Mucho se ha escrito y se escribirá en torno al tema de las pensiones. Sin duda, es atractivo a todos los niveles, pues hay muchas personas que actualmente les afecta o les afectará en el futuro. Casi 9 millones de pensionistas y más de 10,6 millones de pensiones en España dan muestra de su importancia. En la columna de este mes me propongo centrar el debate sobre diversas cuestiones, en mi opinión, de interés.
Los últimos indicadores macroeconómicos adelantados por el Ministerio de Economía -actualizados a julio de 2019- reflejan la caída de ventas de las grandes empresas, el desplome del indicador de confianza industrial, el retroceso de la matriculación de automóviles -pasando del 7,7% a un crecimiento en negativo del menos 11,1 de julio de 2019-, sin olvidar el descenso de la entrada de pedidos industriales y el precipicio de la demanda de electricidad -que encadena cinco meses con tasas negativas-.
La Seguridad Social aplica ya los criterios del Tribunal Constitucional a las solicitudes de jubilación por empleo a tiempo parcial, tras aplicarse . El pleno del máximo órgano judicial estableció que el cálculo de las pensiones para los trabajadores que tenían cotizado años con empleo a tiempo parcial era discriminatorio respecto al trabajo a tiempo completo. El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ha anunciado que va a revisar de oficio 8.500 pensiones con resolución no firme, de las que alrededor de 2.200 pueden incrementarse hasta un 4%.
Llevamos ya algún tiempo leyendo artículos, informes y encuestas en las que se pone continuamente de manifiesto la necesidad de ahorrar para la jubilación, por la duda que suscita si la hucha de las pensiones será sostenible y/o suficiente en el futuro. Pero, además, y de manera algo más reciente, venimos observando que la preocupación por parte de la sociedad española, es cada vez mayor con respecto de este asunto, llegando incluso a impactar en los más jóvenes.
En su último boletín económico, el Banco Central Europeo (BCE) muestra su preocupación por el impacto que las pensiones suponen para el conjunto de la zona euro. Es la parte más elevada del gasto social y está en máximos en muchos países, sobre todo en España, que es el país que mayor proporción del gasto destina a estas prestaciones. Por ello, el ente todavía presidido por Mario Draghi considera que "las pensiones representan la mayor carga para los gobiernos de la zona euro".
O Globo (Brasil)Tras la victoria en la Cámara, la reforma de pensiones va al Senado con ahorros de $933 mil millones. Los expertos dicen que el proyecto de ley debería aprobarse fácilmente en el Senado, sin cambios, lo que evitaría el regreso a la Cámara. La pensión será del 60 por ciento de lo recibido por el trabajador, más el 10 por dependiente adicional. Sim embargo, el texto garantiza el pago de al menos un salario mínimo en los casos en que el beneficiario no tenga otra fuente de ingresos formales, y no se tendrá en cuenta los ingresos obtenidos por el alquiler de bienes inmuebles o los trabajos sin un contrato formal.
La revalorización de las pensiones conforme al IPC estaría en el aire a partir de 2020, puesto que el índice de actualización del 0,25% aprobado por el Gobierno del PP seguiría en vigor y solo un nuevo Ejecutivo con plena capacidad podría derogarlo o modificarlo.
La España vaciada, como se ha venido a denominar a aquellas zonas rurales del país donde el éxodo de la población amenaza con traducirse en el completo abandono de estas regiones y localidades, se ha puesto en el centro del debate político, tal y como se pudo observar en las últimas elecciones generales, donde todos los partidos incluyeron en sus programas medidas para relanzar la actividad económica, y como consecuencia cortar la sangría de pérdida poblacional. La falta de relevo generacional y de sectores productivos de creación de empleo y riqueza hace que cada vez más habitantes de los pueblos abandonen la vida rural para buscar un futuro más próspero en las grandes urbes, con el efecto colateral de que estas zonas vislumbren un futuro oscuro en términos económicos y de subsistencia social.
La normativa del Impuesto Sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) prevé la compensación de los gastos que comporta el sostenimiento y manutención de los hijos. Y ello, tanto en el caso de que los progenitores convivan juntos y hagan frente de forma conjunta a dichos gastos, como si no lo hacen. Pero, ¿a qué deducciones tienen derecho los padres en cada caso? ¿Cómo integrar, además, la sentencia del Tribunal Constitucional de 15 de febrero de 2012, que consideró inconstitucional el requisito de convivencia a la hora de permitir a los contribuyentes aplicar en su declaración el mínimo por descendientes?
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