores más afectados por los recortes. Además, advirtió en el Agora celebrada esta mañana por elEconomista que si alivia a alguno, habría que meter la tijera a otros. En fin, que cada palo aguante su vela. El ministro defendió el nuevo sistema de retribución y presumió de la bajada de los costes de la luz para el ciudadano y para las empresas pequeñas y medianas. Aunque tampoco se atrevió a pronosticar si esta rebaja, que evaluó en el 3,7 por ciento el año pasado, se prolongará en el tiempo.