Las cesiones de Sánchez a Junts salvan las ayudas del decreto antiinflación

El Gobierno de Pedro Sánchez consigue salvar el decreto de Justicia y las medidas anticrisis tras de perder la aplicación los subsidios del paro por los votos en contra del partido de Ione Belarra. Por lo tanto, las disposiciones del decreto, que abarcan la reducción del IVA en ciertos alimentos fundamentales, la disminución del IVA al 10% para el gas y la electricidad (aunque en este último caso se aumenta desde el 5% establecido por el Gobierno en 2023) y otros descuentos fiscales en el sector energético, salvan la situación después de la segunda votación, provocada tras un error en el sistema de votación del Senado que resultó en un empate tras el primer recuento con 171 votos a favor y 171 en contra.

El Gobierno aseguró en primera instancia las medidas en materia de Justicia. Según informó la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, el decreto con medidas en materia de Justicia y para recibir el cuarto pago de los fondos europeos recibió 343 votos parlamentarios de los que fueron 172 favorables y 171 en contra, de manera que quedó convalidado por el Congreso. Además, después se aprobó su tramitación como proyecto de ley.

En el decreto de Justicia y Función Pública, se incluían cambios reclamados desde Europa para desbloquear un nuevo ingreso de 10.000 millones de euros de fondos europeos; esto incluye una reforma en el funcionamiento y digitalización de la justicia, la organización del trabajo de los funcionarios y el mecenazgo.

El Gobierno consiguió aprobar adelante también las medidas anticrisis debido a su acuerdo con Junts, que ha anunciado que se ha abstenido en las votaciones tras negociar con el Gobierno la transferencia de las competencias de inmigración a la Generalitat. Además, el PSOE ha acordado rebajar el IVA del aceite al 0%, multiplicar por 5 los fondos destinados a la digitalización de la Justicia, retirar la reforma del PP de 2017 que facilitaba la marcha de las empresas de Cataluña, suprimir el artículo que, según Junts, ponía en peligro la amnistía y que el Estado asuma todo el coste de la rebaja del transporte público, hasta ahora compartido con las autonomías y ayuntamientos. En el acuerdo también se incluye la supresión del artículo 43 Bis de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que amenaza la viabilidad de la futura ley de amnistía.

Este último artículo recoge que el Real Decreto-ley también trae cambios sobre el planteamiento de una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). El tribunal podrá plantearla en cualquier fase del procedimiento, lo que llevará a la suspensión del mismo. Además, un tribunal también podrá suspender un procedimiento si cualquier Estado miembro presenta ante el TJUE una cuestión vinculada con el objeto del litigio español. De esta forma los jueces españoles podrán aplicar la amnistía a pesar de que el TJUE esté mirando el tema y no tendrán que esperar a la sentencia del TJUE.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, fue quién asumió la defensa de la normativa relativa a las medidas antiinflación, resaltando su carácter "necesario". Hizo hincapié en que votar en contra implicaría una reducción en las pensiones, un aumento en la factura de la luz y privaría a los ciudadanos de descuentos en el transporte público. Calculó en 3.800 millones de euros el gasto público movilizado por este decreto, y elevó a 47.000 millones la cantidad total de ayudas impulsadas desde el inicio de la Guerra en Ucrania. Además, señaló un gasto adicional de 8.280 millones de euros relacionados con el aumento de las pensiones en el nuevo año.

Bolaños utilizó su intervención para ejercer presión sobre los demás grupos parlamentarios, advirtiendo que su voto tendría "consecuencias importantes". Argumentó que rechazar la norma resultaría en un aumento en el costo de la cesta de la compra, afectando la posibilidad de llenar el frigorífico en algunos hogares del país. El ministro de Justicia subrayó que en la votación no solo se trata de convalidar el real decreto, sino también de respaldar una política que favorece el crecimiento económico con empleo y, en última instancia, fortalece la calidad de vida de la ciudadanía.

El Gobierno incluyó en esta norma el aumento de las pensiones contributivas en un 3,8%, así como incrementos en las pensiones mínimas, no contributivas y del Ingreso Mínimo Vital (IMV), que se elevará en un 6,9%. También se contempló la extensión de la regulación actual para la jubilación parcial con contrato de relevo en la industria manufacturera hasta el 31 de diciembre de 2024.

Del mismo modo, se mantendrían los descuentos en el transporte público, que abarcan la gratuidad para usuarios habituales de servicios como Cercanías, Rodalies, Media Distancia y líneas estatales de autobús, junto con los descuentos en el servicio Avant, además de las reducciones complementadas por las comunidades autónomas en los transportes urbanos. También se incluye la suspensión de los desahucios y lanzamientos para hogares vulnerables, incluyendo aquellos afectados por procesos de desalojo de vivienda habitual que no estén vinculados a contratos de alquiler, siempre y cuando haya personas dependientes involucradas.

Finalmente, la votación se saldó con 172 votos a favor y 171 en contra, con las 7 abstenciones de Junts per Catalunya.

Error de Pisarello

El decreto ley anticrisis, que incluye las ayudas al transporte y la reducción del IVA en alimentos, luz y gas, quedó en espera de una segunda votación debido a un empate causado por un error en el bloque del Gobierno. Según fuentes parlamentarias, el diputado de En Comú, Gerardo Pisarello, tuvo dificultades para confirmar su voto telemático y este no quedó registrado. Como resultado, se produjo un empate entre los 171 diputados de la oposición y los 171 de PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNV, Podemos, BNG y CC.

Podemos evita que se aprueben los subsidios

Podemos se desmarcó del bloque de investidura al bloquear la aprobación, junto con el PP, Vox y UPN, del decreto que recoge la reforma de los subsidios por desempleo propuesta por el Ministerio de Trabajo, de la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz, y el Ministerio de Economía, durante la gestión de Nadia Calviño. Con esta decisión, el resultado final fue de 176 votos en contra por los 167 a favor de PSOE, ERC, Bildu, PNV, BNG y Coalición Canaria.

El partido de Ione Belarra, expresó su preocupación por los "recortes" que afectan a las personas mayores de 52 años que reciben el subsidio de desempleo. Además, criticó la falta de voluntad de negociación del Gobierno que, según la diputada Noemí Santana, "no ha tenido voluntad de sentarse y cambiar aquello que puede ser muy mejorable". "Desde Podemos estamos deseando votar a favor de este decreto. Les pedimos que escuchen, que negocien y que tengamos su compromiso por escrito de que este recorte se va a retirar del decreto", dijo la canaria.

El decreto establece, entre otros puntos, que para las personas mayores de 52 años, el subsidio se mantenga en el 80% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem) o 480 euros. Además, se contempla una reducción progresiva de la base de cotización para la jubilación: será del 120% en 2024; del 115% en 2025; del 110% en 2026 y del 105% en 2027. En caso de que la ayuda se otorgue antes del 1 de junio de 2024, la base de cotización permanecerá en el 125%.

Fiasco tras un año en preparación

Esta normativa, según las voces del Ministerio de Trabajo, está lista desde hace más de un año a la espera de un visto bueno por parte de la cartera de Economía. Esto se convirtió en una guerra interna en el seno del recién formado Ejecutivo, que tuvo que terminar con cesiones de unos y de otros. Tras la negociación, el Ministerio de Trabajo no pudo cerrar ningún acuerdo con los agentes sociales debido a la prisa por intentar sacar el decreto lo antes posible, sin éxito final.

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