Pensiones

Según las declaraciones concretas realizadas por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en las que aseguraba esta semana que las pensiones de jubilación se revalorizarán en 2021 en base al IPC, del mismo modo que ha ocurrido este año, y el coste que ello implica en función de la inflación prevista, el Gobierno asume un gasto de unos 1.400 millones de euros en la revalorización de las pagas del próximo año. Concretamente, la cuantía de la pensión se vería incrementada para el próximo año en un 0,9%.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, constató esta semana lo que ya sabíamos: los rebrotes están empeorando la caída de la economía. El Gobierno revisa a la baja en más de un punto la caída del PIB, al igual que el déficit, mientras que la deuda escalará hasta el 118% del PIB, hasta tres puntos peor de lo esperado. España se convierte así en la economía más azotada por el virus del mundo, según el Fondo Monetario Internacional (FMI). En unas circunstancias tan complicadas y ante la ausencia de un superávit fiscal al que echar mano para financiar los gastos, como tienen los países del norte de Europa, Sánchez solo tiene una salida: recurrir a los fondos europeos. Sin ellos, estaríamos al borde de la quiebra.

La crisis económica derivada de la pandemia de la Covid-19, empobrece a España y a nuestros mayores que ven menguar sus pensiones. Según las recientes previsiones del Gobierno, la economía española caerá más del 11% en el 2020. Para hacer frente y paliar la crisis, el Gobierno de Pedro Sánchez ha presentado el llamado 'Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española', basado en cuatro ejes transversales (transición ecológica, cohesión social y territorial, digitalización e igualdad de género).

A pocos días del toque de corneta para arrancar la reforma del sistema público de pensiones, una vez el Pacto de Toledo resuelva el documento de recomendaciones y que según ha podido saber elEconomista podría tener lugar en las próximas semanas, la reforma de pensiones parece tener ya cara y ojos a la luz de las observaciones realizadas por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, durante su intervención en la Comisión parlamentaria del ramo. Concretamente, los cambios que llegan para las jubilaciones futuras se sustancia en seis aspectos, a pesar de que serán hasta 21 las recomendaciones que emita el Pacto de Toledo de la reforma.

A falta de unos meses para que se abra la próxima campaña de la Renta, el Pacto de Toledo continúa ultimando los detalles que en parte afectarán a esta. Uno de ellos y entre los aspectos más demandados es qué pasará con las pensiones y su reforma con una posible revaloración del IPC. Ayuda que, en determinados casos, está exenta en IRPF.

El Banco Central de Reserva del Perú (BCR) considera necesaria una reforma integral del sistema de pensiones en el Perú, porque la mayoría de peruanos no accede a jubilación y en el aumento de población envejecida, señaló el gerente central de Estudios Económicos de esta entidad, Adrián Armas.

La Asociación Mexicana de Afores (Amafore) exige cambiar el artículo que impone topes a las comisiones de las Administradoras de Fondos de Ahorro para el Retiro (Afore) en la reforma de pensiones del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, se reunirá el próximo día 13 de octubre con patronal y sindicatos para abordar la reforma pendiente del sistema de pensiones, según ha desvelado el secretario general de UGT, Pepe Álvarez.

Bankinter ha lanzado una nueva campaña comercial de fin de año de planes de pensiones, que incluye un abono en efectivo de hasta un 4% por traspasos procedentes de otras entidades. También premiará la recurrencia en las aportaciones y la permanencia.

Gobierno y asociaciones representantes de los trabajadores autónomos avanzan con paso firme en la negociación de la reforma del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) en la que el principal cambio que se negociará es la configuración de un sistema de cotización a la Seguridad Social por parte de este colectivo en función de sus ingresos reales. Por un lado, incrementaría en principio la aportación media de este colectivo que en su inmensa mayoría escoge aportar el mínimo exigido a la Seguridad Social pero que por contra mejoraría ciertas prestaciones de estos trabajadores como el cese de actividad o la pensión.

El Gobierno de Pedro Sánchez comienza ya a perfilar la subida fiscal en la que tanto ha insistido desde que accedió a Moncloa. Ni la crisis económica y sanitaria sin precedentes que ha estallado en los últimos meses ha impedido que el Ejecutivo abandone su hoja de ruta de alzas impositivas. Pese a las recomendaciones de expertos, agentes sociales e, incluso, la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, el Gobierno tiene ya en el punto de mira dos sistemas impositivos sobre los que comenzar la escalada tributaria. Las pensiones y los tipos reducidos del IVA serán los primeros.

La mayor caída del Ibex 35 este año frente al resto de plazas europeas penaliza también a los productos de ahorro pensados para la jubilación. Así, mientras Plancaixa Tendencias, un plan global, gana un 2,7% en 2020, Santander Renta Variable España cede un 33,66%.

