pensiones

El Gobierno ha iniciado ya los primeros pasos de la reforma de pensiones que se ha acordado recientemente en el Pacto de Toledo. La primera piedra la ha puesto el Ejecutivo en el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado, donde se prevé una transferencia de 12.000 millones de euros del Estado a la Seguridad Social, que servirá para sufragar parte de los denominados como gastos impropios del sistema (los de naturaleza no contributiva) y que en el agregado de gastos de la Seguridad Social suponen una parte del déficit anual -de 18.000 millones de euros en los últimos años y que ascenderá a 25.000 millones de euros en 2020 por el impacto de la pandemia-.

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha afirmado este miércoles que el Gobierno está estudiando distintas posibilidades para incentivar el retraso de la jubilación más allá de la edad legal de retiro. En España la edad efectiva de jubilación apenas supera los 62 años, mientras que la edad legal está en los 65 años y llegará a los 67 años en 2027.

Uno de los puntos de la reforma de pensiones que necesitará de un periodo de estudio sobre los cambios a introducir una vez que esta eche a andar es el de las pagas de muerte y supervivencia, principalmente las pensiones de viudedad, y su necesaria adaptación a la realidad social del momento, donde las necesidades para las que se concibió esta prestación han cambiado. En este sentido, el Pacto de Toledo aboga por una revisión "íntegra" de esta prestación para su adecuación, donde el principal cambio vendría en el método de cálculo de la pensión, que quedaría condicionado a la situación financiera de la unidad familiar en la que conviva el beneficiario de la paga. Además, se plantea que otros factores como la edad o las cargas familiares también se tengan en cuenta a la hora de calcular la cuantía de la prestación.

En el corto plazo, la economía española va a sufrir una recesión muy dura. El PIB per cápita podría retroceder a niveles de 2015 si la economía cae finalmente más de un 10% este año, algo que parece bastante probable a día de hoy. Tras el temporal, quizá vengan dos o tres años, en el mejor de los casos, de un crecimiento por encima de la tendencia por el efecto rebote de esta recesión. Sin embargo, en el largo plazo la situación puede ser bastante compleja, protagonizada por décadas de crecimiento muy bajo o cero en el peor de los casos.

Los Presupuestos aprobados el martes por el Consejo de Ministros reducen de 8.000 a 2.000 euros las aportaciones exentas de tributación en los planes de pensiones privados, una medida que para Inverco y Unespa, las asociaciones profesionales de las firmas de inversion y de seguros, "no va a conseguir los efectos deseados" y, en cambio, "va a perjudicar el desarrollo de la previsión social complementaria en España", según señalan en un comunicado ambas entidades, que propugnan eliminar este límite anual y sustituirlo por uno global de aportaciones acumuladas a lo largo de la vida laboral, de tal forma que "se pueda generar ahorro para la jubilación en función de la situación de cada trabajador durante su trayectoria sociolaboral".

La Comisión de seguimiento y evaluación del Pacto de Toledo ha aprobado este martes la renovación de sus recomendaciones acordadas finalmente la semana pasada, que serán elevadas al Pleno del Congreso, donde tendrán que someterse a una nueva votación, junto a los votos particulares que decidan presentar los grupos.

Muchos españoles desconocen las características de los planes de pensiones, a pesar de que les pueden ayudar a ahorrar hasta 3.600 euros al año en impuestos. En general, solemos pensar en estos productos como una inversión a muy largo plazo; no olvidemos que están pensados para ahorrar de cara a la jubilación. Sin embargo, la realidad es que las aportaciones se pueden retirar al cabo de 10 años, un derecho que podrá ejercerse a partir de 2025. Visto de otro modo, los planes nos permiten adentrarnos en el mundo de la inversión con un horizonte temporal a medio o largo plazo.

El Gobierno hará finalmente efectiva una subida de los sueldos de los funcionarios del 0,9% en 2021, una cuantía que también aplicará a las pensiones.

Que después de cuatro años, se supone que de trabajo, sus señorías miembros de la Comisión del Pacto de Toledo no hayan podido alumbrar otra cosa que ese documento de preacuerdo con que nos sorprendían la semana pasada sólo puede significar una alarmante falta de ideas, incapacidad para innovar o que a la hora de reformar y legislar pesa más la repercusión electoral -son 9,7 millones los votos de los pensionistas- que el habilitar soluciones imaginativas, eficaces y sostenibles para uno de los mayores problemas que debe encarar este país.

