Universitarios, víctimas de la gestión del ‘Govern’

Los estudiantes catalanes ya alertaron en julio y agosto de los enormes problemas que tenían para ser aceptados por universidades situadas fuera de Cataluña. El motivo fue el retraso con el que la Generalitat publicó los resultados de las pruebas de acceso a la universidad (PAU). En concreto, la Consejería de Empresa y Conocimiento publicó los datos el 27 de julio, diez días más tarde de la fecha marcada por el Gobierno y tras finalizar por tres días el plazo de preinscripción en las universidades españolas. Entonces, el consejero Ramón Tremosa atribuyó a la “necesidad de proteger a los alumnos” la demora. Pero fuentes del Govern desvelan que “el colapso y la mala gestión de la pandemia” fue lo que originó el retraso que ha impedido a muchos alumnos acceder a centros situados fuera de Cataluña. A pesar de ello, Tremosa reconoce que el Govern desconoce el número de estudiantes que hay preinscritos en centros fuera de la región. “Es inadmisible que tras convertir a los alumnos en víctimas, la Generalitat muestre un total desinterés por seguir este caso”, dicen desde un sindicato estudiantil.

La tramitación express de la reforma educativa

El manejo de los tiempos que realiza este Gobierno es cuanto menos llamativo. Existen medidas que acumulan meses e incluso años de retraso, como el nombramiento de un presidente no interino en RTVE que sustituya a Rosa María Mateo, y otras que van a toda velocidad a pesar del coronavirus, las críticas y la falta de consenso. Es el caso de la Ley de Educación, impulsada por la ministra del ramo Isabel Celaá. De ahí que a esta reforma llamada a sustituir a la Lomce se la conozca como Ley Celaá. Pues bien, se comenta que el Ejecutivo pretende liquidar en solo cinco sesiones en el Congreso las más de 1.100 enmiendas que se han presentado. Además, dicen que tampoco se aceptarán nuevas comparecencia de representantes de la comunidad educativa, ya que ralentizarían la aprobación de la reforma. Ni qué decir tiene que las prisas que el Ejecutivo muestra con la Ley Celaá han generado las críticas de la oposición, que han tildado de "atropello" el método elegido para tramitar la norma. Con todo, desde el Ministerio de Educación se quiere dar una razón a este repentino acelerón que se ha dado a la reforma. "Se busca una rápida aprobación en el Congreso porque luego tendrá que ir al Senado y el objetivo es que la nueva normativa entre en vigor para el inicio del curso 2021-2022", dicen en el equipo de Celaá.

Seguridad Social: aún bajo mínimos de plantilla

Realizar cualquier trámite en las oficinas de la Seguridad Social se ha convertido en una tarea casi hercúlea. Así lo indican los conocidos retrasos en la tramitación de jubilaciones, o en las solicitudes del ingreso mínimo vital. Estos problemas son ya tan evidentes que han obligado al Ejecutivo a reconocer la existencia de un colapso en la administración, que arrancó en marzo por la mayor carga de trabajo a raíz de la pandemia del coronavirus. Pues bien, a pesar de los meses que han pasado desde entonces, todo indica que los problemas en la Seguridad Social persisten, y no tienen solución a corto plazo. Buena prueba de ello son los intentos del Ministerio comandando por José Luis Escrivá de reclutar personal en las bolsas de trabajo de las Subdelegaciones del Gobierno. Con todo, se rumorea que este recurso no está funcionando en varias provincias, porque carecen de candidatos que puedan echar una mano a la Seguridad Social. Ante esta situación, desde el entorno de Escrivá se indica que el siguiente paso será contratar desempleados inscritos en el Sepe.