El Pacto de Toledo estudia la posibilidad de desviar hasta 12.000 millones de euros procedentes de las cotizaciones por desempleo que va a parar al Sepe a los fondos de la Seguridad Social para afrontar futuros gasto en pensiones. Concretamente, el documento sobre el que trabajan los partidos representados en la Comisión parlamentaria encargada de emitir las recomendaciones para la reforma del sistema público, recoge la posibilidad de derivar tres puntos porcentuales de la cotización que realizan los trabajadores al Sepe hacia contingencias comunes, que es la aportación que ingresa la Seguridad Social y con las que se sufragan las pensiones en nuestro país.

El Pacto de Toledo trabaja a marchas forzadas intentando lograr un acuerdo sobre la reforma de pensiones con la mayor prontitud posible, antes de la aprobación de los Presupuestos Generales. Una de las cuestiones que saldrá de las recomendaciones que los partidos presentes en la Comisión eleven al Ministerio de Seguridad Social es el mantenimiento de la jubilación a los 60 años para los funcionarios de clases pasivas (profesores, funcionarios de carrera de la Administración Central, militares de carrera, jueces, fiscales, guardias civiles, policías, etc.) una vez se apruebe la reforma, tal y como habrían acordado tanto PSOE como PP. | Editorial: Régimen privilegiado de jubilación.

PSOE y PP acuerdan dejar fuera de la futura reforma del sistema de pensiones al Régimen Especial de Clases Pasivas, el sistema particular de protección con el que cuentan los funcionarios. No habrá así cambios para esta modalidad de jubilación pese a que lleva años planteando importantes problemas.

El Banco de España ha puesto negro sobre blanco uno de los principales problemas de la Seguridad Social y responsable de buena parte del desequilibrio financiero del sistema encargado de pagar las pensiones en nuestro país: un 40% de los trabajadores españoles se prejubila antes de alcanzar la edad legal de retiro. Un problema que ya ha detectado el Gobierno y que ha situado como un de las principales causas del desequilibrio presupuestario, toda vez implica el cese de las cotizaciones por parte de empleados que se jubilan anticipadamente y que además, en muchas ocasiones, cuentan con elevadas bases de aportación.

El Gobierno se plantea abordar en esta legislatura una reforma del sistema de pensiones que incluya la tantas veces barajada diversificación de las fuentes de ingresos de estas prestaciones. En otras palabras, es cada vez más posible que los gastos no contributivos que ahora soporta la Seguridad Social se trasladen a los Presupuestos Generales del Estado y dejen de ser sufragados por aquella Administración.

El déficit de la Seguridad Social puede tener los días contados, una vez se sustancien en el Pacto de Toledo las recomendaciones que servirán al Gobierno para legislar sobre el sistema público de pensiones. La intención del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, es con la percha de la separación de fuentes de financiación que se recoge en la primera de las recomendaciones para extraer de la Seguridad Social hasta 22.871 millones de euros, equivalentes al 1,6% del PIB en 2023, de gasto no contributivo e impropio. Ello, supondría de facto la eliminación del déficit en el organismo encargado de pagar las pensiones en España y tal y como confirman fuentes de Moncloa a este medio, la idea es desplegar este proceso en el periodo que resta de legislatura.

España cae una posición hasta el puesto 32 con respecto al año pasado entre las principales economías que componen el Índice Global de Jubilación (GRI, por sus siglas en inglés) 2020 publicado este martes por Natixis. La octava edición de este ranking ofrece una instantánea del bienestar y la seguridad financiera de los jubilados en 44 países. Si en los últimos años el frágil equilibrio de las presiones sociales, demográficas, económicas y de salud pública han hecho mella entre los retirados y pensionistas, la pandemia mundial del coronavirus ha inclinado la balanza aún más en su contra.

En pleno debate sobre la eficacia de los incentivos fiscales de los que se benefician los planes de pensiones en nuestro país, y con el telón de fondo de la reforma del sistema público en las postrimerías de la negociación, un informe sobre El marco fiscal de los planes de pensiones elaborado por el Instituto de Estudios Económicos (IEE) arroja luz sobre uno de los problemas que sustancia el debate actual y es que nuestro país aplica la mitad de incentivos fiscales a los planes de pensiones, es decir ahorro privado, que los principales de la UE y la OCDE.

La economía española parece estar echando el freno tras un verano atípico y los rebrotes que comienzan a generalizarse en toda la geografía, y mientras, el gasto público no deja de aumentar, al contrario que ocurre con el consumo de las familias y la inversión empresarial. La tasa de ahorro de los españoles está subiendo a un ritmo muy elevado y el endeudamiento empresarial también lo hace a marchas forzadas.

La sostenibilidad del sistema público de pensiones está en el punto de mira, y se encuentra seriamente comprometida según las proyecciones de gasto para esta partida publicadas este lunes por la AIReF donde se estima que para 2050 el coste anual será del 14,2% del PIB, lo que supondrá un alza de entre 2 y 4 puntos porcentuales del PIB. En este sentido hasta tres vías de actuación ha puesto sobre la mesa la Autoridad Fiscal para abordar reequilibrio del Sistema a través de la separación de fuentes de financiación que elimine los gastos no contributivos e impropios de la Seguridad Social, la profundización en los retoques de las medidas paramétricas abordadas en la reforma del 2011 y lo que se conoce como el trasvase de cotización del Sepe a la Seguridad Social, que supone desviar parte de la aportación por desempleo de los trabajadores a contingencias comunes, de donde sale la financiación para las pensiones.

