Economía

Las comunidades autónomas se quedaron sorprendidas por la pretensión de la ministra de Trabajo, actual vicepresidenta tercera, Yolanda Díaz, de que firmasen una declaración institucional en apoyo de las nuevas políticas activas de empleo que tiene previsto aprobar en breve, según explican fuentes de las comunidades y se constata en el borrador de la declaración al que ha tenido acceso elEconomista. Sin embargo, finalmente Díaz ha retirado hace unos días su propuesta de declaración institucional conjunta.

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Los síntomas de empeoramiento de la Economía en el primer trimestre del año se siguen acumulando. Si el promedio de empresas de un solo trabajador registradas en 2020 marcó un mínimo desde la última crisis económica, con un descenso anual del 6,4%, la tendencia ha continuado este año. Como resultado, entre febrero de este año y el de 2020, antes del inicio del confinamiento, se han destruido 110.793 de estas microempresas.

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La vicepresidenta segunda y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviña, reconoció el pasado viernes durante la presentación de las nuevas previsiones económicas para este año y el próximo, que el impacto de los fondos comunitarios sobre el PIB será en 2021 inferior a los 2,6 puntos porcentuales previstos anteriormente. Aunque la ministra no quiso dar una cifra del efecto en este año, dejó claro que se colocará por debajo del 2%. Pero el retraso que se está produciendo en la inyección de los fondos comunitarios afectará también a cerca de 3.000 millones de euros comprometidos en transferencias directas a empresas privadas que están contempladas en los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Son en su gran mayoría de capital, pero también algunas corrientes.

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La negociación para la prórroga de los Ertes, que finalizan el 31 de mayo, se presenta complicada. Todo apunta a que los tipos de expedientes que rigen hoy quizás no se adecuen a la situación económica y sanitaria que se prevé para los próximos meses, aunque no hay acuerdo sobre cuál ha de ser el modelo que sustituya al actual. Sí parece más seguro que la prórroga, que el Gobierno ya ha confirmado, podría alargarse hasta final de año.

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La reforma laboral puesta en marcha por Yolanda Díaz ha venido a tensar las relaciones entre empresarios y sindicatos, entre estos con varios ministerios y también dentro del seno del Consejo de Ministros. El calendario para ir abordando las diversas materias es la parte visible del conflicto, aunque el trasfondo es la oposición de los empresarios a abordar los aspectos de la llamada contrarreforma -prevalecía del convenio de empresa y las subcontratas- que ha sido el primer paquete de negociación puesto en la mesa.

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Entre 80.000 y 150.000 personas sufrirán retrasos este mes de abril en el cobro de las prestaciones por desempleo, según declaran fuentes sindicales a eE. Se trata de desempleados que solicitaron las prestaciones en las oficinas del Sepe durante los cuatro días en los que el ciberataque a este organismo lo dejó totalmente inoperativo. Desde el Ministerio de Trabajo declaran que "el ciberataque no ha ocasionado retrasos, que se han enviado los ficheros de nóminas a los bancos y que se mantienen las ventanas de pago como hasta ahora".

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La vicepresidenta segunda y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, reconoce que la pandemia y los factores meteorológicos llevarán a una revisión a la baja de las previsiones económicas del Gobierno para 2021 en declaraciones a RNE. No obstante, precisa que "en el otro lado de la balanza" hay indicadores positivos, como la recuperación mundial y programas de estímulos como el de EEUU, que impactarán favorablemente en la segunda parte del año.

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La gran patronal del sector del metal, Confemetal, ha realizado un informe tras consultar a sus 78 organizaciones para detectar los riesgos con los que se enfrentan sus empresas en este inicio del año. Y entre las principales problemáticas señalan las dificultades de aprovisionamiento que están sufriendo la mayoría de subsectores y un contrastado aumento de los precios de las materias primas. El impacto del bloqueo del canal de Suez ha contribuido a empeorar, pues algunas de las causas que generan aumentos de precios y desabastecimiento se producen por problemas logísticos y de transporte.

A finales del año pasado había en España 2,8 millones de españoles (el 14,5% del total de la población ocupada) que trabajaban en un empleo a tiempo parcial. Las personas con esta modalidad contractual se redujeron en 145.700 respecto al mismo periodo del año anterior e, igualmente, bajó el peso sobre el total de ocupados, pues en el cuarto trimestre de 2019 fue el 14,75%. Sin embargo, lo que sí ha crecido es el peso de las personas que teniendo un empleo a tiempo parcial querrían trabajar con un contrato a tiempo completo.

Las malas perspectivas económicas están haciendo mella en los salarios: los 1.715 convenios con efectos para este año establecen en el acumulado de los dos primeros meses del año una subida del 1,45%, casi medio punto por debajo del cierre del año pasado que registró un incremento pactado del 1,89%. De todas formas, se ha producido un ligero repunte en lo que va de año: en febrero la subida media se situó en el 1,44% y en el acumulado de febrero, sube al 1,45%.