Condenados al paro 'extremo': máximo histórico de mayores de 50 años que cobran un subsidio

Los parados mayores de 50 años que cobran un subsidio por desempleo alcanzaron los 545.686 en junio, un 4,9% más que hace un año y la cifra más alta de la serie histórica al cierre del primer semestre del año. La gran mayoría, 455.806 (un 83,5% del total), cobraban el subsidio para mayores de 52 años, el único que se puede seguir percibiendo hasta que el desempleado se jubila. Y esta es la expectativa la que se ven abocados cada vez más desempleados que se confirman como las principales víctimas de un desempleo de duración 'extrema' que supera con creces el umbral del año a partir del que las oportunidades de volver a encontrar empleo se diluyen.

Tras una accidentada tramitación política, la reforma el nivel asistencial de la protección por desempleo que entró en vigor en noviembre del pasado año pretendía convertir las ayudas por desempleo en un incentivo para la búsqueda de empleo. Pero, pese al descenso del paro en el último año, el número de beneficiarios de prestaciones contributivas ha crecido un 4,8%, hasta los 788.916, y los beneficiarios de subsidios un 9,6%, hasta 766.511, mientras el gasto en ambas se ha disparado un 7,85% y un 8,9%, respectivamente.

A ello hay que sumar las diferentes ayudas a los trabajadores del campo (6.385 computan como beneficiarios de prestaciones contributivas y 136.450 de subsidios y rentas agrarias), así como los 27.122 beneficiarios de la renta activa de inserción, que elevan los beneficiarios del denominado nivel contributivo a 795.301 y los del asistencial a 902.961, lo que da un total de 1,7 millones de beneficiarios. Pero esto última cifra solo es un 1,5% superior a la de hace un año.

Esto supone que, en el nutrido colectivo de beneficiarios de ayudas del SEPE, los únicos que han aumentado son los que acceden a las ayudas directamente tras perder un empleo, especialmente los que perciben las ayudas de menor cuantía: los subsidios. Un grupo claramente dominado por los séniors. Pero esta tendencia no es nueva; de hecho, se arrastra desde la Gran Recesión.

Durante la crisis financiera, el paro de larga duración se disparó en todas las franjas de edad, lo que llevó a que, para 2009, hubiera muchos menores de 50 años que también cobraban el subsidio. Pero mientras los primeros descendieron según la economía empezó a recuperarse y cayó el paro, con los segundos ocurrió exactamente lo contrario: aumentaron. Y no hablamos solo de paro de larga duración, como se considera el que supera un año, sino de muy larga duración o incluso 'extrema'. No olvidemos que solo se accede al nivel asistencial tras haber agotado la prestación por desempleo, que puede percibirse durante dos años.

Esta tendencia se puede achacar a factores como el envejecimiento demográfico, pero también a que modelo económico con el que España empieza a salir de la crisis no es propicio para el empleo sénior. Se da una tormenta perfecta en la que los afectados por los despidos durante la crisis en sectores como la construcción y el financiero se encuentran con que el giro del mercado laboral hacia servicios de menor valor añadido, como el turismo, que tiran de trabajadores más jóvenes, les deja fuera de juego.

Lo sorprendente es que el incremento de los beneficiarios de subsidios coincide con un retroceso de los de prestaciones contributivas. ¿Cómo se explica esta contradicción? Porque el aumento de los beneficiarios no se debe tanto a un incremento de los despidos (que justificarían nuevas prestaciones) como a un estancamiento del paro de larga duración que está elevando la factura del desempleo, tanto en términos humanos como presupuestarios.

Peor calidad de la protección por desempleo

Esta falta de oportunidades se traduce en que hay casi el doble de mayores de 50 años cobrando un subsidio que una prestación por desempleo. Entre los menores de esa edad, la proporción es la inversa: el número de beneficiarios del nivel asistencial apenas llegan a la mitad de los que reciben el contributivo.

Ello supone la calidad de la protección por desempleo de los sénior es peor, aunque como contrapartida la mayoría la perciben durante mucho más tiempo. Aunque no es un beneficio, ya que se debe a que tienen menos expectativas de volver a encontrar trabajo: no olvidemos que ocho de cada diez cobran la modalidad para mayores de 52 años.

Una de las principales novedades de la reforma era un incremento de la cuantía inicial de los subsidios por desempleo a 570 euros (o 95% del IPREM) los primeros 180 días, para bajar a 540 euros (90% del IPREM) los siguientes 180 días y a 480 euros (80% del IPREM) a partir de ahí y hasta que se agota, dentro de una duración máxima de 30 meses. Pero esto no se aplica a los subsidios para mayores de 52 años.

Hagamos algunos cálculos: de los 788.916 beneficiarios de subsidios, 455.806 (el 57,7%) cobran el de mayores de 52 años, el único que se vio excluido de la reforma y que presenta dos importantes diferencias respecto a los convencionales. La primera: puede cobrarse ininterrumpidamente hasta el momento en el que el parado alcanza la edad de jubilación.

La segunda: el subsidio cotiza por el 125% del tope mínimo de cotización a la Seguridad Social vigente en cada momento. A diferencia de las prestaciones contributivas, es el SEPE el que ingresa la cotización a la Seguridad Social correspondiente a la jubilación del trabajador.

Esta previsión busca mejorar las futuras pensiones de unos parados considerados especialmente vulnerables, pero supone un coste cada vez mayor para las arcas públicas y, según no pocos análisis, una vía para facilitar prejubilaciones. Por lo que el Gobierno, en un primer momento, se planteó volver a bajar ese porcentaje al 100%, como hizo el Ejecutivo del PP en 2012 (elevando también la edad de acceso a los 55 años), un cambio que el PSOE revirtió en 2018.

Pero esta idea provocó que la primera versión de la reforma fuera tumbada en las Cortes con los votos del PP, Vox y Podemos, antiguos socios del Gobierno, que rechazaron lo que consideraban un recorte injustificado a los parados de larga duración. El Ejecutivo dio marcha atrás y dejó sin tocar el subsidio.

En todo caso, la modificación de los subsidios deja sin resolver la cuestión que provoca el incremento de estos beneficiarios: el lastre del paro de larga duración, que golpea especialmente a los veteranos. Un factor que resta incluso eficacia a las políticas activas de empleo, como han constatado los análisis del Gobierno sobre su última revisión de la Ley de Empleo, tal y como ya hemos contado en elEconomista.

Una norma, aprobada en 2023, que supone el nuevo marco para los planes de empleo del Gobierno y de las comunidades autónomas, a los que los cambios de los subsidios confían buena parte de su eficacia para convertirlos en un incentivo y no en un lastre para la empleabilidad. Pero que, como hemos contado en elEconomista.es, aún siguen sin dar con la tecla para neutralizar la bomba de relojería que supone el desempleo más prolongado.