El 47% de los parados españoles se enfrenta a un abismo ante el que sus posibilidades de encontrar empleo parecen desplomarse: son aquellos que superan el año buscando en vano una oportunidad laboral, ya sea por cuenta ajena o propia. Los inscritos en los servicios públicos de empleo que han superado ese umbral apenas logran un 7% de las colocaciones registradas cada mes en España. Y lo peor es que los ambiciosos planes de medidas específicas para atender su situación no parecen estar funcionando.
Los parados de larga duración son el grupo más numeroso entre los denominados "colectivos prioritarios" para las políticas activas de empleo. Estos grupos tienen en común unas características sociodemográficas y laborales que los sitúan en una posición de mayor vulnerabilidad en el mercado laboral.
Ello los convierte en el objetivo del conjunto de actuaciones gestionadas por los servicios públicos autonómicos, aunque coordinadas a nivel nacional a través de la Conferencia Sectorial de Empleo y financiadas en gran parte con los Presupuestos Generales del Estado. Estos planes fueron objeto de una ambiciosa reforma cuyos pilares han sido la Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo 2021-2024 y la Ley de Empleo aprobada en marzo de 2023.
Un análisis preliminar del SEPE sobre la Estrategia, cuya renovación para el periodo 2025-2028 ultima el Ministerio de Trabajo, constataba un repunte de la empleabilidad de los desempleados que han recibido alguno de los "servicios garantizados".
Mejoran su empleabilidad entre 4 y 13 puntos porcentuales, según el colectivo afectado. Aunque la mejora puede superar los 21 puntos en función de la medida concreta aplicada.
Sin embargo, los parados de larga duración son la nota discordante: empeoran en 6,3 puntos de media su empleabilidad, y además lo hacen en todas las actuaciones a las que se acogen.
Un lastre para la empleabilidad
La mejora de la empleabilidad se calcula estimando la tasa de inserción laboral seis meses antes y seis meses después de recibir el servicio, y comparando la variación con la de quienes no reciben ninguno.
Los parados de larga duración suponen el 71% de los parados 'prioritarios', aunque este porcentaje no es absoluto, ya que un mismo parado puede entrar en varias categorías. El ejemplo más habitual: una mujer mayor de 45 años que sea desempleada de larga duración.
Por eso, los resultados suelen distorsionarse al alza, lo que añade valor al análisis del SEPE, que desarrolla una metodología para desglosar el impacto por colectivo prioritario. En este sentido, el paro de larga duración debe entenderse como un hándicap transversal que resta eficacia a las medidas que en otras circunstancias serían positivas.
El estudio del SEPE confirma una verdad conocida por los analistas del mercado laboral: cuanto más tiempo se permanece en el desempleo, más difícil es salir de él. Pero por primera vez se relaciona con la eficacia de las políticas activas, aislando factores como edad o género.
El resultado es preocupante: todos los programas, incluso los más eficaces, pierden impacto si se aplican a personas en paro de larga duración. Esto afecta especialmente a los mayores de 45 años, que tienen más riesgo de caer en esta situación y representan el 58% de los registrados por el SEPE.
Además, los contratos que consiguen los desempleados de larga duración son 16 días más cortos que si no se beneficiaran de ninguna medida, lo que implica que ni siquiera las reformas laborales y de políticas activas rinden para ellos.
Esto no es achacable al Ejecutivo actual. Todos los anteriores han puesto en marcha planes específicos sin mejorar los resultados. Ahora que se prepara la nueva Estrategia para los próximos tres años, estos datos pueden servir para empezar a cambiar las cosas.