El Plan Presupuestario para 2024 remitido a la Comisión Europea recoge la visión del Gobierno de los grandes desafíos que afronta a medio y largo plazo el mercado de trabajo, y reconoce con claridad que la caída de la población "con mayores tasas de actividad" a mínimos históricos está provocando "tensiones" entre la demanda y la oferta de trabajo. Pero la solución, a su juicio, no pasa por ampliar este rango a través de la formación y recualificación de trabajadores y desempleados, sino por la inmigración.
Hasta ahora, el Ejecutivo había reconocido que el envejecimiento de la población iba a tener consecuencias en el futuro de las pensiones, si bien fiaba la sostenibilidad de la Seguridad Social a la llegada de cotizantes foráneos. Pero hasta ahora no había incidido en el impacto que esta situación tiene en el mercado laboral a día de hoy. De hecho, dedica un recuadro del documento remitido a Bruselas a detallar esta cuestión, aunque como un porblema que también se resuelve con la ocpuación extranjera.
El Ejecutivo señala que la población española "está creciendo a tasas muy superiores a la media histórica". Entre julio de 2022 y julio de 2023 la población creció un 1,1%, tasa solo superada en los años del ciclo alcista por el 'boom' inmobiliario previo a la Gran Recesión y "similar a las observadas durante los años cincuenta y sesenta del siglo XX". Este crecimiento está impulsado por la inmigración, "que está compensando el desfavorable saldo vegetativo de la población nacida en España".
En este sentido, afirma que "la demanda de flujos migratorios se ve impulsada por el cambio demográfico y la positiva evolución del mercado laboral, que genera un crecimiento poblacional superior al crecimiento de la fuerza laboral potencial". Un argumento que, tal y como está planteado, parece algo contradictorio: está diciendo que el aumento de la población impulsado por la inmigración, supera al de la población activa, es decir, la suma de ocupados y desempleados dispuestos a trabajar. Pero esto depende de la referencia que se tome como población activa.
El Gobierno reconoce que el aumento de la "relación" entre la población total y la población en edad de trabajar "genera tensiones entre la demanda y la oferta de trabajo de la economía". Es decir, falta de mano de obra. Pero se apresura a remarcar que esta tendencia "es más moderada en España" que, en el resto de los países de la Unión Europea, "dado que el ciclo demográfico alcista de mediados del siglo XX se produjo con retraso" en nuestro país.
Además, incluye un gráfico que muestra que la ratio epañola entre la población total y aquella en 'edad de trabajar' (entre 15 y 74 años, según la métrica más habitual de Eurostat) se ha reducido en los últimos años, lo que significa que hay más personas potencialmente activas para 'soportar' al resto de la población. Aunque esta mejoría responde al devastador efecto de la pandemia sobre la población de mayor edad, un factor que el Ejecutivo no menciona en su análisis demográfico.
Pero esto cambia cuando pasamos de la categoría de población en edad de trabajar a la de población entre 25 y 55 años, considerados los que tiene "mayores tasas de actividad". En el análisis demográfico del mercado laboral se denominan "prime age workers" o trabajadores "en edad productiva", ya que se entiende que han superado la etapa de entrada en el mercado laboral y todavía no están planificando su retiro, aunque la definición es problemática por el aumento de la esperanza de vida. En cualquier caso, el Gobierno no suele utilizarlo, lo cual hace espeialmente llamativo este apunte.
Si se sigue esta "definición más estrecha de fuerza laboral", la diferencia con la media de la Unión Europea se estrecha. Pero no solo eso, la ratio se encuentra en máximos históricos, lo que significa que la población dependiente de los activos entre 25 y 55 años es más alta que nunca. "La tendencia es más acusada en España", reconoce el informe.
Un desplome de la población 'productiva'
Lo que no explica el documento es a qué se debe esta evolución. Si acudimos a la fuente del gráfico que ha remitido el Ejecutivo, los datos de Eurostat, se puede comprobar que la población en esta franja de edad alcanzó su máximo histórico en 2010, tras el estallido de la crisis financiera, con 21,8 millones de personas, que alcanzaban una ratio del 2,1 sobre el total de población. Pero a uno de enero de 2023 había 19,7 millones, un 9,3% menos, mientras el conjunto de la población ha aumentado un 2%. Esto lleva a que la proporción de estos trabajadores esté en su mínimo histórico, un hecho que ya analizamos hace unos meses en elEconomista.es. Y que la ratio de dependencia de la población sobre los activos en edad porductiva haya pasado del 2,13 a 2,40.