Pelea en el 'Govern' por los fondos europeos

Al contrario que en los años de Quim Torra, la Generalitat sí que estará presente en la próxima reunión de presidentes autonómicos, que se celebrará el 26 de octubre y en la que se tratará del reparto de los fondos europeos. Ahora bien, en estos momentos no se sabe quién acudirá a dicha cita. Por lo que se comenta el puesto se lo disputan el actual presidente de la Generalitat en funciones, Pere Aragonés (de ERC) y el consejero de Empresa Ramon Tremosa, de JuntsXCat. Ambos se presentan como la persona idónea y no están dispuestos a ceder, lo que está generando un dura pugna en el seno del Govern. Así lo reconoció la portavoz de la Generalitat, Meritxell Budó, cuando aseguró el martes “desconocer quién acudirá a la reunión”. Resulta evidente que la guerra en el independentismo entre el partido de Carles Puigdemont y el de Oriol Junqueras está detrás de este nuevo conflicto que tiene claros tintes electoralistas. Quizá por ello ya aparecen voces dentro del Parlament que critican que el Govern se pelee por un asiento sin tener en cuenta que el reparto de los fondos europeos no se realizará siguiendo criterios territoriales, sino en base a proyectos concretos. “Otras autonomías lo han entendido y ya están hablando con las empresas para elaborar planes. En cambio en Cataluña aún no se ha hecho nada, lo que frenará la llegada de ayudas”, aseguran en un partido constitucionalista.    

¿Se prepara Exteriores para nuevos aranceles?

España prosigue adelante con la tramitación parlamentaria de la tasa Google a pesar del escaso avance que a escala internacional presenta este impuesto a las multinacionales tecnológicas. Este empeño por ir en solitario sin esperar a que se implante un gravamen en la UE o en la OCDE puede avivar los conflictos comerciales con EEUU. Eso es justo lo que se temen en el entorno agrícola. Pero, dicen, que la preocupación también llega a Exteriores. De hecho, se comenta que el equipo de la ministra Arancha González Laya ya plantea contactos con las autoridades estadounidenses con el objetivo de descubrir qué represalias podría tomar Washington si España implantara la tasa Google. Según fuentes en Exteriores, el mayor temor que existe es a una nueva escalada arancelaria, que podría hacer que se duplicaran los impuestos que actualmente ya pagan algunos productos agrícolas nacionales. “Trump ya amenazó a Francia con llevar los aranceles al 100% si seguía adelante con la tasa Google. Nosotros no seremos una excepción”, sentencian desde Exteriores.

Los hospitales satélites catalanes, en el aire

Durante el verano, la Generalitat de Cataluña descartó la construcción de un macrohospital en la Fira de Barcelona, al estilo del que hubo en Ifema, por "problemas de gobernanza". En su lugar la Consejería de Salud comandada por Alba Vergés optó por levantar cinco anexos junto a centros sanitarios en funcionamiento, para luchar contra la segunda oleada del Covid. En un principio, estas infraestructuras deberían estar operativas para comienzos de años. En concreto para el día 1 de enero de 2021. Pero, se comenta, que va a ser complicado cumplir el plazo. Por lo visto las obras, que parten de un presupuesto conjunto de cerca de 70 millones, van "muy justas" y será difícil que "los hospitales satélite se puedan inaugurar en la fecha prevista". Como era previsible el equipo de Vergés da la callada por respuesta. Pero fuentes cercanas a la Generalitat aseguran que son muchos en el entorno del Govern los que consideran que fue prematuro desterrar la construcción del macrohospital. "Entonces se renunció por la falta de personal sanitario para operar el centro. Pero con el paso de los meses se está comprobando que Vergés cometió un error, que puede dejar a la región indefensa ante una segunda oleada de la pandemia", aseguran fuentes cercanas al Gobierno catalán.

¿Presiones del PSOE para aislar a Iglesias?

Como era previsible, la posible imputación de Pablo Iglesias por el Tribunal Supremo ha vuelto a crear tensiones en el Ejecutivo de coalición. Desde Podemos aparentan tranquilidad. Pero la realidad es diferente. De hecho, la inquietud no se queda en el Consejo de Ministros. Muy al contrario, se rumorea que desde Ferraz se presiona al presidente Pedro Sánchez para que obligue al vicepresidente segundo del Gobierno a “mantener un perfil bajo, ante las altas posibilidades de que el Supremo le acabe imputando”. Por lo que se comenta, en las filas socialistas sentaron muy mal las críticas a la Monarquía por parte de Iglesias y consideran que “otra salida de tono”, ahora que tiene que defenderse ante su público, sería muy peligrosa. “Pagamos y seguiremos pagando el error que supuso vetar a Felipe VI en el acto del Consejo General del Poder Judicial en Barcelona, y no podemos permitirnos comentarios polémicos de Iglesias contra la Justicia”, dice un veterano político socialista. Se comenta que esta opinión es compartida por buena parte del Gobierno y por Ferraz.

