La crítica más habitual a las oficinas públicas de empleo es que solo sirven para contar parados. Dicho de otra forma, que su única función es gestionar la inscripción y renovación de las demandas de empleo, trámite indispensable para cobrar una prestación o subsidio. Esta visión responde a sus pobres resultados en intermediación laboral, es decir, a la hora de poner en contacto a a las empresas que buscan trabajadores con los desempleados que buscan una oportunidad. Y los datos son contundentes.
Un 2,16% de los 1,67 millones de colocaciones registradas en mayo se logró gracias a una oferta gestionada por un servicio público de empleo.
Pero si restringimos el foco a las 866.081 colocaciones de personas inscritas efectivamente como demandantes de empleo (o en situación de baja de demanda inferior a 180 días), el porcentaje se eleva al 4,17%.
Hay que tener en cuenta que en mayo había 4,25 millones de personas apuntadas al paro como demandantes, aunque solo 2,92 figuraban en las estadísticas como parados registrados, propiamente dichos. Los datos mensuales publicados por el SEPE no desgranan cuántas colocaciones corresponden a unos y otros, aunque dan una valiosa información sobre la eficacia de la intermediación laboral.
Así, las diferencias atendiendo por franjas de edad son abultadas. Apenas un 0,78% del total de colocaciones de menores de 25 años se logró gracias a ofertas de los servicios públicos, un 2,33% en el caso de los apuntados al paro.
Pero para los mayores de 55 la tasa de intermediación oscila entre el 5,87% para el total de las colocaciones al 9,27% para los inscritos.
Este análisis requiere también un cotejo territorial, ya que las competencias en políticas activas de empleo, que incluyen la intermediación laboral, están transferidas a las comunidades autónomas. Una partida para la que, además de sus presupuestos propios, recibieron en 2022 una partida de 2.700 millones de euros del Estado, que incluye la contratación de miles de orientadores.
En ese caso, es Extremadura la comunidad donde los servicios públicos de empleo intermedian mejor, seguidos de Andalucía, a la que el Ministerio de Trabajo acaba de destinar un plan de empleo de 50 millones. En el extremo opuesto se sitúan Cataluña, Valencia.
Los datos del SEPE se reflejan también en los de la Encuesta de Población Activa: solo un 2% de los asalariados encontró su trabajo gracias a una oficina pública de empleo en 2021, la mitad que los que lo consiguieron gracias a una empresa de trabajo temporal.
Quizá este decepcionante desempleo explique por qué sólo un 22% de los parados acudió a una oficina pública para buscar empleo, según los datos de la Encuesta de Población Activa.
Ofertas sobre todo en el sector público
Hay que tener en cuenta que los servicios públicos de empleo no tienen entre sus prioridades la intermediación laboral directa, sino la formación y la atención especializada a colectivos con mayores dificultades. Ello explica en buena parte que funcionen 'mejor' entre los mayores de 55 años.
Pero hecha esta salvedad, lo cierto es que el número de ofertas que publican cada mes es inferior al de cualquier portal privado, De hecho, en un mes como mayo, marcado por la campaña veraniega, solo publicaron unas 72.308 ofertas, de las que solo 39.743, el 55% se tradujo en una colocación.
La mayoría de estas ofertas se vinculan al sector público (ya sea en Administración, o en sectores como la educación, la sanidad o los servicios sociales), con el 34% del total. Le sigue la Hostelería, que suma el 19,8% de las ofertas, aunque solo un 15% de ellas se tradujo en una colocación, el porcentaje más bajo entre todos los sectores.
Esta baja tasa de colocación hace que las empresas tampoco consideren atractivo publicar sus ofertas en los servicios públicos.
El Gobierno y las comunidades autónomas han intentado corregir este problema en varias ocasiones desde 2015, a través de acuerdos con portales de empleo con la intenció nde aprovechar el impulso de los medios digitales, pero con escaso éxito
La nueva Ley de Empleo que prepara el Ejecutivo para convertir el Servicio Público de Empleo Estatal en una "agencia estatal" cambia esa estrategia. Para ello incluye la obligación a las empresas de comunicar sus vacantes a los servicios de empleo.
Aparte de clarificar el volumen real de demanda de empleo, que ha provocado un amplio debate en los últimos meses, permitiría a las oficinas públicas mejorar estos decepcionantes datos de intermediación.