En el mismo periodo, la media de la UE recoge un descenso menor de las personas en "edad productiva", del 6,1%, mientras que la población general ha aumentado u n1,3%. Esto explica que la ratio en la UE, que ya era más elevada que la española hace trece años y se situaba en el 2,34 haya aumentado a 2,52. Pero el incremento de la ratio en nuestro país ha sido más intenso.
En lo que va de año, es decir, entre julio de 2022 y julio de 2022, la situación no ha mejorado. Aunque el Gobierno habla de un crecimiento histórico de la población, del 1%, los activos de entre 25 y 55 años han crecido menos de tres veces menos, un 0,27%. Es decir, pese al positivo impacto de la inmigración, sigue aumentando.
Recetas de la burbuja inmobiliaria
¿Cuál es la solución que plantea el Ejecutivo? Más inmigración. "Una vía natural de minimizar las tensiones de demanda de mano de obra es el incremento de los flujos migratorios, fenómeno que se está materializando en España", señala el informe. La expresión "vía natural" es especialmente llamativa, porque apunta a que no son necesarias medidas adicionales. Pese a que la inmigración no parece estar dando los frutos esperados.
El incremento de la población en "edad productiva" antes de la crisis financiera se liga a la regularización extraordinaria de 2004, que nutrió la demanda de mano de obra en la construcción. Cuando la Gran Recesión alcanzó su apogeo se produjo un retroceso, en parte porque muchos inmigrantes o con doble nacionalidad abandonaron nuestro país ante la falta de oportunidades, un éxodo que a partir de 2012 protagonizarían también los nacidos en España.
¿Puede repetirse este fenómeno? El documento es optimista, y asegura la ocupación de población extranjera presenta una "mayor diversificación sectorial que en 2007". Concretamente se ha reducido un 58% en la construcción, mientras que ha aumentado un 30% en los sectores de servicios "distintos al comercio y la hostelería".
Esto implica que la positiva evolución de los servicios no turísticos, "incluyendo su aumento de cuota exportadora". Los gráficos que acompañan al informe avalan esta tesis, aunque la agrupación sectorial que hace el documento pueda parecer cuestionable en algún apartado (mete en la misma columna logística e informática, que no forman parte de la misma rama ni grupos de actividad)
Por otra parte, la movilidad geográfica es mayor entre los ocupados extranjeros; el último año, el 7,4% de ellos ha cambiado de municipio de residencia, por tan solo un 1,9% de los españoles, aunque esta "ventaja" responde a la mayor inestabilidad de sus empleos y la falta de oportunidades laborales.
Escrivá vs Díaz y los sindicatos
En cualquier caso, el documento respalda las tesis de la socialista del Gobierno, y en especial del ministro de Inclusión y Seguridad Social en funciones, José Luis Escrivá, frene a las de la ministra de Trabajo y líder de Sumar, Yolanda Diaz. Y lo hace por dos vías: por un lado, remarcando la falta de mano de obra disponible, frente a las tesis de la aún ministra de Trabajo, que niega este extremo y recuerda que la tasa de paro en España se mantiene en el 11,6%, la más elevada de Europa. Para ella, la dificultad de contratar se debe a los salarios.
Pero por otro, lanzado una defensa a ultranza de la necesidad e inmigrantes para cubrir este 'gap', un planteamiento que ha llevado a reformar el Reglamento de Extranjería para impulsar la contratació nen origen ante el rechazo también de los sindicatos, que ven prioritario reforzar las políticas de activación de los desempleados (españoles y también extranjeros) que quedan en nuestro país.
Aunque también influye el temor a que una llegada cada vez más intensa de nuevos trabajadores foráneos, con mayor movilidad también dentro de España, como destaca el Gobierno, y más desvinculados del sindicalismo puedan influir a la baja en la negociación de los salarios y las condiciones laborales, como ocurrió, según su análisis, durante la burbuja inmobiliaria.
En cualquier caso, lo que parece obviar estos análisis es el hecho de que la evolución demográfica que afecta a la población nacional no ha dejado incólumes a los inmigrantes. De hecho, pese al incremento del número de inmigrantes, el porcentaje de los extranjeros menores de 35 años ha retrocedido en 11,5 puntos en la última década, más del doble de lo que ha descendido el mismo dato para los españoles.