El pasado mes de julio, los servicios públicos de empleo contabilizaron 4,3 millones demandantes de un puesto de trabajo. A su disposición, publicaron ofertas para un total de 49.439 puestos de trabajo.
El cálculo es sencillo y la desproporción innegable: un empleo por cada 87 de estos demandantes. Pero como la estadística del Servicio Público de Empleo Estatal no considera a 1,4 millones de ellos como parados a efectos de su estadística, la ratio resultante para 2,9 millones de desempleados 'propiamente dichos' resulta más baja: fueron 58 los parados registrados que se disputaron cada uno de los empleos disponibles.
Estas cifras explican en buena medida el fracaso de los servicios públicos de empleo en términos de intermediación directa: es decir, en colocaciones de demandantes a través de ofertas que publican y gestionan desde sus oficinas.
Incumplimiento de objetivos
Un fracaso que en ningún caso se debe al desinterés de los demandantes, que en ese mes aceptaron 45.557 puestos, el 92% de los publicados. Pero la cifra total solo suponen el 5,7% de las colocaciones de demandantes de empleo registrada en el pasado mes.
A los responsables de estos organismos, que son competencia autonómica salvo en el caso de Ceuta y Melilla, les queda el consuelo de que el balance es algo mejor que el de los meses anteriores, cuando la tasa a duras penas superó el 4%.
En cualquier caso, consideran injusto que las críticas a su papel se centren en los escasos resultados de la intermediación, aunque se trate de un reproche generalizado entre los demandantes de empleo.
Defienden que las políticas activas de empleo que desarrollan van mucho más allá de esta función, y se extiende al diseño y concesión de subvenciones y bonificaciones para incentivar la contratación, así como a programa de recualificación profesional. Para ello, además de sus presupuestos, reciben fondos estatales por valor de 2.800 millones de euros.
De esta cantidad, el 36% se reparte en función del grado de cumplimiento de objetivos del Plan Anual de Políticas de Empleo de 2021, que al igual que en 2022 tiene entre sus líneas estratégicas mejorar la intermediación para que los parados encuentren empleo.
En este caso, insisten en que el escaso número de ofertas que publican es culpa de las propias empresas, que no recurren a ellos para buscar trabajadores. De hecho, el 46% de las ofertas publicadas en julio provenían del sector público. Es decir, del Estado y de las propias comunidades autónomas.
De Melilla a Extremadura
Aunque este mal reparto de las ofertas varía mucho por comunidades autónomas. Así, mientras en Extremadura la ratio de parados por trabajo se sitúa en 14, en Canarias llega a 124 desempleados por puesto ofertado.Siete comunidades, además de Canarias, superan la media nacional de 58 desempleados por trabajo disponible: Galicia (85), Comunidad Valenciana (83), Madrid (80), Murcia (72), Andalucía (65) y Castilla la Mancha (65).
Por su parte, Cataluña iguala la cifra del conjunto de España, mientras quedan por debajo Asturias (53), Navarra (50), Aragón (45), País Vasco (43), Cantabria (42), Castilla y León (41), La Rioja (34), Baleares (26) y la ya mencionada Extremadura.
Una atención aparte merece el caso de las ciudades autónomas de Melilla y Ceuta, en las que la gestión de las políticas activas recae en el mismo SEPE. Ambas quedan por encima de la ratio del total del territorio nacional, aunque presentan una enorme divergencia en sus resultados. Mientras en Melilla se publican una oferta por cada 246 parados registrados, en Ceuta cada una llega a 64 personas.
El precedente de una reforma incierta
Ante estos resultados, que cuestionan la eficacia de las políticas de empleo ante sus propios beneficiarios, el Gobierno central ha prometido reformas. Por ello la nueva Ley de Empleo contempla que las empresas comuniquen todas sus vacantes a los servicios de empleo. Lo justifica como un "ejercicio de transparencia" que permitirá mejorar el acceso al empleo y, además, hacer un "seguimiento efectivo" de las necesidades del mercado de trabajo.
Esta claridad es necesaria en un momento en el que muchos sectores, desde la hostelería a las empresas tecnológicas, se quejan de la falta de mano de obra mientras las vacantes de empleo solo llegan al 0,7% del total de los puestos.
Es decir, 133.988 vacantes según los últimos datos disponibles, correspondientes al cierre del primer trimestre. Una cifra que más que triplica las vacantes que contabilizan las oficinas públicas.
La reforma del Servicio Público de Empleo (SEPE) que ultima la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, no será la primera que intenta que las empresas compartan todas sus ofertas con las oficinas públicas. En 2014, el Gobierno de Mariano Rajoy puso en marcha el portal público Empleate.gob, para lo que contó con la participación de varios portales y agencias de colocación. Pero este proyecto de colaboración público-privada acabó teniendo unos resultados bastante modestos.
En el momento de redactar este artículo contaba con un stock de 23.319 ofertas para 70.496 puestos. Es decir, 20.500 más que las que registraron los servicios públicos en julio. Un empleo por cada 42 parado, aunque en sus ocho años de vida la página solo ha sumado 727.330 usuarios inscritos.
