Periodista y escritor. Entre apocalípticos e integrados, lo mío es abordar el presente y el futuro del empleo con acento crítico y sin 'hype'.

El debate por el impacto de las ausencias de trabajadores en su puesto de trabajo no es precisamente nuevo. Siempre han generado datos y titulares muy llamativos que las mutuas y empresas utilizan para reforzar una demanda de cambios legales y burocráticos que puede estar justificada, pero que cada vez es peor recibida por la opinión pública a la que apela. En buena parte es por el uso del término "absentismo" cuando el foco se pone en las bajas médicas plenamente justificadas. Una polémica que, especialmente desde la pandemia, se ha agravado por el creciente peso de la incapacidad temporal ligada a la salud mental y ante la que ciertas retóricas se han vuelto contraproducentes.

¿Quién dimite en España? En los cuatro primeros meses del año la Seguridad Social registró 893.269 bajas voluntarias de afiliación, un 99% más que en el mismo periodo de 2021 y un 47% más que en 2019, pero sabemos poco a ciencia cierta sobre los protagonistas, más allá de que la mayoría tiene un contrato indefinido, grupo que se ha disparado un 197% respecto a hace seis años. Un reciente estudio ha tratado de poner rostro a estos 'fugitivos' y revela varias claves sobre sus características. La principal, que la tasa de renuncias de los extranjeros multiplica por 2,7 a la de los españoles. Lo cual es un problema para el sector en el que los foráneos tienen mayor presencia: la hostelería. Que también es el que más dimisiones sufre y denuncia las mayores dificultades para encontrar trabajadores.

El 94,5% de las personas ocupadas en el último trimestre del año seguían trabajando en el primero, según los últimos datos de la Estadística de Flujos de la Población Activa (EFPA). Un indicador que se sitúa en niveles máximos de la serie histórica, algo que se podría interpretar como un éxito de la última reforma laboral, si no fuera porque el dato sigue lastrado por una elevada volatilidad que hace que el registro de nuestro país se mantenga entre los peores de la Unión Europea. De hecho, pese al récord de contratación fija es el mercado laboral que más trabajadores manda directamente al paro cada trimestre.

¿Cuántas personas desempleadas en España renuncian a buscar trabajo porque no creen que vayan a encontrarlo y son 'borradas' de las estadísticas de paro? La pregunta es relevante, porque esta cifra es una de las variables que puede llevar a sorpresas en las tasas de paro y ocupación: el denominado 'efecto desánimo'. Sin embargo, los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) apuntan a que este factor tiene un peso muy limitado en el mercado laboral: son solo 125.600, el 0,72% de los 17,4 millones de inactivos, y marcan mínimos de los últimos 20 años. Aunque no son los únicos excluidos de la definición habitual de desempleo.

La base de cotización media de los asalariados españoles, es decir, la remuneración total que perciben cada mes ha crecido un 26,9% desde enero de 2018 a diciembre de 2024, pasando de 1.772,53 a 2.249,93 euros mensuales. El grupo de edad que ha registrado un mayor incremento es el de los jóvenes menores de 25 años, con un 41,1%: en casi siete años ha pasado de 888,3 euros a 1.254,60 euros. Sin embargo, su brecha frente al resto apenas se ha reducido. Si en 2018 ganaban un 49,9% menos que la media, ahora sus ingresos siguen siendo un 44,2% inferiores. Y no solo eso: la promesa de compensar con creces este desfase inicial con unos ingresos mucho mayores a lo largo de su carrera profesional, el denominado ascensor salarial, ha perdido fuerza y la expectativa futura de mejora retributiva de un trabajador junior ya no supera el 50%.

Pese a las buenas perspectivas económicas y de creación de puestos de trabajo, el desempleo sigue sin romper la barrera de la referencia a 2008, el último ejercicio previo al estallido de la Gran Dimisión. El pasado mayo se contabilizaron 2,45 millones de parados registrados, todavía un 4,3% por encima de los del mismo mes de hace 17 años. Pero en ese tiempo han crecido mucho más los inscritos en los servicios públicos de empleo que no se consideran parte del desempleo. El pasado mes alcanzaron la cifra de 1,71 millones, un 73% más que antes de la crisis y un 29% desde 2022, cuando la reforma laboral apenas llevaba dos meses en vigor. Suman el 41,1% del total de demandantes de empleo, un umbral que hasta ahora solo se había superado por la pandemia.

Una de las principales polémicas sobre las estadísticas públicas del SEPE se centra en las personas apuntadas en los servicios públicos que se consideran ocupadas. En mayo se situaron en 1,14 millones. La mayoría, 669.209, son demandantes con relación laboral, grupo en el que se cuenta a los fijos discontinuos que se inscriben al pasar a la inactividad, una categoría que se ha disparado un 189,7% desde la reforma laboral y que fundamenta las sospechas sobre un 'maquillaje' del paro. Pero este debate obvia la situación de otras 468.004 personas, que sí serían ocupados y que se encomiendan a las oficinas públicas para buscar otro empleo que sustituya o que complemente al actual.

El Ministerio de Trabajo y Economía Social anunciaba este martes que los beneficiarios de prestaciones por desempleo se sitúan en 1.515.513 en abril, lo que supone un espectacular descenso del 12,7% con respecto a hace un año. Pero esta cifra, que también reflejan el resto de las series estadísticas recogidas en la web del departamento que dirige Yolanda Díaz, no coincide con la que publica el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) para el mismo mes, que resulta muy superior: 1.739.801, un 0,24% más que hace un año. La 'brecha' de 224.288 personas entre ambos datos revela un problema burocrático que se arrastra desde hace ya un año.

Las empresas de trabajo temporal no solo se han adaptado a las limitaciones impuestas por la reforma laboral a la contratación eventual, sino que parecen haber salido reforzadas. Hasta el punto de que el pasado mes de marzo registraron 342.953 contratos de puesta a disposición con 199.161 trabajadores cedidos, máximos de la serie histórica para ese mes. El 42,7% de estos contratos corresponden a fijos discontinuos. Aunque aún más sorprendente es que los afiliados a la Seguridad Social que trabajan para estas ETTs se han disparado un 30,9% en el primer trimestre del año respecto al mismo periodo de 2024.

Cuando se habla de uso de algoritmos en la organización del trabajo, la mayoría de los analistas del mercado laboral piensa en los riders, los repartidores cuyo trabajo se organiza, dirige y evalúa de a través de plataformas y aplicaciones digitales. Pero esta visión se queda muy corta ante el auge que están teniendo este tipo de herramientas en todos los sectores. Según un reciente estudio de la OCDE, el 78% de las empresas de nuestro país ya utiliza al menos una de ellas.