Alcalá de Henares solicita al Gobierno el cierre del centro de migrantes tras la violación de una joven

El Pleno del Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha aprobado este martes -con los votos de PP y Vox- solicitar al Gobierno de España el cierre del Centro de Atención, Emergencia y Derivación (CAED) instalado en la ciudad complutense en el año 2023.

Durante el debate de este punto en el orden del día, presentado por el Grupo Municipal Popular, también se ha aprobado la reprobación del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín. En la sala, varios asistentes han mostrado pancartas en apoyo a los usuarios del centro, con mensajes como "cierre al odio" o "no al racismo".

Esta votación se produce después de la violación que sufrió una joven en las inmediaciones del CAED el pasado 28 de mayo, cometida presuntamente por un usuario del centro, ya detenido. Tras este suceso, se han producido varias concentraciones -no autorizadas por la Delegación-.

El CAED en el cuartel militar Primo de Rivera se puso en marcha en noviembre de 2023, alojando a 264 inmigrantes procedentes de Canarias por orden del Ministerio de Migraciones. Inicialmente, el Ministerio habilitó 1.134 plazas, pero éstas se fueron incrementando en contra del Partido Popular.

Desde su puesta en marcha, Piquet denunció "una deslealtad institucional" por parte del Gobierno central y del delegado de Gobierno al asegurar que el centro debía ser temporal y que incremento de plazas no había sido planificado.

La principal polémica tuvo lugar en enero de 2024 cuando la alcaldesa vinculó unas denuncias de agresión sexual con internos de este centro de acogida, unas declaraciones que también recogió la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso. Tras ello, el delegado de Gobierno negó que se investigara a ninguno de los inmigrantes del CAED por dichos hechos.

Seguidamente y para responder a Martín, el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, publicó en la red social X un documento policial que recogía una de las denuncias y que exponía que el supuesto agresor era una persona de raza negra.

Un Juzgado de Alcalá abrió entonces una investigación a la alcaldesa por un supuesto delito de infidelidad en la custodia de documentos en relación a la supuesta filtración que se produjo entonces del citado atestado policial relativo a las mencionadas denuncias. El procedimiento judicial sigue aún su curso al estar en plena instrucción.