Desde el burladero

elEconomista fue el único periódico económico español que advirtió en su edición de fin de semana sobre las nefastas consecuencias que puede traer el caso Bárcenas, unidos a los demás escándalos, sobre la marcha de nuestra economía. La decisión de Rajoy de negarlo todo y de mirar para otro lado, incluso ante los hechos más que evidentes de que la ministra de Sanidad, ana Mato, es una de las beneficiadas de este dinero B, fue la puntilla. Rajoy ha decidido enrocarse y defender con uñas y dientes al PP, y eso puede estar bien, pero su actitud debe ser compatible con echar por la borda a quien haya una mínima prueba de culpabilidad, como ha hecho Ana Botella en el Ayuntamiento de Madrid. Si no, jamás recuperará la credibilidad ni él ni su partido político. Además, en este caso, el bien de la institución, es decir del Gobierno o de España, debe estar por encima del personal, con lo que si en cualquier momento la opinión pública lo considera culpable, él mismo debería dar el paso de marcharse. En caso contrario, demostrará que España y los españoles le importamos un bledo.

Si Rajoy no tiene ninguna culpa, no veo porqué no quiso responder a las preguntas de la prensa. Creo que se abre la caja de Pandora, porque no se aclaran acusaciones como el regalo de trajes. Esto no he hecho más que comenzar. Si Rajoy promete transparencia debería comenzar por sí mismo. No basta con publicar las declaraciones de Renta y patrimonio, ya que la contabilidad B no se declara, porque dejaría de ser en B. Tampoco basta con una investigación interna de la tesorera. Todo puede irse al traste en el momento que aparezca un recibí.

A falta de las explicaciones que dé mañana Mariano Rajoy, las explicacines de Soraya me han dejado frío. La vicepresidenta, una de las personas del Gobierno fuera de sospecha, insistió en separar la responsabilidad de éste de la de su fuerza política, el Partido Popular, en el caso de los sobresueldos en B. Una separación inexistente, desde el momento en que Rajoy preside a la vez el PP y el Gobierno y es uno de los presuntos receptores de dinero negro. El Gobierno debería haber pedido ya que Bárcenas vaya a la cárcel, abierto una investigación a fondo de sus cuentas y promover una reforma de los partidos políticos para intentar que el ciudadano recupere la confianza en ellos. Todas estas tardanzas se van a traducir en un fuerte descrédito del PP y en que en las próximas elecciones se busquen nuevas cabeceras políticas a quién votar, como pasó tras la caída del franquismo. Lo peor puede ser la desconfianza de los inversores extranjeros en nuestra economía.