Economía

España entierra la 'cultura' de la prejubilación bajo una avalancha de despidos convencionales

Foto: EP

Durante los últimos 20 años, las empresas españolas han sido acusadas de prescindir de los trabajadores de mayor edad mediante un uso abusivo de las prejubilaciones. Un término que engloba diferentes esquemas diseñados para adelantar, a veces hasta quince años, la salida de estos profesionales del mercado laboral, a la espera del momento de poder optar a la jubilación propiamente dicha. Todo ello con un elevado coste para las arcas públicas, que han contribuido (no siempre involuntariamente) a costearlo. Sin embargo, los datos más recientes reflejan un retroceso del 22,4% en los afectados en esta situación desde las cifras previas a la pandemia, hasta situarse por primera vez por debajo del medio millón. Eso sí, esta evolución tiene un lado negativo: las empresas están sustituyendo esas fórmulas, polémicas, pero más ventajosa para estos trabajadores por despidos 'puros y duros' que están disparando el paro entre las personas de más edad.

Cuando hablamos de prejubilaciones hablamos de procesos de varios tipos que se pueden vincular a 'bajas incentivadas', es decir, dimisiones, pero también a despidos pactados con ventajas adicionales que se producen tanto a nivel individual como colectivo. En ambos casos la consecuencia es la misma: el trabajador abandona completamente el mercado laboral. Es decir, renuncia a buscar otro empleo porque lo pactado con su antigua empresa le conviene más. En ese caso no cuenta ni siquiera como parado, sino que se convierte directamente en inactivo.

Por lo general, las prejubilaciones se producen a partir de los 50 años, salvo en muy contadas excepciones. La más sonada fue la de Telefónica en 2008, a la que se pudieron acoger trabajadores hasta con 48 años. Esto provocó un auténtico terremoto legislativo que, como veremos, ha tardado casi quince años en tener consecuencias.

Pero, ¿cómo medir el impacto directo de estos ceses? La Encuesta de Población Activa recoge el número de personas inactivas, es decir, que ni tiene trabajo ni lo buscan, según la causa por la que no lo hacen. Y entre ellas incluye a los afectados por "jubilación o prejubilación". Para acotar cuáles son 'retirados' anticipadamente bastaría con considerar a aquellos que se sitúan en la franja de edad de 50 y 65 años. Es decir, los prejubilados o jubilados anticipados han caído un 35% desde su máximo anotado en 2013 y un 22,4% desde el segundo trimestre de 2019. La cifra del segundo trimestre de 2023 se sitúa en las 483.900 personas, la primera vez en toda la serie histórica que baja del medio millón.

En este punto hay que precisar que, aunque puedan parecer sinónimos (y en algunos momentos de este artículo se utilicen así), hay diferencias entre jubilación anticipada y "prejubilación". La principal es que la primera supone cobrar una pensión de la Seguridad Social. La edad legal de jubilación anticipada también se está retrasando: en 2027 se situará en 65 años (en el caso de que sea voluntaria) y a los 63 años si es involuntaria, pero en todos los casos con coeficientes reductores que repercuten sobre la prestación que se percibirá finalmente.

Las prejubilaciones 'en sentido estricto' se sostienen sobre un esquema complejo que combina el encadenamiento de indemnizaciones, prestaciones y subsidios (en especial del de mayores de 52 años recuperado en 2019), así como la suscripción de convenios con la Seguridad Social para compensar el impacto en la futura pensión la pérdida de cotización por el despido o la renuncia.

Entender las diferencias entre estas situaciones, ayuda a analizar a fondo las causas de este descenso, ya que tampoco son homogéneas. Aunque los expertos consultados por elEconomista.es coinciden en señalar tres motivos principales: la falta de rentabilidad de estos mecanismos, en especial en los casos de las denominadas bajas incentivadas; el endurecimiento de la legislación en España, y un cambio en la 'percepción generacional' que hace que recurrir a estas figuras puedan ser contraproducente en un momento en el que el impacto de los riesgos reputacionales, la responsabilidad social y el denominado 'compliance' pesan más que nunca en la cuenta de resultados.

La cultura de la prejubilación

Las prejubilaciones españolas son un legado de la reconversión industrial y la privatización de los grandes monopolios públicos que España acometió en los últimos años del siglo XX para poder entrar en el euro. Esto se tradujo, sobre todo en el segundo caso, en una necesidad de ajustar plantillas sobredimensionadas y con un coste salarial excesivo para que las nuevas compañías pudieran competir en el entorno europeo. Los recortes se centraron en los trabajadores de mayor edad y de mayores sueldos, que recibían muy ventajosas indemnizaciones y compensaciones que hacían que, aunque el coste del cese fuera mucho mayor, compensara por el ahorro generado a medio y largo plazo.

Pero tras la entrada en el euro, y pese a los años de bonanza económica, estos ajustes se incrementaron. Grandes compañías como Telefónica encadenaron varios procesos de este tipo, que combinaban bajas incentivadas y despidos en condiciones excepcionales, a pesar de contar con beneficios. De hecho, la compañía que entonces presidía César Alierta llegó a ofrecer prejubilaciones a 48 años, tanto a través de bajas incentivadas como en forma de dimisiones.