La evolución de gasto en pensiones en nuestro país mantendrá su senda ascendente una vez que el Pacto de Toledo confirme la intención de vincular permanentemente la revalorización de las pensiones con el IPC y por el propio ciclo de la demografía española y el envejecimiento. Y vistas las dificultades financieras que atraviesa la Seguridad Social para afrontar el incremento de los gastos asociado al shock económico provocado por la pandemia, los economistas recomiendan al Gobierno articular un colchón anticíclico que garantice el pago de las pensiones, la sanidad y la dependencia, -costes asociados al envejecimiento- con una dotación de al menos 56.000 millones de euros en un plazo de 10 años, ante eventuales crisis.

Un ministro hace unas declaraciones públicas en que afirma que se deben adoptar medidas para retrasar la edad efectiva de jubilación como medio para contribuir a equilibrar los costes del sistema de pensiones de la Seguridad Social y la titular de otra cartera le contradice haciendo otras declaraciones, igualmente públicas, en las que afirma que la pronta jubilación de los mayores brinda más oportunidades a los jóvenes en el mercado de trabajo.

Cada vez parece un poco más evidente que la generación que se incorporó al mercado laboral durante la anterior crisis financiera (2007) y las siguientes van a tener un futuro complejo. La generación más preparada, una infancia cómoda, unos padres totalmente entregados (y preocupados) por lograr el bienestar de sus hijos... Todo hacía indicar que esta generación iba a tener un gran porvenir. Sin embargo, las dos crisis más devastadoras desde la Gran Depresión de 1929, el drástico incremento del precio de la vivienda (principal inversión de un hogar) y algunos servicios básicos (educación, sanidad...) y la necesidad de 'mantener' a la vasta generación del 'baby boom' pueden ser fatales y desembocar en un choque de generaciones que divida a la sociedad. Si la tendencia continúa como parece, en algún momento se tendrá que producir un punto de inflexión, ya sea natural o provocado, que resuelva una situación que parece insostenible.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha afirmado que el Pacto de Toledo está "a punto de llegar a un acuerdo" que despeje incertidumbres y permita que las pensiones se vinculen a la evolución del IPC.

El Pacto de Toledo se encuentra en estos momentos en plena recta final para zanjar las recomendaciones para la reforma de las pensiones que serán recogidas por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, para traducirlas en cambios normativos. Uno de los aspecto que está garantizado es la vinculación de la revalorización de las pagas al IPC, y que según ha podido saber elEconomista está garantizado que así será en la nueva reforma a pesar de la coyuntura financiera delicada que atraviesa el Sistema. Sin embargo, esta brida implica una senda de gasto ascendente que amenaza con desbordar la capacidad de la Seguridad Social española, tal y como advertía recientemente el Banco de España. Precisamente, el regulador bancario ha analizado en un documento de perspectivas económicas la implicación de abordar esta senda de incremento de las pensiones, donde asegura que el coste de las pensiones se elevaría en 36.000 millones para 2050.

La sostenibilidad de las pensiones permanece en entredicho pese a los esfuerzos pedagógicos del ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, para tratar de explicar que la situación de asfixia de las cuentas es coyuntural y que se puede resolver el problema del déficit en un plazo de cuatro años si se toman las medidas adecuadas. Buena parte de la recuperación financiera del Sistema se fía a una mejora del comportamiento del mercado laboral que incremente los niveles de ocupación en nuestro país una vez se supere el vendaval de la crisis económica provocada por la pandemia. Ahora bien, el Banco de España advierte que ni en el mejor de los casos, con un fortísimo repunte de la ocupación, se cubriría el déficit de las pensiones, más aún si tenemos en cuenta el efecto del aumento de la esperanza de vida.

La jubilación anticipada se ha colocado en el centro de la diana de la reforma de pensiones en España. El objetivo del ministerio de Seguridad Social que capitanea José Luis Escrivá es el de establecer un marco regulador que incentive el retiro laboral más tardío, una vez alcanzada la edad legal de jubilación, actualmente en 65 años y 10 meses, e incluso permanecer en el trabajo más allá. Sin embargo el Banco de España asegura que los incentivos para estos supuestos de jubilación tardía son "inexistentes".

Los roces entre el ministerio de Trabajo y el de Seguridad Social amenazan con demorar la aprobación de ciertas medidas clave en la preparación de la economía para la recuperación de la crisis provocada por la pandemia, como el acuerdo de ampliación de los Erte hasta el 31 de diciembre. Son públicas ciertas discrepancias entre los ministros de Unidas Podemos y los del PSOE si bien la inmediatez de la puesta en marcha de ciertas políticas que afectan al mercado de trabajo está tensando la cuerda en el seno del Ejecutivo.