Díaz da con la fórmula para disparar las posibilidades de un parado de encontrar trabajo

El Ministerio de Trabajo y Economía Social ultima el diseño de la Estrategia Española de Apoyo Activo al Empleo para 2025 y 2028 con el objetivo de consolidar la reforma de las políticas para encontrar trabajo a los desempleados que aprobó en 2023. Y aunque la norma sigue en el ojo del huracán por su lento, e incompleto, desarrollo en varios apartados, la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, tiene motivos para el optimismo: la evaluación de la fase inicial arroja que la introducción de nuevos "servicios garantizados" puede casi duplicar la tasa de inserción de las personas con más dificultades para encontrar trabajo, del 28% al 51,4%: un incremento de 23,5 puntos que con los ajustes que se preparan podría crecer hasta duplicar la empleabilidad . El problema es que el 60% de los apuntados al paro parecen ignorar esa posibilidad.

La Estrategia anterior, entre 2021 y 2024, fue la primera que introdujo lo que Trabajo denomina los "derechos garantizados para la empleabilidad", una lista de nuevos servicios tanto para demandantes de empleo como a empresas, si bien esto no se vio traducido a nivel legal hasta la Ley de Empleo de 2023 y el Real Decreto 438/2024, de 30 de abril, por el que se regula la Cartera Común de Servicios del Sistema Nacional de Empleo.

Es decir, la nueva Estrategia será la primera que se diseñe completamente bajo esta nueva normativa, aunque al tratarse de marcos sobre los que se desarrollan los programas anuales, la anterior ya anticipaba de manera sustancial el impacto de los cambios y los aplicó en 2023 y 2024.

Hay que recordar que la Ley de Empleo no se ha desarrollado en sus medidas más llamativas, como la conversión del Servicio Público de Empleo (SEPE) en la Agencia Española de Empleo, un cambio que le otorga un papel más activo en la coordinación de las políticas activas de empleo, si bien no supone una recentralización de las competencias en su ejecución como cuando era el antiguo INEM y las compatibilizaba con las políticas pasivas (pago de prestaciones y subsidios). Pero en lo que se refiere a estos "derechos" de los usuarios sí se considera en pleno funcionamiento.

Esto se tradujo en que servicios públicos de las comunidades autónomas, se comprometían a prestar una serie de "servicios garantizados" que, en el caso de los parados, se pueden dividir en 6 grandes grupos: diagnóstico individualizado al inicio de la inscripción de la demanda de empleo; un itinerario o plan individualizado, una "tutorización individual", es decir un acompañamiento cercano a los demandantes; formación profesional, asesoramiento para el autoempleo y apoyo a la movilidad para acceder a oportunidades laborales. Estas actuaciones ya estaban disponibles en la Estrategia anterior, que, como decimos, sirvió de primera prueba de fuego para su implantación.

El Real Decreto de 2024 amplió esta lista, modificando algunos conceptos (convierte el diagnóstico en la elaboración de un perfil personalizado mucho más complejo) y añade cuatro más: una "intermediación laboral eficiente que facilite ofertas de empleo adecuadas", un" canal presencial o digital alternativo, de recepción de los servicios", una "búsqueda de la protección social" precisa que permita el mantenimiento "de un nivel de vida digno durante el proceso de búsqueda de ocupación" (lo cual entra más en las competencias exclusivas del SEPE) y la elaboración de un "expediente laboral personalizado único" que recopile todos los servicios de los que se ha beneficiado.

Una reforma poco conocida

La normativa incluye un refuerzo de la evaluación de resultados de las políticas activas, algo difícil cuando hablamos de medidas de una responsabilidad repartida en multitud de administraciones y cuyos datos el Gobierno no suele difundir. Variables como las colocaciones a través de ofertas gestionadas a través de los servicios públicos de empleo, la denominada tasa de intermediación, son demoledoramente bajas,sobre todo si lo contrastamos con el dinero que reciben cada año los servicios públicos autonómicos, pero no tienen en cuenta el denominado impacto en la empleabilidad, es decir, las personas que encuentran empleo por su cuenta, pero gracias al apoyo recibido por la oficina de empleo.

Tampoco ayuda la complejidad de los programas, que se ramifican en cientos de actuaciones por cada administración implicada, sin que los propios 'usuarios' (desempleados, pero también ocupados que buscan otro empleo o empresas que buscan trabajadores) los conozcan.

Esta combinación genera un profundo desconocimiento del sistema entres sus potenciales beneficiaros (mucho de los cuales identifican el SEPE con el servicio autonómico) y una percepción de inutilidad, que en ocasiones viene alimentada por los propios gobiernos central y autonómicos, que no dudan en repartir culpas ante cualquier polémica, como quedó muy claro en el caso de los fijos discontinuos. Y sin embargo, Trabajo cuenta con datos y estudios que muestran un impacto beneficioso de esta reforma, especialmente entre los desempleados.