Un hecho que llevó al entonces ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, a denunciar una "cultura de la prejubilación" que prometió erradicar obligando a estas empresas a compensar al SEPE por el gasto en prestaciones de los despedidos. Esta idea se inmortalizó bajo el nombre de "cláusula Telefónica", pero este planteamiento presentaba una limitación: las empresas podían sortear esta obligación recurriendo a 'bajas incentivadas', ya que son dimisiones, no despidos, y no generan derecho a prestación de paro. Es decir, no había que compensar a nadie. Además, no contaban a la hora de superar el umbral que obliga a declarar un despido colectivo.

Pero con el estallido de la crisis financiera todo cambió. La banca se vio obligada a una transformación radical para evitar el colapso del crédito que conllevó la desaparición del antiguo modelo de las cajas de ahorro. E, inicialmente, recurrió a pactar prejubilaciones en sus despidos para reducir al mínimo posible los conflictos con los trabajadores. También las compañías públicas lo hicieron para cumplir con los compromisos de reducción del gasto pactados con Bruselas, en un proceso que alcanzó su punto álgido, al menos en número de prejubilados, en 2013.

Pero la coyuntura llevó a que, en paralelo, fuera más fácil plantear los ajustes como despidos convencionales, centrados en los trabajadores de mayor edad, pero sin ofrecerles ventajas adicionales ni tan ventajosas. La reforma laboral de 2012, que clarificó las causas de despidos objetivos, abaratando de facto las indemnizaciones, culminó una tendencia que llevó a que los prejubilados se vieran superados en número por parados en la misma franja de edad. Y este matiz es importante, porque una persona en paro, a diferencia de una en inactividad, sigue buscando activamente empleo porque lo necesita. O lo que es lo mismo: no ha abandonado el mercado laboral.

¿Un cambio de paradigma?

A diferencia de los prejubilados, cuya evolución había sido independiente del ciclo económico en los primeros años del siglo, los parados de más de 50 años sí se han reducido con la mejora de la situación económica de los últimos años. Aunque siguen siendo muchos más que antes de la crisis financiera. Y su número supera en un 68% al de los que anticipan su salida del mercado laboral. En este aspecto, influye el envejecimiento de la fuerza laboral, pero también el hecho de que cada vez compensa menos hacer prejubilaciones, ya que hay menos trabajadores con sueldos tan elevados en esa franja de edad como para que compense iniciar unos procesos considerados menos conflictivos pero muy caros, que ya solo proponen grandes empresas.

La puntilla ha sido varias sentencias que en algunos supuestos las bajas incentivas sí deben incluirse a la hora de computar en el marco de despidos colectivos. El Tribunal Supremo considera que así es, aunque en un caso que no implicaba prejubilaciones. Pero también se ha elevado una cuestión prejudicial al Tribunal Superior de Justicia Europeo (TJUE) sobre esta misma cuestión, y la decisión de Luxemburgo sí puede sentar una jurisprudencia más amplia que afecte a estos procesos.

Pero tampoco las prejubilaciones en empresas con beneficios que pivotaban sobre despidos resultan ya ventajosas, ya que, tras una década de idas y venidas desde la primera propuesta de Corbacho, y varios cambios emprendidos por los Gobiernos del PSOE y PP, la cláusula Telefónica funciona a todo trapo y supone un serio freno para las empresas, tal y como reconocen desde algunos bufetes de abogados a elEconomista.es. A ello se suma la presión de Hacienda sobre los acuerdos de indemnización por despido entre empresas y trabajadores cercanos de edad cercana a la jubilación, ya que se considera que pueden utilizarse para eludir el pago de impuestos.

Los expertos consideran que este desarrollo contrarresta el efecto 'negativo' que tuvo, en este contexto, la recuperación en 2019 del subsidio para mayores de 52 años, impulsada por el Gobierno, entonces en solitario, del PSOE, pero que se realizó sin tomar las prevenciones para evitar que fuera utilizado en los esquemas de prejubilación. Esto ha influido en la decisión de empresas como Ford o, más recientemente, Roca de ofrecer prejubilaciones a partir de 53 años en sus procesos de ajuste.

En cualquier caso, los despidos convencionales de una empresa con pérdidas serán más baratos, pero se verán dificultados si se considera que existe una 'discriminación' por edad. Ya ha habido sentencias al respecto y la Ley de Empleo refuerza las sanciones a las empresas en este supuesto. Aunque por ahora es difícil demostrar en un despido colectivo, ya que este se produce tras un periodo de consultas y negociación con los sindicatos que suelen acabar 'arrancando' mayores indemnizaciones para los trabajadores de mayor edad, que, en consecuencia, son los que con mayor frecuencia aceptan esos procesos.

Si el Gobierno del PSOE y Sumar vuelve a reeditarse, los expertos dan por hecho que esta cuestión se abordará en una reforma en profundidad del despido. Las claves serán, una indemnización 'disuasoria' superior a los 33 días por despido improcedente y un endurecimiento de las causas para declararlo así. Aunque esto último no llegará extremo de derogar los cambios de la reforma de 2012, sí puede facilitar que los despidos de trabajadores mayores de 50 años sean declarados sin causa justificada, lo que terminará de cerrar la vía de la prejubilación. Aunque no está tan claro que acabe con los despidos convencionales.

A tenor de lo ocurrido en estos años, este cambio legal no es garantía de que las empresas no pongan en el foco a estos trabajadores, cuando realicen despidos por causas objetiva y justificadas, que tienen una compensación a 20 días por año. Y, por supuesto, no se sentirán muy motivadas a contratarlas, lo cual puede provocar el efecto contrario al que busca el futurible Ejecutivo, condenando a estas personas al paro de larga duración, que supone un reverso, todavía más oscuro, de la prejubilación.

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