El Ministerio de Trabajo ha acordado con las comunidades autónomas y los agentes sociales el reforzamiento de la orientación individualizada de los parados por medio de personal cualificado. A tal efecto aumentará el volumen de profesionales y creará la figura del Centro de Orientación, Emprendimiento e Innovación para el empleo cuyo objetivo es diseñar y evaluar programas de orientación, así como promover actuaciones de desarrollo y mejora de las actuaciones de orientación personalizada. Para promover estos cambios, el Ministerio de Trabajo contempla en sus presupuestos para el próximo año una partida de 551 millones de euros.
Estas reformas se articulan a través del Real Decreto que regula los programas comunes de activación para el empleo del Sistema Nacional de Empleo que fue aprobado en el Consejo General del Sistema Nacional de Empleo el 30 de septiembre y sometido a trámite de consulta pública que finalizó el 27 de noviembre. El texto será aprobado en Consejo de Ministros en las próximas semanas.
Desde 2008
Lola Santillana, secretaria de empleo, migraciones y cualificación profesional de CCOO, resalta la importancia de esta reforma del modelo de orientación de empleo, pues aunque la figura del orientador se incluye en el ordenamiento laboral en 2008, ha sufrido muchos altibajos. Con los gobiernos del PP desaparecieron y con la anterior ministra de Empleo, la socialista Magdalena Valerio, se aprobó la contratación de 3.000 orientadores.
Sin embargo, Santillana explica que estos 3.000 orientadores no están estructurados, trabajan por programas con temporalidad, pues están contratados por obra y servicio. Con la nueva ley, señala, se dará una estructura a los orientadores creando una red que no existe actualmente. Lo que implica que el Minsterio de Trabajo esté negociando con los ministerios de Función Pública y de Hacienda para poder estabilizar estas plazas.
Además, cada comunidad autónoma deberá actualizar sus RPT (Relación de Puestos de Trabajo) y sacar las plazas por oposición, pues aunque el dinero lo aporte el Ministerio de Trabajo a través de las partidas de políticas activas de empleo, son los gobiernos regionales los responsables de gestionar tales políticas, incluida la figura del orientador. Lo que implica voluntariedad.
Cada comunidad determinará si se quiere acoger a los nuevos planes de orientación. El borrador del Real Decreto establece que los Servicios Públicos de Empleo (autonómicos) "podrán" poner en marcha un Centro de Orientación. Con el fin de incentivar su creación se ha dotado de un "fondo de modernización" que costeará los gastos de funcionamiento e inversión que se deriven de la creación de dicho centro y de los planes anuales de trabajo que pongan en marcha.
Los dineros se repartirán según los criterios acordados en la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Sociales y con las cuantías y condiciones que se determinen en una próxima orden ministerial.
La futura norma atribuye siete funciones al centro de orientación. La primera es la evaluación de programas de orientación, de prospección e intermediación laboral y de emprendimiento que puedan calificarse de buenas prácticas, tanto respecto de programas propios para transferir su conocimiento al resto de Servicios Públicos de Empleo, como de programas externos para su aplicación, si procede, en su respectivo territorio.
Proyectos experimentales
La segunda es el diseño de acciones innovadoras y desarrollo de proyectos experimentales en materia de orientación y de prospección e intermediación laboral. La tercera el desarrollo y ejecución de un plan específico de formación permanente dirigido al personal del propio Servicio Público de Empleo que realiza funciones de orientación profesional para el empleo y de asistencia para el autoempleo, así como de prospección empresarial e intermediación laboral.
La cuarta función del centro de orientación es el diseño de modelos de emprendimiento y aplicación de proyectos piloto; la quinta el apoyo a la coordinación de los proyectos de emprendimiento asociados a la capitalización de la prestación por desempleo (pago único).
Las dos últimas atribuciones que establece el Real Decreto a los centros de Orientación son el seguimiento, con una visión integradora, de todas las actuaciones realizadas por los diferentes organismos competentes en materia de fomento del empleo autónomo, así como en materia de apoyo a la creación y al empleo en cooperativas y sociedades laborales, dentro del mismo ámbito de actuación.
Y, para cerrar, la interlocución con las asociaciones representativas, en el correspondiente ámbito territorial, de trabajadores autónomos y de la economía social, sin perjuicio de la que pudiera mantener con otros agentes económicos y sociales en el ámbito de la orientación e innovación para el empleo.
Desde el Ministerio de Trabajo entienden que con las nuevas directrices en política de orientación individualiza se abordan elementos esenciales que están pendientes de desarrollar como la atención personalizada, los itinerarios individualizados de los desempleados y el desarrollo y cualificación de los propios orientadores.
Y para no demorarse, sus objetivos son poner en marcha este año 20 centros y 10 planes de trabajo.
Este año se contratarán 394 nuevos inspectores de Trabajo
La ministra de Trabajo anunció esta misma semana que el Organismo autónomo de la Inspección de Trabajo ampliará en 394 profesionales las diferentes categorías de la actividad inspectora. Según Joaquín Pérez Rey, secretario de Estado, serán 214 funcionarios de carrera, 180 más en prácticas y 55 funcionarios de los cuerpos generales (suman 349). Desde las organizaciones de los Inspectores se viene reclamando durante años la ampliación de la dotación. Ana Ercoreca, presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, ha remarcado en varias ocasiones que la actual plantilla de 965 inspectores es insuficiente para poder hacer frente a la carga de trabajo que tienen. Sin embargo, en su opinión, no sólo es preciso aumentar el personal, también hay que revisar los niveles y las funciones, pues los inspectores entran actualmente con un nivel 26, aunque hacen las mismas funciones que los actuales con un nivel 27. Lo que en salario, supone 300 euros menos al mes.
