En pleno cisma por la crisis financiera que atraviesa la Seguridad Social, órgano encargado de pagar las pensiones en nuestro país y que se encuentra sumido en un déficit estructural que ronda los 18.000 millones de euros, la ampliación de las fuentes de financiación para hacer frente a la abultada nómina mensual de pensiones de 9,6 millones de personas supone un elemento crucial en el debate de la futura reforma del Sistema que habrá de diseñar, ya en su tercer año de vigencia, el Pacto de Toledo.
Suele aseverarse, sin matización, que el español no ahorra. Sin embargo, la afirmación no es cierta. El español sí que ahorra. Ahora bien, su opción preferida es la vivienda. Así lo corroboran los datos del informe de Inverco sobre el ahorro de las familias españolas. En el año 2015, último con datos disponibles, en España el número de personas con vivienda en propiedad se situaba en el 78,2%, de los cuales el 31,2% estaba pagando una hipoteca. En este sentido, España comparte con otros países el gusto por la inversión en vivienda propia como Noruega o Grecia, donde la ratio población/ vivienda en propiedad es superior al 75%.
Las pensiones son uno de los debates sociales más candentes, y lejos de apagarse irá ganando fuerza a medida que aumente la proporción de población jubilada sobre la activa. Esta misma semana, miles de pensionistas han llegado al Congreso en Madrid para reclamar que las pensiones aumenten con el IPC pase lo que pase en la economía, una batalla que por ahora solo tiene un bando (los jubilados), pero que en el futuro podría degenerar en una guerra entre generaciones, los que reciben la pensión y los que tienen que financiarla (así funcionan los sistemas de reparto como el español).
La ministra de Trabajo en funciones, Magdalena Valerio, calcula que se tendrán que utilizar unos 3.500 millones del fondo de reserva de la Seguridad Social para poder abonar la paga extra de Navidad a los más de nueve millones de pensionistas.
Pensionistas procedentes de diversos puntos de España se han concentrado este miércoles ante al Congreso de los Diputados para exigir que se blinden las pensiones en la Constitución y su revalorización conforme al IPC.
El "blindaje" de las pensiones en la Constitución vuelve a estar sobre la mesa. En una búsqueda del apoyo de Unidas Podemos para poder ser investido presidente del Gobierno, Pedro Sánchez presentó la semana pasada su propuesta "para un programa común progresista". Un documento compuesto de 370 medidas, entre las que se encuentra el "blindaje en la Constitución del Sistema Público de Pensiones" (es la medida número 28). Se trata de un viejo debate que nunca termina de afrontarse en la política española, debido a la complejidad que conlleva reformar la Carta Magna, pero que cada vez coge más peso por las protestas de los pensionistas y ante la evidente fatiga del sistema. Mientras unos alegan que el derecho ya está recogido en el artículo 50 del Texto Fundamental, otros defienden que no es suficiente, sino que debe recogerse como un derecho fundamental. ¿Qué implicaría ese hipotético cambio constitucional? Probablemente, poco (o nada).
La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en funciones, Magdalena Valerio, ha señalado que en el diálogo social se podría debatir algún tipo de "tarifa plana" para aquellos autónomos que "sobrecotizan" teniendo rendimientos "bajísimos".
Los pensionistas no perderán poder adquisitivo en el bienio 2019-2020. De hecho, la subida de las pensiones será superior al IPC previsto en el conjunto de los dos años. Con el compromiso del Gobierno, enviado a Bruselas en el marco del Plan Presupuestario para 2020, de revalorizar las pensiones un 0,9% el año que viene, además, se disipan las dudas sobre qué pasaría en 2020, cuando -en ausencia de nuevas medidas- estaba servida la vuelta del IRP (índice de revalorización de las pensiones) sellado en la reforma de 2013, que remitía a un alza del 0,25%.
El plan presupuestario remitido por el Gobierno a Bruselas recoge la revalorización de las pensiones del 0,9% en 2020 con el objetivo de mantener el poder adquisitivo de los pensionistas y el incremento pactado del sueldo de los funcionarios de un 2%. Todo ello a pesar de la rebaja de previsiones de crecimiento, al 2,1% este año.
Por Efrén FloresLa población de adultos mayores en México es cada vez mayor, y a la par que la sociedad envejece, la problemática de las pensiones se ensancha. De acuerdo con las cifras del Gobierno federal, un mexicano promedio tendrá que trabajar entre 189 y 374 años para garantizarse una pensión digna.
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