Madrid
En abril, el paro registrado en España se sitúa en 2,8 millones de desempleados, con la tasa más alta de desempleo de la Eurozona, y todo sin tener en cuenta los desempleados con disponibilidad limitada o demanda de empleo específica, que situarían el desempleo real por encima de los 3 millones, (3,3 millones según los cálculos de la patronal CEOE). Resalta que, con una cifra de desempleados tan alta, el Instituto Nacional de Estadística (INE) recoja 140.000 vacantes en nuestro país a cierre de 2022. Algunas patronales, como la de la Construcción, reclaman hasta 500.000 trabajadores para cubrir esas vacantes lo antes posible. Desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se pusieron en marcha actuaciones para facilitar que las empresas puedan contratar en origen, que han sido rechazadas por los sindicatos, UGT con mayor intensidad, y frenadas por la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en otro encontronazo con José Luis Escrivá.
A la vista de los datos, preocupa cómo, pese a la caída del paro y el incremento de la afiliación, se mantienen altas cifras de desempleo en sectores con creciente demanda de personal como Servicios o Construcción, lo que sugiere que no están funcionando las pasarelas entre el desempleo y la actividad.
Desde la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) advierten que, a pesar de las bondades de la reforma laboral o la Ley de Empleo, "no están contribuyendo a paliar que siga existiendo un fuerte desempleo junto con vacantes que no es posible cubrir", dijo Rosa Santos, directora de Empleo, Diversidad y Protección Social de CEOE, tras la publicación de los datos de paro del mes pasado.
Por su parte, los sindicados ya mostraron su rechazo a contratar en origen porque insisten en que la solución a las vacantes es mejores condiciones laborales y la formación de los desempleados. El secretario general de la Unión General de Trabajadores (UGT), Pepe Álvarez, es quien más manifestó su rechazo a modificar el reglamento de la Ley de Extranjería tachando de clasista la medida, mientras los sectores reclaman que necesitan mano de obra.
Fuentes de las patronales consultadas por elEconomista.es creen que la posición contrasta con los planteamientos de los sindicatos en inmigración y achacan su postura que "los trabajadores extranjeros no suelen tener arraigo sindical, mientras que hay muchos parados afiliados, lo que les da fuerza a nivel salarial", por lo que no les interesa perder poder en las negociaciones con las patronales sectoriales en los convenios. "Se hacen fuertes cuando falta empleo", añaden.
Pasarela con Chile y Perú
Escrivá quería regularizar a los extranjeros que ya había en España y crear una lista con los sectores y las vacantes, que hay de mayor y menor nivel de formación y especialización, distinto al Catálogo de Ocupación de Difícil Cobertura.
Esta idea choca con Díaz, al ser competencia del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), pero se espera que reactive la pasarela de contratación ya existente por convenio con Perú y Chile, que elude acudir al SEPE o al catálogo. Bajo este supuesto, la empresa puede contratar directamente en el país de origen sin tomar en cuenta la situación nacional de empleo en nuestro país.
Formar a los parados
Por su parte, los empresarios ven poca coherencia en contratar en origen mientras en España hay alrededor de 3 millones de parados y, desde UGT, se abren a retirar prestaciones y otros subsidios a aquellos desempleados que rechacen ofertas de trabajo tras haber recibido formación para ello (o rechacen recibir formación), respondiendo así a su rechazo a flexibilización del Reglamento de Extranjería para facilitar la contratación de inmigrantes en origen.
Actualmente, la Legislación ya contempla sancionar con la suspensión o incluso retirada de las ayudas a quienes rechacen una "oferta de empleo adecuada". Pero esto se aplica cuando se trata de ofertas ofrecidas por los servicios públicos, que apenas llegan a 1 por cada 58 parados registrados, como informó elEconomista.es. Además, hay que determinar si dicha oferta se ajusta realmente al perfil del desempleado, por lo cual estas sanciones apenas se aplican.
En un encuentro informativo hace dos meses, Álvarez abogaba por reforzar las sanciones no solo para los desempleados, sino también para los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital (IMV): "Yo creo que el país debería plantearse si debe de seguir cobrándolo o no".
Álvarez, que reconoció que puede ser polémica esta afirmación realizándose desde un sindicato, quiso centrar esta cuestión en que es "mucho más productivo" para España tratar de que encuentren empleo las personas en paro que e "ir a contratar fuera".
De este modo, desde el sindicato quieren poner en valor los cursos formativos. "Estos procesos de formación no necesitan años. Son procesos de formación relativamente sencillos y que nos van a permitir ocupar a personas en nuestro país", agregó Álvarez en su momento.
