Finalmente, Díaz endurecerá el cobro de los subsidios por desempleo, al contrario de lo que decían las voces dentro de su cartera ministerial. El equipo de la vicepresidenta segunda de Gobierno, Yolanda Díaz presentó ayer ante los agentes sociales un borrador del Real Decreto-Ley de simplificación y mejora del nivel asistencial de la protección por desempleo, al que ha tenido acceso elEconomista.es, que incluye un mayor control de las ayudas para los beneficiarios mayores de 52 años. Consulte el borrador.
Para acceder al subsidio de desempleo para los que hayan superado dicha edad los trabajadores deberán acreditar, en la fecha de presentación de la solicitud, que carecen de rentas propias, o que tienen responsabilidades familiares; además, "para mantener la percepción del subsidio para trabajadores mayores de cincuenta y dos años los beneficiarios deberán presentar ante la entidad gestora una declaración anual de sus rentas, acompañada de la documentación acreditativa que corresponda", reza el texto.
Pero el incumplimiento de los requisitos no solo se traduce en suspensión o retirada del subisidio. Si en los doce meses previos a presentar cada declaración anual se producen cambios en su situación que implican que ya no cumple los requisitos -como un incremento de las rentas familiares o la emancipación de un hijo- pero no se comunican, también se expone a una sanción, es decir, una multa, por ese tiempo cobrado 'indebidamente'.
De esta forma, Díaz pretende favorecer la transición para aquellos que no se encuentren en búsqueda activa de empleo, hacia el Ingreso Mínimo Vital (IMV). El texto prevé que las entidades de gestión del IMV y el subsidio por desempleo tengan comunicación directa para poder trasladar las situaciones de extinción de los subsidios en los casos de agotamiento, renuncia o por superar el límite de ingresos previsto, sin haberse reinsertado en el mercado laboral", con el fin de favorecer un cambio "adecuado" hacia otros mecanismos de protección social, así como una buena coordinación de las prestaciones con carácter asistencial.
Estos suponen el 61,4% de los beneficiarios del subsidio por desempleo. Con la recuperación, por parte del Gobierno de Sánchez en 2019, sus beneficiarios han aumentado un 22,4% desde octubre de ese año al mismo mes de 2023. Es más: son los únicos perceptores de este tipo de ayuda que se han incrementado respecto a los niveles prepandemia. Y los únicos sin límite de duración, más allá de alcanzar "la edad ordinaria que se exija para tener derecho a la pensión contributiva de jubilación en el sistema de la Seguridad Social".
En el borrador del texto que llevó Trabajo a la mesa de negociación, se añaden tres puntos por los cuales endurecen el control hacia todos aquellos beneficiarios de la prestación que incumplan el fondo de las políticas activas de empleo: la reinserción en el mercado laboral. Por ende, comprenden la supresión del subsidio cuando los beneficiarios no presenten los documentos necesarios para seguir recibiendo la prestación; cuando no figuran como demandantes de empleo; y cuando el servicio de empleo competente comunique "la no suscripción, el incumplimiento o la suspensión del acuerdo de actividad".
De esta forma se introduce una nueva causa de suspensión de la prestación por desempleo y del subsidio, con el objetivo de reafirmar la vinculación de las prestaciones por desempleo con el seguimiento de medidas de inserción laboral, pasando a ser falta grave el incumplimiento de los puntos anteriores.
Estas faltas supondrán la pérdida de la prestación durante tres meses, en el caso de la primera infracción. La segunda supondrá que se duplique la sanción y la tercera significará el fin de la prestación. Esta escala se aplicará "a partir de la primera infracción y cuando entre la comisión de una infracción grave y la anterior no hayan transcurrido más de los 365 días", con independencia del tipo de infracción.
"Insuficiente y parcial"
UGT y CCOO han evaluado la reforma presentada por el Gobierno para el subsidio del desempleo como "insuficiente y parcial". Según ellos, las cantidades asignadas tanto para la prestación por desempleo como para la asistencia no son adecuadas.
Esta opinión fue compartida por Carlos Bravo, secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO, y Fernando Luján, vicesecretario general de Política Sindical de UGT, luego de una reunión de más de tres horas con Joaquín Pérez Reyes, secretario de Estado de Trabajo y Economía Social, en la que también estuvo presente Rosa Santos, directora de Empleo, Diversidad y Protección Social de CEOE, entre otros.
"El nivel de prestación, el nivel cuando uno ha trabajado, el nivel contributivo en los topes máximos no llega al salario mínimo interprofesional. Por lo tanto, nosotros defendemos que al menos debería de llegar al salario mínimo interprofesional", ha asegurado Luján.
Por su parte, Bravo (CCOO) ha criticado que la reforma llega con "más de un año de retraso" y con "mucha incógnita", y ha asegurado que "tiene carencias", por lo que en los próximos días planteará propuestas de reforma a lo presentado este lunes por el Gobierno.
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