El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha incidido en la necesidad de reforzar el control de la prestación por desempleo y, en especial, de la facultad para retirar la prestación o el subsidio por desempleo a quien rechace una oferta de empleo o un curso de formación. Una cuestión que responde rechazo del sindicato a la flexibilización del Reglamento de Extranjería para facilitar la contratación de inmigrantes en origen.
Actualmente, la Legislación ya contempla sancionar con la suspensión o incluso retirada de las ayudas a quienes rechacen una "oferta de empleo adecuada". Pero esto se aplica cuando se trata de ofertas ofrecidas por los servicios públicos, que apenas llegan a 1 por cada 58 parados registrados, como informó elEconomista.es. Además, hay que determinar si dicha oferta se ajusta realmente al perfil del desempleado, por lo cual estas sanciones apenas se aplican.
En un encuentro informativo organizado por el diario El Mundo, Álvarez ha abogado por reforzar las sanciones no solo para los desempleados, sino también para los beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital (IMV): "Yo creo que el país debería plantearse si debe de seguir cobrándolo o no",
Álvarez, que reconoció que puede ser polémica esta afirmación realizándose desde un sindicato, quiso centrar esta cuestión en que es "mucho más productivo" para España tratar de que encuentren empleo las personas en paro que e "ir a contratar fuera". De este modo, volvió a mostrarse crítico con la contratación de personas en el extranjero para cubrir vacantes en sectores como la construcción.
"Venimos manteniendo una posición contraria a la contratación en origen y los cupos de manera mayoritaria", dijo el líder sindical, que apuntó que "no se puede decir que en España no hay trabajadores en el sector de la construcción con unos 3,5 millones de desempleados", incluyendo en esta cifra a las personas migrantes que están en situación irregular en España.
"Seamos serios. Estos procesos de formación no necesitan años. Son procesos de formación relativamente sencillos y que nos van a permitir ocupar a personas en nuestro país", agregó.
Contra la reforma del SEPE
A su juicio, los problemas radican en que no llegan las ofertas de trabajo a los desempleados y la falta de orientación en los servicios públicos de empleo. "En algún momento tenemos que ser un país normal en el que cuando hay pleno empleo el paro esté en el entorno del 5%", ahondó Álvarez.
En este punto, criticó la falta de políticas activas de empleo en España y subrayó que, mientras en los países del norte de Europa cada trabajador de los servicios de empleo tiene a su cargo a unas 100 o 200 personas, en España el dato es de unas 2.500. "Es absolutamente imposible que pueda haber ese trabajo personalizado para ayudar a las personas a encontrar empleo", advirtió.
En este punto Álvarez ha recuperado las críticas de UGT a la nueva la Ley de Empleo que plantea convertir al SEPE en una Agencia Nacional de Empleo.
Para el sindicato, que reprocha a Yolanda Díaz que se negara a "mantener un verdadero proceso de Diálogo Social", no va a resolver ninguno de los problemas del mercado laboral, empezando por el más acuciante: la situación de los parados de larga duración.
para la central, no hay mejoras en unos Servicios para el Empleo que no disponen de orientadores y que reciben cada año a una bajísima proporción de personas desempleadas, "algo que es imprescindible para mejorar sus oportunidades de escapar del desempleo y reingresar al mercado laboral", tal y como ha recordado este jueves Álvarez.