Unicaja Banco ha lanzado una nueva campaña de planes de pensiones, coincidiendo con el tradicional aumento a finales de año de la demanda de este tipo de productos financieros. Como novedad, se bonifican con un 6% las nuevas aportaciones periódicas que realicen los clientes, cumpliendo en cada caso con un compromiso de permanencia.

El Instituto BBVA de Pensiones, a través de dos miembros de su Foro de Expertos, José Antonio Herce y Elisa Chuliá, advierte en un informe de que para tener pensiones "sostenibles, suficientes y equitativas" se necesitan unos "pilares robustos" de previsión social pública y complementaria.

El Pacto de Toledo ha llegado este viernes a un acuerdo para la reforma del sistema público de pensiones en España tras cuatro años de duras negociaciones sobre cómo revertir la situación financiera que afronta la Seguridad Social con un déficit estructural y una senda de gasto ascendente que compromete la sostenibilidad a futuro del Sistema. El anterior pacto alcanzado en esta Comisión para reformar las pensiones se dio hace ya 9 años con el PSOE en el Gobierno.

La próxima semana debería dar luz a los Presupuestos para el próximo ejercicio, después de dos años de intentos fallidos. Poco se conoce, sin embargo, sobre qué medidas contendrá. La feroz lucha entre Iglesias y Calviño mantiene en vilo hasta el último minuto al Gobierno. La vicepresidenta ha encontrado una fiel escudera en la titular de Hacienda, María Jesús Montero, a la que últimamente se sumó el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, en la defensa de sus posiciones.

Se han necesitado nueve años y más de cuatro de duras negociaciones, para que la Comisión del Pacto de Toledo llegara por fin el viernes a un acuerdo sobre el borrador de propuestas para reformar el sistema público de pensiones.

El Pacto de Toledo ultima las reuniones para sacar adelante las recomendaciones para la reforma de pensiones, aunque aún quedan flecos por resolver que podrían dar al traste con la negociación. Según ha podido saber elEconomista, el PP supeditará, en el próximo encuentro, el acuerdo definitivo para la reforma de pensiones a un consenso en la mesa de diálogo social sobre la reforma del régimen especial de trabajadores autónomos (Reta).

Se rompe la máxima de que los españoles siempre dejan para el último momento su aportación al plan de pensiones. Por primera vez desde 2008, estos vehículos de ahorro han conseguido entradas netas de dinero entre julio y septiembre, y también en el acumulado de los nueve primeros meses del año. Un cambio de tendencia que se produce justo cuando el Gobierno perfila una reforma que baraja eliminar la ventaja fiscal de los planes de pensiones, con la que el inversor puede desgravarse las aportaciones realizadas por un máximo de 8.000 euros en su declaración. Pero también cuando la incertidumbre que rodea a la economía española es máxima a medida que crecen los rebrotes.

El Pacto de Toledo, en las postrimerías de la negociación para alumbrar las recomendaciones de la reforma del sistema público de pensiones, no solicitará al Gobierno una revisión de las cotizaciones para los trabajadores del régimen general de asalariados. Ello implica de facto que, en este momento no abogan por tocar las cotizaciones de estos asalariados, tanto de rentas altas como de rentas bajas y medias. Algo que sí ocurrirá para el régimen especial de trabajadores autónomos (Reta), donde sí que se solicitará dar un paso más hacia la convergencia de regímenes de la Seguridad Social, articulando un sistema de aportaciones en base a los ingresos reales. Esta decisión de salvar a los asalariados de una eventual subida de las cotizaciones tiene sentido en el actual contexto de crisis económica, donde puede ser contraproducente el aumento de los costes para la contratación, pero también tapona por el momento una de las vías para aumentar los ingresos, las cotizaciones sociales, que caerán un 2,5% en 2020.

Las cotizaciones efectuadas por un jubilado parcial, durante el periodo en que se encuentra en situación de contrato de relevo, deben computarse con arreglo al 100% del salario que le habría correspondido si hubiese trabajado a tiempo completo, una vez que pase a la jubilación completa, según lo determina el Tribunal Supremo, en sentencia del 1 de octubre de 2020.

Si en España el debate sobre la sostenibilidad de las pensiones ya estaba sobre la mesa durante los últimos años, ahora con la crisis desatada por el Covid-19 ha cobrado aún más importancia. No son pocas las voces que alertan sobre las dificultades que tendrán las generaciones futuras para poder disfrutar en la jubilación de los ingresos procedentes de la pensión pública.

