La vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado hoy tras el Consejo de Gobierno un Plan de Empleo para la comunidad de Andalucía dotado con 50 millones de euros para parados mayores de 45 años y de larga duración. Un dinero que se suma a otros 50 millones incluidos en los presupuestos de 2021 y que se van a aplicar, todo junto, a un plan de incentivos a la contratación. Esos primeros 50 millones procedían de una vieja promesa: el 23 de de julio de 2018 el presidente Pedro Sánchez se los ofreció a Susana Díaz. Un compromiso en los meses previos a las pasadas autonómicas de 2018 y que fue usado por la entonces lideresa como munición electoral. El dinero no llegó hasta tres años después y se va a gastar ahora junto a los nuevos 50 millones, que estaban incluidos en los presupuestos para 2022 aprobados el 28 de diciembre pasado.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Díaz ha justificado esta medida en las elevadas tasas de paro que registra esta comunidad, "19,5%" frente al "13,6%" de la media nacional, según ha afirmado. También ha hecho hincapié en que el paro juvenil en Andalucía "supera en casi seis puntos" la tasa española.
Así, ha indicado que el Gobierno "vuelve a volcarse con 50 millones de euros" para este plan de empleo, al igual que hizo el año pasado, según ha recordado. En este sentido ha apuntado que el objetivo es mejorar las posibilidades de encontrar un trabajo de los parados de larga duración, "un auténtico drama", según lo ha calificado, de mayores de 55 años -"especialmente las mujeres"- y también los jóvenes.
Horas después de que Díaz anunciase el plan, el delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, ha instado a la Junta a que "de forma inmediata active todos los mecanismos necesarios" para acogerse al nuevo plan de empleo específico para la comunidad dotado con 50 millones de euros para mejorar la empleabilidad de parados de larga duración, mayores de 45 años y jóvenes.
Un plan de largo recorrido
Después de la promesa de Pedro Sánchez en verano de 2018 -en una reunión con Susana Díaz en la Moncloa que sirvió para reconducir el enfrentamiento entre ambos- el ejecutivo central incluyó en los presupuestos de 2019 que el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) destinase 50 millones de euros para la financiación del Plan Especial de Empleo de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Con el PSOE y un buen número de alcaldes socialistas exigiendo constantemente a la Junta de Andalucía que pusiera en marcha nuevos planes de empleo en la comunidad, no hubo noticias de este proyecto del ejecutivo central hasta julio de 2021, cuando el Consejo de Ministros aprobó a propuesta del Ministerio de Trabajo y Economía Social, autorizar al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) la concesión de una subvención de 50.000.000 euros a la Comunidad Autónoma de Andalucía para el desarrollo de un Plan Integral de Empleo de Andalucía.
Objetivos
El plan se debería dedicar a poner en práctica actuaciones de apoyo a la inserción de las personas desempleadas basadas en la información, orientación profesional, motivación, asesoramiento, diagnóstico y determinación del perfil profesional de manera personalizada.
La Consejería de Empleo firmó un convenio con el Ministerio, que transfirió finalmente los fondos.
Nuevos planes de empleo
En realidad, el concepto de planes de empleo ha cambiado desde el cambio de gobierno.
En 2014 el ejecutivo socialista lanzó con esta denominación una política activa de empleo financiada desde el SAE: sin un criterio objetivo claro se asignaba a cada ayuntamiento andaluz una cantidad para incentivos a la contratación de personas. Contratos de pocos meses para mano de obra de escasa cualificación en obras menores (acerados, reformas en inmuebles municipales …) en su mayor parte.
Ejecutivos anteriores destinaron a planes de empleo poco eficaces 780 millones de euros
En diversas ediciones de 2014, 2016 y 2018 se empleó así a miles de personas que generaron luego derecho a prestación. Fueron la medida estrella en Empleo de las administraciones de Griñán y Díaz. Les destinaron más de 780 millones de euros, hasta el punto de dejar prácticamente agotado el fondo europeo del que se nutrían, al tiempo que a causa de escándalos de corrupción se abandonaban otras políticas activas como la formación profesional para el empleo (Andalucía devolvió más de 1.000 millones de euros sin ejecutar).
Poco eficaces
Pero hasta la Cámara de Cuentas señaló que los planes de empleo carecían de un plan de seguimiento y de un sistema de evaluación adecuado para medir su eficacia.
En 2020, al inicio de la pandemia, el actual ejecutivo reeditó un nuevo plan de empleo, el Aire, como solución a corto plazo para miles de trabajadores afectados por la crisis del Covid. Este plan sí incluía medidas de evaluación y seguimiento, así como otras mejoras en la financiación. Pero la consejera Rocío Blanco siempre ha incidido en su apuesta por otras políticas activas más eficaces, justificando el Aire en la pandemia y la situación excepcional generada.
Este dinero del Gobierno central no se canalizará ahora vía ayuntamientos para incentivos a la contratación de pocos meses, sino para incentivos a la contratación estable (un plan de 170 millones de euros que se presentará la próxima semana) en empresas que la Junta tiene ya en preparación y que podrá ejecutarse tan pronto ambos ejecutivos firmen un convenio para la nueva partida.
En las cuentas de Empleo se razona además que la cuantía de la ayuda es discriminatoria para Andalucía, pues si se compara con lo recibido por Canarias o Extremadura para otros planes regionales faltarían 94 millones de euros, atendiendo al número de parados andaluces en comparación con estas comunidades.
