Editorial
La octava ley educativa de la historia democrática española echó a andar esta semana con su aprobación en el Congreso. La votación en la Cámara, ganada por ajustada mayoría, obliga a lamentar que vuelva a legislarse en nuestro país sobre el que es el pilar fundamental del desarrollo social y económico sin contar con un amplio apoyo. Pero la falta de consenso no es la única de las graves deficiencias de la Lomloe. El Gobierno aseguró que su propósito era revertir el daño a la igualdad de oportunidades que atribuyó a la Ley Wert.
