
El primer semestre del año se ha saldado con un total de 1,48 millones de bajas de afiliación a la Seguridad Social por dimisión, un 6,6% más que hace un año y un nuevo récord de la serie histórica. El 76,7% corresponde a asalariados con un contrato indefinido, que suman 1,14 millones, el triple que antes de la reforma laboral. Esta evolución supone un cambio de paradigma que se ha convertido en un quebradero de cabeza para miles de empresas, que ven cómo retener a sus trabajadores se ha convertido en un desafío.
El fenómeno de las renuncias en nuestro país resulta sorprendente si tenemos en cuenta la elevada tasa de paro: las dificultades para encontrar un empleo suponen un incentivo para la permanencia en el puesto, sobre todo si este se rige por un contrato indefinido. Sin embargo, las renuncias son la segunda causa de extinción de un empleo tras la finalización (por cumplir la duración determinada) de un contrato temporal, y la primera entre los fijos.
La tendencia es compatible con el aumento de las vacantes por cubrir. Aunque este indicador, que se extrae de la Encuesta Trimestral de Costes Laborales, es anormalmente bajo en España en relación con otros países europeos —como hemos contado en elEconomista.es— también está en máximos de la serie histórica, pese a la existencia de 2,4 millones de parados, que es el indicador de mano de obra disponible por excelencia.
¿Significan estos datos que en España hay una fuga de trabajadores sin precedentes? Sí y no. En las series publicadas por la Tesorería General, que se remontan a 2012 aunque no recogen datos comparables hasta 2013, no existen precedentes para las cifras actuales. Ahora bien, en 2019, último ejercicio comparable antes de la pandemia, las dimisiones en el primer semestre rompieron ya la barrera del millón, con dos millones de afiliados al Régimen General en 2020. Parece lógico que, al haber más asalariados, su tasa de renuncias también se incremente.
Sin embargo, lo extraño es que este incremento de las dimisiones se ha visto acompañado de un giro radical en su composición. Si en 2019 el 36% de las bajas correspondía a indefinidos, ahora el porcentaje llega al 76,6%. Y esto es algo que ha sorprendido tanto a analistas como a los propios empleadores.
La reforma laboral ha elevado del 61,7% al 77,9% el porcentaje de afiliados al Régimen General con un contrato indefinido. Un incremento más que notable, pero que no explica que su peso entre las renuncias se haya multiplicado por dos. A no ser que algo ocurra con los nuevos contratos indefinidos que los haya hecho más susceptibles de dimitir.
Desmontando las renuncias
Antes de la reforma, el grueso de las renuncias se concentraba en los temporales. Algo lógico: tenían menos que perder que un indefinido, ya que sus contratos con fecha de caducidad apenas tenían antigüedad (con lo que sus indemnizaciones al caducar, tasadas por ley en 12 días por año, eran muy bajas) y, en muchos casos, ni siquiera habían acumulado cotización suficiente para cobrar una prestación por desempleo. Esto les hacía más proclives a renunciar, ya fuera por otro trabajo u otras causas, como las responsabilidades familiares.
¿Pero qué ocurre si esos empleos más volátiles se mantienen en las mismas condiciones laborales y salariales, pero ahora con contratos estables? Algo impensable: las dimisiones se disparan entre los indefinidos.
Diversos análisis plantean que las dimisiones no se concentran en quienes ya tenían un contrato estable antes de la reforma (por ejemplo, que la duración media de los empleos crece), sino en los nuevos contratados, que al tener más opciones que antes también tienen menos incentivos para aguantar unas condiciones que no les interesan.
Antes de la reforma, resultaría impensable que alguien que ha logrado un contrato indefinido lo dejara por otro temporal. Pero cuando la alternativa es otro contrato fijo, la cosa cambia. De esta forma, las renuncias serían otro síntoma de la volatilidad del mercado laboral.
Sin embargo, hay un factor adicional que puede explicar este repunte: los fijos discontinuos. Como hemos contado también en elEconomista.es, el pase a la inactividad de un trabajador con este tipo de puesto es la segunda causa de baja de afiliación para el total de los trabajadores y la primera entre los indefinidos. Eso sí, no se considera extinción de empleo porque el contrato sigue vigente, a la espera de que la empresa vuelva a llamar al trabajador. En el primer semestre se produjeron 2,45 millones de bajas por este motivo, 718.485 solo en junio.
¿Qué ocurre si el trabajador rechaza incorporarse? En ese caso, la empresa lo notifica a la Seguridad Social como una baja voluntaria, una dimisión. Aunque los datos de la Tesorería no precisan este supuesto, es factible que un porcentaje relevante de las renuncias corresponda a estos casos.
El hecho de que las dimisiones se concentren en puestos temporales transformados en indefinidos o fijo discontinuo por imperativo legal, pero no porque hayan ganado valor añadido o cambiado sus condiciones, explicaría la volatilidad y alejaría la idea más 'romántica' de que las renuncias se deben a un cambio de mentalidad de los trabajadores: la mentalidad es la misma que en 2019 y el tipo de puestos también; lo que ha cambiado es el tipo de contrato que se firma.
Pero supone un problema para las empresas. El coste de contratar a un fijo es mayor que el de un temporal (la indemnización en caso de despido escala a 20 o 33 días por año, según el tipo de cese), lo que obliga a un tipo de organización del trabajo pensada para el medio y largo plazo. Pero ahora los trabajadores son más propensos a irse o, en el caso de los fijos discontinuos, a no incorporarse, más de lo que eran antes de la reforma. Esto explicaría que el número de vacantes se mantenga elevado y que este inesperado recalentamiento del mercado laboral español siga lejos de apaciguarse.
De hecho, aunque el indicador de vacantes en España que elabora el INE es problemático porque viene sesgados por el desproporcionando peso del sector público, lo que se aprecia es que los sectores en los que más han crecido con relación a 2019 son la logística (191,4%), los servicios auxiliares (86,1%) y la hostelería (85,9%), todos ellos muy por encima de la media del 54,5%. Una tendencia que confirma que los sectores que más han transformado su modelo de contratación con el cambio legal están también entre los más sorprendidos por el cambio de eje de las renuncias.
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