La opacidad de los asesores de Montero

En los tiempos en los que Irene Montero era solo una diputada de Podemos cargó desde su escaño en el Congreso contra el exceso de asesores “elegidos a dedo” con los que contaban los ministros o los presidentes regionales. Pero dicen que replica ahora lo que tanto criticó en el pasado. Lo demuestra la existencia en el Ministerio de Igualdad de 16 asesores, “todos ellos nombrados a dedo”, aseguran desde la oposición, que suponen un coste cercano al millón de euros al año para las arcas públicas. También se sabe que Noelia Vera y Amanda Meyer son dos componentes de ese nutrido equipo de expertos de Montero y lo que cobran. Pero en cuanto al resto, el desconocimiento es la nota dominante, salvo por las informaciones aparecidas en medios de comunicación. Se rumorea que acudir al portal de transparencia o al BOE o la página del Ministerio de Igualdad en busca de datos sobre los asesores de Montero es una labor estéril. Esa opacidad llama poderosamente la atención. Más aún si se tiene en cuenta que la propia ministra aseguró el pasado mes que “el currículo de sus asesores ha sido publicado varias veces en el BOE” y que su elección se ha realizado siguiendo los criterios de transparencia, como en el resto de ministerios. “La llegada de Podemos al poder ha demostrado que forman parte de esa casta que tanto criticaban en el pasado”, dicen en un partido de la oposición.

Las CCAA, hartas de los retrasos de Sanidad

elEconomista publicó el pasado 28 de septiembre que la compra de material sanitario por 2.500 millones para hacer frente a la segunda ola del coronavirus estaba atascada en el Ministerio de Sanidad. Y eso a pesar de que la directora de la Agencia Española del Medicamento, María Jesús Lamas, y el ministro del ramo, Salvador Illa, anunciaron que las adjudicaciones se harían en agosto para que las comunidades autónomas pudieran recibir los equipos durante el pasado mes de septiembre. Pues bien, se rumorea que este retraso ha hartado a los gobiernos regionales. Es más, cuentan que en algunas administraciones autonómicas están buscando sus propias vías de suministro ante la demora que acumula Sanidad con el lote que anunció en agosto. No obstante, las CCAA no son las únicas que se han cansado de los incumplimientos de Sanidad. De hecho, se comenta que existen al menos dos Ministerios que tampoco están dispuestos a esperar a Sanidad y han tramitado licitaciones en las últimas semanas para adquirir equipos con los que proteger a sus plantillas. “Es intolerable que tras medio año de pandemia, el equipo de Illa siga teniendo retrasos en las compras del material médico”, indican desde un Gobierno regional.

Aluvión de asesores en el ‘Govern’ en funciones

Poco antes de su inhabilitación, Quim Torra impulsó el nombramiento de más altos cargos en la Generalitat, lo que generó las lógicas críticas de la oposición. Dichas quejas no parecen haber afectado en nada al actual Govern en funciones. Así lo indica el hecho de que se sigan nombrando asesores y cargos de confianza casi cada día. Cuentan que es la Consejería de Presidencia, que dirige Meritxell Budó, la que más engorda la nómina de asesores con personas de confianza provenientes de Junts per Catalunya. Pero el resto de departamentos ahora comandados por Pere Aragonès tampoco se quedan atrás y todos ellos siguen incorporando personal en mayor o menor proporción. En concreto, se comenta que el Govern ha realizado más de 30 nombramientos en solo 20 días. Este incremento es realmente llamativo ya que la legislatura actual carece de recorrido. Es más, hasta tiene fecha de caducidad (el 14 de febrero es cuando probablemente se celebrarán la elecciones autonómicas). “Los actuales nombramientos son intolerables. Todo apunta a que son favores que había que devolver a ciertas personas, que había que colocar en la Generalitat como fuera antes de los comicios”, dicen desde una formación no independentista del Parlament de Cataluña.