El más completo publicado hasta la fecha es la evaluación intermedia de la Estrategia 2021-2024, realizada con datos de entre 2021 y 2023 y que ya revela un impacto sustancial del nuevo diseño, sobre todo en uno de los principales indicadores del estudio: la tasa de inserción laboral, que define como el porcentaje de demandantes que ha tenido al menos un contrato o se han dado de alta en la seguridad social como autónomas en los 6 meses anteriores al inicio de servicio y en los seis meses anteriores. La diferencia entre ambas muestra la ganancia de empleabilidad lograda gracias a estas medidas.

Los datos sobre la mesa

A todos los demandantes se les realiza un diagnóstico inicial (un perfil personalizado a partir de 2024), y el 60% no recibe ningún servicio adicional. Aun así, su tasa de inserción mejora en 3,9 puntos porcentuales seis meses después de recibirlo. El estudio los define como el "grupo de control".

Los que se benefician de otro servicio mejoran su empleabilidad en 9,5 puntos, 5,6 más que el grupo de control. Pero esto varía enormemente según el servicio. Así, una de las sorpresas es que, si el servicio es la elaboración de un itinerario, las posibilidades de encontrar empleos caen un 6,2%, una diferencia de 10,2% respecto al grupo de control.

Los itinerarios también penalizan el efecto de todos los servicios con los que se combinan. Esto es claro en el caso del autoempleo, que suma 12 puntos a la inserción por sí mismo, pero caen a 4,8 al combinarlas con un itinerario. También en las tutorías: elevan en 15,8 puntos la empleabilidad (9,5 puntos más que el grupo de control), pero se desploman al 6,2% al combinarlos. Sin embargo, la formación, la medida más eficaz al elevar en 16 puntos la inserción, apenas la reduce a 13,8 puntos contando con un itinerario.

Así, la combinación más exitosa es la de formación y tutorización, que lleva a 23,4 puntos la ganancia de empleabilidad, 19,5 más que el al grupo de control. Hay que tener en cuenta que las situaciones de partida de partida de cada colectivo son muy diferentes. Las personas que recuren a tutorías son las que arranca de una tasa de empleabilidad más baja, que se sitúa en el 28%, para elevarla al 51,4% si se combina con formación, lo que equivaldría a un incremento del 83,4%.

Esto muestra la importancia de la tutorización y explica la apuesta de Díaz por los orientadores profesionales. La tarea de estos sherpas, acompañada de formación adecuada es clave para reducir el paro. Además, el SEPE estima que la tutorización llegaría a más demandantes que el resto de los servicios. Por ello es fundamental afinar su diseño en la nueva Estrategia para llevar ese 83% al 100%

El desafío del paro de larga duración

¿A quién favorecen más los servicios garantizados? En primer lugar, a los parados que perciben una prestación. Suponen el 62% de los que reciben un servicio adicional al diagnóstico, y su tasa de inserción laboral casi se duplica respecto a los que no reciben ayudas. Esto puede deberse a la obligación de asistir a cursos y sesiones a cambio de mantener la prestación o el subsidio.

El análisis también constata un incremento en la duración de los empleos obtenidos, con 7,4 días más de alta en la Seguridad Social por cuenta ajena en comparación con aquellos que solo recibieron el diagnóstico. Además, se observa un aumento de 5,4 puntos porcentuales en la proporción de contratos indefinidos conseguidos frente al grupo de control. .

Pero cuando ponemos el foco en la eficacia por colectivos prioritarios, la cosa cambia. Los servicios tienen mayor impacto en la empleabilidad de los inmigrantes (un incremento de 13,1 puntos porcentuales) y de las personas en riesgo de exclusión social (12,8 puntos). Entre las mujeres, el efecto es del 5,3% y entre los menores de 30 años, del 4,1%.

Lo más preocupante es que, entre los parados de larga duración, la inserción cae en 6,3 puntos. Esto puede deberse al efecto "desánimo" (los desempleados de mayor edad o con más experiencia no se sienten atraídos por los empleos que se les ofrecen) o a una mala ejecución de las medidas en su caso. En cualquier caso, el Gobierno ha tomado nota, en primer lugar, con la revisión de la cartera de servicios en marzo de 2024, orientada a mejorar los itinerarios mediante una mejor información, así como a avanzar en la formación, preparación y condiciones laborales de de los orientadores profesionales, ya que los "sherpas" se han revelado como una figura clave.

Eso sí, en todo caso, el mayor desafío sigue siendo involucrar a las empresas para que vean a los servicios públicos de empleo como un canal prioritario para encontrar trabajadores, lo que se traduciría en publicar más ofertas. Eso, hasta la fecha, sigue sin lograrse, por lo que la nueva Estrategia que ultima Díaz tendrá aquí su principal caballo de batalla.