El plan de Díaz para los subsidios refuerza la trampa de la prejubilación a los 52 años

El plan de la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, para la reforma de los subsidios plantea una simplificación de estas prestaciones que no solo no resuelve el principal problema asociado a ellas, que incentivan el desempleo de larga duración, sino que lo agrava al plantear un incremento del importe que facilita que se utilicen como pilar de los esquemas de 'prejubilación'.

La propuesta de su ministerio y el de Economía, Empresa y Comercio solo coinciden en la idea de mejorar la protección social a través de estas ayudas, que se cobran al agotar la prestación contributiva por desempleo, sean compatibles con un empleo y que el importe varía en función del tiempo. Pero aquí acaban las similitudes: el departamento que dirige la vicepresidenta Nadia Calviño plantea cobrar durante 3 meses el 100% del Iprem (600 euros mensuales en la actualidad) y, a partir de ahí, bajar al 80% del Iprem (480 euros mensuales) en el segundo trimestre; al 65% del Iprem en el tercer trimestre (390 euros) y al 50% en el último trimestre (300 euros), mientras que Díaz quiere elevarlo a los 660 euros de entrada para que, en ningún caso, baje del umbral actual.

Pero ambas propuestas dejan fuera al 61,4% de los beneficiarios: los que reciben el subsidio para mayores de 52 años, reinstaurado por el Gobierno de Pedro Sánchez en 2019, durante su primer Ejecutivo en solitario, y para el que no se contemplan cambios. Sus beneficiarios han aumentado un 22,4% desde octubre de ese año al mismo mes de 2023. Es más: son los únicos perceptores de este tipo de ayuda que se han incrementado respecto a los niveles prepandemia. Y los únicos sin límite de duración, más allá de alcanzar "la edad ordinaria que se exija para tener derecho a la pensión contributiva de jubilación en el sistema de la Seguridad Social".

El propio SEPE reconoce que el grupo más numeroso de perceptores de sus ayudas son los mayores de 55 años, que suponen el 39% del total de beneficiarios tanto de subsidios como de prestaciones contributivas. "En su gran mayoría perciben el subsidio hasta la edad de jubilación", afirma el documento.

Fuentes de Trabajo acusan a Calviño de plantear una rebaja del tope de los 52 años a los 60, pero desde el PSOE lo niegan: recuerdan que este sería un recorte aún mayor que el que el PP realizó en 2012, cuando elevó la edad a los 55 años y es un compromiso del propio presidente, aunque desde Sumar ahora pretendan atribuírselo. En todo caso, si este subsidio, el único que puede cobrarse hasta la edad de jubilación, no sufre cambios, la reforma no solo no tendrá efectos a la hora de reducir el paro de larga duración, sino que puede empeorar al reforzar su uso como fórmulas de 'prejubilación' derivadas de despidos colectivos.

El castigo de los prejubilados

En un mercado laboral en el que el desempleo senior es mayoritario, la idea de Trabajo es reforzar la protección social de esos trabajadores de mayor edad que afrontan mayores problemas para encontrar empleo. Pero este refuerzo ha sido utilizado por las empresas para pactar despidos en condiciones supuestamente más ventajosas para los afectados pero que, a largo plazo, se convierte en una trampa.

Históricamente, las prejubilaciones se basados en las 'bajas incentivadas', es decir, dimisiones, en los que los trabajadores reciben una contraprestación de sus antiguas empresas hasta jubilarse. Pero desde la crisis financiera surge otro tipo de prejubilación, que implica despidos propiamente dichos en los que al cálculo de la compensación se suman las prestaciones y subsidios por desempleo. Este esquema es particularmente perverso porque lleva a una situación en la que el desempleado se aleja cada vez más del mercado laboral mientras sus ingresos van disminuyendo hasta que ya es demasiado tarde y solo pueden aspirar a adelantar la jubilación 'propiamente dicha', con la correspondiente merma en su pensión.

El plan de trabajo se dirige a los subsidios ordinarios, que podrán cobrarse hasta un máximo de 30 meses, incluyendo también otros tipos de subsidios y potenciales beneficiarios, como los mayores de 45 años si cargas familiares (que hasta ahora solo pueden percibirlo durante un máxima de seis meses. Estos serían los grandes beneficiarios de la reforma. Pero también lo serán las empresas que quieran pactar prejubilaciones asociadas a sus despidos.

Al elevarse la cuantía y los beneficiarios cuantías no solo eleva el gasto público, sino que también hace más atractivos los esquemas de prejubilación: un trabajador puede combinar una retribución menguante de la empresa con las prestaciones y los subsidios como ahora, pero estos últimos son más altos y se cobrarán durante más tiempo. En cualquier caso, siempre podrá optar al de los 52 años.

De un sistema como este, que entraría en vigor en 2024, podrían beneficiarse empresas como Telefónica para sus despidos. El problema es que en este tiempo los desempleados no encuentran salidas laborales. Trabajo asegura que el 80% de los perceptores y perceptores de prestaciones no agotan la prestación o el subsidio, pero el Servicio Público de Empleo Estatal matiza esta afirmación cuando reconoce que la única salida para la "gran mayoría" es la jubilación.