Editorial
El Constitucional estima parcialmente el recurso que el PP presentó contra el real decreto que el Gobierno aporobó en marzo para hacer más accesible el alquiler residencial. En particular, queda anulada la medida con la que el antiguo Ministerio de Fomento buscaba adjudicar suelo de titularidad estatal a fondos privados, para que gestionen 20.000 viviendas de arrendamiento asequible durante 50 años. A priori, se trataba de una medida que contaba con importantes garantías a su favor. De hecho, la fórmula de combinar titularidad pública con gestión privada de vivienda ya ha sido ensayada durante décadas en otros niveles de la Administración, especialmente el municipal. Además, se asemeja al protocolo de concesiones que se utiliza con éxito en el ámbito de las infraestructuras, por ejemplo, en las autopistas. Por todo ello, cabe aún la duda sobre si el Constitucional ha cerrado por completo la puerta a esta medida o cabe la posibilidad de que el Gobierno la salve con la reformulación de algunos de sus aspectos.
