El Gobierno fija el crecimiento de la economía para el próximo año en un 7,2% (tras una caída prevista del 11,2% este año), aunque si contabiliza los 27.400 millones de euros de transferencias comunitarias que piensa incluir como gasto en los presupuestos de 2021, el PIB aumentará un 9,8%. Es decir, atribuye un impacto de 2,6 puntos porcentuales (pp) a los fondos New Generation UE. Un cálculo que se coloca por encima de las previsiones que realizan para el año que viene organismos internacionales y nacionales, así como los departamentos de análisis macroeconómico.

Economía

La ministra de Economía y vicepresidenta tercera, Nadia Calviño, está negociando con la Comisión Europea (CE) que el dinero que el Tesoro pida el próximo año a los mercados para cubrir parte de los 27.400 millones de euros que se incluirán en los Presupuestos como fondos comunitarios no sean computados como deuda pública, según informan a eE fuentes de Economía.

Diálogo Social

El Ministerio de Trabajo tenía la intención de regular la relación laboral de los repartidores, conocidos como riders, antes de que finalizase el año. Y su intención era hacerlo a través del diálogo social con empresarios y sindicatos. Sin embargo, estos han planteado esta mañana en la primera reunión, que su intención es entrar a debatir la relación laboral del conjunto de las plataformas digitales y no sólo la de los mensajeros.

El Gobierno ha comunicado a Bruselas a través del plan Presupuestario que en los próximos tres años las inversiones ligadas a los fondos del plan de recuperación New Generation UE se limitarán a los 70.000 millones de euros de transferencias directas, ayudas a fondo perdido, y que pospondrá el uso de los créditos -con condicionantes- por otros 70.000 millones, al trienio 2023 a 2026. De hecho, la ministra de Economía, Nadia Calviño, precisó este lunes en RNE que sólo recurrirán "si es necesario pedir créditos más adelante, en una segunda fase".

ECONOMÍA

Uno de los secretos mejor guardados sobre el impacto económico de la pandemia en las cuentas de la Seguridad Social fue revelado por el Gobierno en la hoja de ruta presupuestaria enviada a Bruselas esta semana: el coste para el Estado de las exoneraciones de cotización para empresas y autónomos ascenderá este año a los 9.225 millones de euros. Concretamente, no se trata de un desembolso sino que este es el dinero que espera dejar de ingresar en el Sistema la Seguridad Social por las diferentes medidas de apoyo impulsadas en los peores meses de la pandemia para mitigar la destrucción de empleo y la erosión del tejido productivo.

Los ingresos del Estado descenderán este año casi 27.500 millones de euros en relación con los obtenidos el pasado 2019, lo que implica una caída del 5,6%, según se recoge en el documento del Plan Presupuestario 2021 que remitió el Gobierno a la Comisión Europea (CE) el pasado jueves. En total, el Estado prevé unas aportaciones a las arcas este año de 460.391 millones de euros.

Plan presupuestario

El Gobierno ha dicho a la Comisión Europea que adoptará un paquete de medidas fiscales que supondrán unos ingresos adicionales de 6.847 millones de euros para el 2021 y otros 2.323 millones el próximo año. Un total 9.170 millones según el Plan Presupuestario que el Ministerio de Hacienda remitió ayer a Bruselas. Algunas medidas ya eran conocidas, incluso su impacto recaudatorio; sin embargo, La Moncloa no detalla a la Comisión Europea cómo se actuará en los grandes impuestos, aunque sí especifica cuánto se obtendrá de ellos. De esta manera, el Gobierno no se ata las manos para poder negociar los Presupuestos Generales, primero con su socio Podemos, y luego con otras fuerzas políticas.

A partir de este martes, cualquier teletrabajador ya puede pedir a su empresa que le dote de los medios, equipos, herramientas y consumibles que exige el desarrollo de su trabajo a distancia. Y es que ya se cumplían los 20 días para que entrara en vigor el RDL de trabajo a distancia. La norma trae consigo, además, la aparición de una nueva infracción en el Orden de lo Social, pues las empresas que no formalicen en el contrato de sus teletrabajadores el acuerdo de trabajo a distancia incurrirán en una infracción grave que puede acarrear una sanción que varía entre los 626 y los 6.250 euros. Bien es cierto, según los laboralistas consultados por eE, que esta sanción es improbable que se dé de forma inmediata, pues existen varios periodos transitorios para adaptarse a esta exigencia.

Economía

Los agentes sociales, tanto empresarios como sindicatos, llevan un par de años reclamando la reforma de la Ley 30/2015 por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral por su excesiva rigidez. La exigencia de someter a control posterior las acciones formativas está provocando que el 20% de las cuotas que cada año aportan las empresas para formación queden sin cubrir, según señala a eE Sebastián Pacheco, secretario de Formación de UGT.

Economí

El Ministerio de Trabajo repesca una figura que, existente en la normativa laboral, hace tiempo que no se aplica. Está negociando con empresarios y sindicatos la convocatoria de cursos para 2020 y el próximo 2021 con compromiso de contratación. El Estado financiará la formación en empresas de sectores estratégicos que tengan dificultades para cubrir ciertos perfiles con escasez de profesionales inscritos en los servicios públicos de empleo y, a cambio, se comprometen a quedarse como mínimo con el 40% de los participantes de los cursos al menos durante seis meses.