El adelanto electoral ha sorprendido en España, pero también en Bruselas. Algo comprensible ante el hecho de que nuestro país ocupará la presidencia europea desde el 1 de julio hasta fin de año. Con todo, lo más peligroso para la economía reside en los deberes que el Ejecutivo de Pedro Sánchez deja pendientes y que ponen en duda la llegada de 104.300 millones de ayuda de los fondos europeos. Una cifra que es el resultado de sumar 84.000 millones de la adenda del Plan de Recuperación, 7.700 millones de transferencias adicionales, 2.600 millones como parte del plan para reducir la dependencia energética de la UE con Rusia (RePower EU) y 10.000 millones más del cuarto pago de los fondos Next-Gen asociados a la reforma de pensiones.
De todas estas partidas, la que más peligro corre es la primera, que es la más cuantiosa. Ello porque Bruselas aún no ha recibido el documento (adenda) que da acceso a nuestro país a los ya citados 84.000 millones de préstamos comunitarios con condiciones favorables. Un texto que el Ministerio de Economía había prometido enviar en otoño pero que, incomprensiblemente, aún no ha mandado.
Es cierto que el plazo expira el próximo 31 de agosto, pero el retraso es ahora mucho más peligroso ante la disolución de las Cortes y el hecho de que el próximo Gobierno no estará constituido hasta mediados de agosto. Un escenario que genera dudas en la propia Comisión Europea que insta a España a garantizar que la capacidad administrativa sea suficiente para asegurar que el Plan de Recuperación de aplica a tiempo.
Queda así patente que las elecciones y la demora del Gobierno con los fondos europeos suponen un serio riesgo para la recepción de un dinero clave para la financiación de las empresas y el crecimiento del PIB.