Con el Pacto de Toledo al borde del acuerdo para las recomendaciones de la reforma de pensiones, habrá algunas cuestiones que eleve la Comisión que deberán someterse a examen durante los próximos meses, como la despenalización de las carreras de cotización de 40 años o más. Concretamente, los partidos políticos impondrán un plazo de tres meses al Gabinete de José Luis Escrivá para analizar el impacto presupuestario que supondría abrir la puerta para la entrada en el sistema de jubilaciones de estos trabajadores con largas vidas laborales. Si bien, los expertos consultados por elEconomista ya advierten de que una medida en este sentido a las bravas, que inicie una sangría de prejubilaciones, supondría un estocazo a la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones, que ya carga cada año con un déficit de 18.000 millones de euros y que este año se irá a los 25.000 millones por el impacto de la pandemia.

El patrimonio medio acumulado por partícipe en la comunidad se sitúa en 12.959 euros, cifra que se halla por encima de la media nacional.

A Dios Rogando y con el mazo dando. Así van Pedro Sánchez y su gobierno por Europa, implorando que nos manden cuanto antes los dineros del Fondo de Reconstrucción mientras se empeñan en intentar desmoronar los fundamentos del Estado de Derecho anulando la independencia de los jueces, al tiempo que infringen todas las condiciones, recomendaciones y orientaciones económicas que se dictan desde los órganos de gobierno de la UE y por la mayoría de los Estados miembros.

El Gobierno apuró los plazos para cumplir con la obligación de enviar a Bruselas su plan presupuestario para 2021, aunque no estén aprobadas aún las Cuentas, para que la Comisión lo corrija. Sin embargo, no será fácil que el Ejecutivo comunitario lleve a cabo esa tarea, debido a la total oscuridad en que están sumidas tanto las previsiones sobre ingresos fiscales como, lo que es más grave, las que se refieren al gasto público.

La revalorización de las pensiones en 2021 con el IPC (0,9%, según estima el Gobierno) tendrá un coste de 1.439 millones de euros, de acuerdo con las previsiones que realiza el Ejecutivo en el Plan Presupuestario remitido a Bruselas.

No es un año fácil de mercado. La crisis sanitaria derivada del Covid-19 ha teñido el marcador de rojo de muchos activos, lo que ha afectado, también, a las rentabilidades que acumulaban los planes de pensiones. Hasta agosto, los del sistema individual perdían de media un 0,9% en el último año. A cierre de septiembre, las pérdidas se han ampliado hasta el 2,3% en el mismo periodo. Es más de lo que se dejan otros vehículos de ahorro, como son los fondos de inversión, que se apuntan números rojos del 1,62%.

El Gobierno remite este jueves a Bruselas el Plan Presupuestario de 2021, en el que se recoge una revalorización de las pensiones públicas del 0,9% en 2021, en línea con el incremento aplicado ya este año y lo que permitiría asegurar el poder adquisitivo del colectivo de pensionistas. Con esta revalorización, el Ejecutivo asumirá un gasto de unos 1.400 millones de euros en la revalorización de las pagas del próximo año.

Bankia abonará con hasta un 5% las aportaciones y los traspasos procedentes de otras entidades a sus planes de pensiones durante la campaña de pensiones, que permanecerá vigente hasta final de año.

Mientras la selección peruana jugaba contra Brasil, la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso aprobó el dictamen que permite a afiliados de las AFP retirar hasta 4 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalente a 17 200 soles de sus fondos de pensiones.

Una realidad perversa del sistema de pensiones español se da a raíz del modelo de jubilación anticipada, que según el reglaje de porcentajes de penalización por cada año que se adelanta el retiro resulta en su cómputo final más ventajoso para las rentas altas y más gravoso para las más bajas. Ahora, como ya adelantó elEconomista y ya ha anunciado el ministro de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social, José Luis Escrivá, en sus últimas comparecencias, la intención es la de establecer un marco que por un lado incentive la permanencia en el puesto de trabajo más allá de la edad legal al tiempo que haya desincentivos para adelantar ese retiro.

El Pacto de Toledo se encuentra negociando los términos de la reforma del sistema público de pensiones, donde se espera que se propongan cambios en el actual sistema de pensiones de viudedad. En una recomendación que los partidos ya emitieron en 2011 se prevé un mayor incremento de estas pensiones en su base reguladora para aumentar la suficiencia de estas pagas. Pero en los últimos análisis sobre la pensión de viudedad los partidos estudian una progresiva conversión de estas pagas hacia modelo asistencial y no vitalicio de la pensión, por la transformación de las carreras de cotización, que actualmente son mayores tanto para hombres como mujeres -por lo que están generando derechos propios para la jubilación-. Pero otra vuelta que se le podría dar a esta prestación es la posibilidad de acceder a ella a las parejas de hecho, sin necesidad de haber formalizado el matrimonio previamente.