
El Consejo de Ministros aprueba la nueva convocatoria de empleo público del año 2025. En concreto, anuncia 36.588 vacantes, de las que 26.889 son para la Administración General del Estado. La cifra total es un 14,54% menor que la propia del pasado año y una de las más bajas de los últimos años, lo que ha provocado que el Gobierno no haya logrado el apoyo de los sindicatos. Pero la caída respecto a 2024 no quiere decir que el Ejecutivo prescinda de su estrategia de impulsar el volumen de funcionarios, ya que le sirve de argumento en su discurso triunfalista sobre la recuperación del empleo. De hecho, la era de Pedro Sánchez en Moncloa se salda hasta el momento con un total de 276.460 ofertas de empleo público. Una cifra que más que cuadruplica el total de plazas acumuladas bajo el mandato de Mariano Rajoy. Es cierto que durante el periodo de mandato de Sánchez se han lanzado ya ocho Ofertas de Empleo Público por las seis del presidente del PP.
Pero también es verdad que el propio Ejecutivo se jacta de haber triplicado el ritmo de creación de plazas de funcionarios de los años de Rajoy. Queda así patente el exagerado impulso que al empleo público está dando el actual Gobierno. Un alza de funcionarios que evidencia hasta qué punto el Ejecutivo no ha sido capaz de canalizar el notable crecimiento económico de los últimos años y los fondos europeos hacia la digitalización de la Administración a fin de reducir los efectivos públicos o en favor de la economía productiva. Lo demuestra que la plantilla de las administraciones (incluidas las autonómicas y locales) crezcan ya seis veces más que en las empresas en los últimos años. Una brecha que ahonda aún más el grave problema de la baja productividad en un país que ostenta la mayor tasa de paro de la Unión Europea.