La entrada en vigor de la reforma laboral ha llevado a un incremento sin precedentes del empleo indefinido, pero también de su inestabilidad. Y no solo por la volatilidad de los fijos discontinuos: si comparamos los datos de junio de 2025 con los del mismo mes de 2019 se aprecia que los ordinarios también han experimentado un repunte del riesgo de ser despedidos. Sus bajas por esta causa han aumentado un notable 147% en este periodo, pasando de 35.305 a 87.396 en cifras mensuales y 474.362 en los seis primeros meses del año. Pero hay otro supuesto que ha crecido con una mayor intensidad: las salidas por no superar el periodo de prueba. Se han disparado un 542% respecto a junio de hace 6 años, de 11.135 a 71.575 y 350.459 en el primer semestre de 2025 Esto se traduce en que el 45% de los ceses salen completamente 'gratis' a la empresa, cuando antes del cambio legal apenas llegaban al 24%.

El ritmo del mercado laboral español sigue marcado por la estacionalidad, algo que destaca especialmente en los meses de junio y septiembre, en los que se produce el mayor cruce de altas y bajas de afiliación ligadas a la estacionalidad. Algo que la reforma laboral parece lejos de corregir: precisamente en el sexto mes de 2025 se alcanzó una cifra de 1,81 millones de salidas de la ocupación asociadas directamente a esta causa. Supone un 6,6% más que hace un año y el segundo mayor dato de toda la serie histórica, después de 2019. Eso sí, la pérdida de empleos queda disimulada porque el 40% corresponde al pase a la inactividad de fijos discontinuos.

El pluriempleo suele considerarse sinónimo de precariedad o incluso pobreza laboral: trabajadores que deben tener más de un empleo para poder llegar a fin de mes. Los datos de Seguridad Social afloran una media de 847.150 "trabajadores en pluriactividad" al mes 2024, el 4% del total y la cifra más alta de la serie histórica. Pero este dato encierra una sorpresa inquietante que eleva las dudas sobre la calidad del mercado laboral: su 'récord' respecto a los máximos anteriores a la Gran Recesión multiplica por cinco el logrado por el empleo convencional.

El mayor éxito económico de los Gobiernos de Pedro Sánchez fue, sin duda, la reforma laboral de 2021. Una norma que ha conseguido reducir del 32% al 13,6% la tasa de temporalidad de los asalariados y disparar un 36,6% el número de trabajadores con un contrato indefinido. Los datos parecen contundentes, pero no evitan una pregunta incómoda: ¿hasta qué punto ha mejorado la estabilidad real de los empleos? En otras palabras, ¿han heredado estos nuevos indefinidos la precariedad de los eventuales que han sustituido? Un análisis de la Seguridad Social permite encontrar una respuesta: entre 2019 y 2024, la duración media de un empleo ha pasado de 189 a 240 días. Una diferencia de 51 días, menos de dos meses.

La respuesta del presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, ante el repunte de las cifras de paro, cesar a la funcionaria responsable de la elaboración de estas estadísticas, la comisionada de la Bureau of Labor Statistics (BLS) Erika McEntarfer, ha supuesto un terremoto que afecta a una cuestión también sensible en nuestro país: la fiabilidad de los datos del mercado laboral. ¿Podría ocurrir algo así en España? ¿Y qué efectos tendría? ¿Hasta qué punto tiene poder los políticos españoles para cambiar los datos que no les gustan?