Bruselas
El año arranca con múltiples frentes abiertos para el Gobierno. Esta semana se enfrenta a su primera prueba de fuego. La capacidad del Ejecutivo para encontrar los apoyos con lo que respaldar el decreto omnibus, que incluye la reforma del subsidio por desempleo, determinará el cuarto pago del plan de Recuperación. Dotado de 10.000 millones de euros, el cuarto tramo de fondos Next Generation depende, ahora, del voto en el Congreso de Podemos que rechaza el subsidio por desempleo, por un lado, y de la formación independentista Junts, por otro, reacio al decreto omnibus y la extensión de medidas anticrisis.
Pocos días antes de Navidad el Gobierno remitió a Bruselas la cuarta solicitud de pago del plan de Recuperación. Un tramo de 10.021 millones de euros en ayudas cuya petición estaba prevista para el primer semestre del 2023. La reforma del subsidio por desempleo, aprobada por el Gobierno en diciembre, era uno de los puntos pendientes de cumplir para pedir este desembolso. Pero el llamado decreto ómnibus incluye, también, otras reformas de este cuarto tramo del Plan de Recuperación en ámbitos como justicia, función pública, régimen local y mecenazgo.
De no convalidarse el decreto-ley el miércoles en el Congreso de los Diputados, el Gobierno no podrá justificar ante Bruselas que se han cumplido todos los hitos y objetivos del cuarto tramo del Plan de Recuperación. En caso de que no contar con los apoyos necesarios y de que las medidas no salgan adelante, la Comisión Europea podría aplicar un pago parcial. Es la fórmula que ha puesto en marcha para supuestos en los que no se hayan cumplido todos los hitos y objetivos requeridos para la entrega de fondos. La misma fórmula que se aplicó a Italia y a Lituania en un intento de darles tiempo para cumplir.
En este caso, se podría ver comprometida la ayuda para la digitalización de las pymes, parte de la contribución al Perte del Vehículo Eléctrico o las inversiones destinadas a proyectos de I+D+i. En este cuarto tramo se incluyen también la inversión para municipios en movilidad sostenible y los planes de acción urbana, así como la financiación para la digitalización de los regadíos o para las nuevas plazas de Formación Profesional. La Comisión Europea cuenta con dos meses para evaluar este cuarto pago, desde que se pidió en diciembre.
Dos frentes
Será, en todo caso, una semana clave en términos de apoyos. La reforma del subsidio de paro es una de las reformas comprometidas por España ante la Comisión Europea. Se requiere la ampliación y mejora de la cobertura. Podemos anunció este fin de semana que valora votar en contra de la medida. El real decreto ley, que se someterá a la convalidación del Congreso de los Diputados el miércoles, conlleva un recorte en las futuras pensiones de jubilación de los mayores de 52 años, según la formación morada.
Podemos considera de "máxima gravedad" la decisión del Gobierno de reducir la base de cotización de los beneficiarios del subsidio, lo que implicará un recorte en las pensiones de jubilación. Concretamente, el decreto aprobado el 19 de diciembre conserva la ayuda en el 80% del Iprem para mayores de 52 años pero rebaja, de forma progresiva la base de cotización para la jubilación: del 120% en 2024 al 115% en 2025, al 110% en 2026 y 105% en 2027. En caso de que dicha ayuda se conceda antes de junio de este año, la base de cotización se mantendrá en el 125%.
El otro frente para el Gobierno lo ha abierto Junts. La formación independentista catalana ha manifestado su rechazo a la extensión de las medidas anticrisis y al decreto ómnibus. Este último incluye reformas relevantes en materia de justicia. También abarca la reforma de la Administración Pública, que introduce por primera vez un sistema de evaluación de la productividad y el rendimiento de los funcionarios que irá ligado a la destitución del empleo de su puesto y la Ley del Mecenazgo que incrementa los beneficios fiscales de las asociaciones sin ánimo de lucro y sus inversores o la reforma del Régimen Local.
Concretamente, la polémica con Junts radica en la sección del decreto que propone cambios en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que fija la suspensión de un procedimiento cuando los tribunales se remitan al Tribunal de Justicia de la UE. Un proceso que los catalanes juzgan que podría paralizar la ley de amnistía y ante el cual el PNV también manifestó su preocupación. Los independentistas creen que el decreto hace peligrar la aplicación de la amnistía e "invade competencias" de la Generalitat.
El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, defendió que la postura de los independentistas catalanes se debe a un "malentendido" y se mostró confiado en la aprobación del decreto en la primera sesión plenaria del Congreso de 2024.
Extensión de medidas anticrisis
Junts también se opone a otros dos decretos q se someterán a votación este miércoles: extensión de las medidas anticrisis y la conciliación de la vida profesional y personal. Concretamente, en relación al decreto anticrisis, el partido de Puigdemont pide que el texto sea acordado y negociado con ellos. Podemos se suma al rechazo y exige incluir en esta norma un nuevo tope a la subida de los contratos de alquiler de un 2% y topar el margen de los supermercados.
