¿Casi 6.400 millones desperdiciados? Las claves del fracaso de las políticas activas de empleo

El Gobierno acaba de formalizar la puesta en marcha del Plan Anual de Fomento del Empleo Digno para 2024, presupuestado con casi 6.400 millones de euros, de los que casi 2.600 se distribuyen directamente a las comunidades autónomas. Una cantidad muy similar a la de hace un año y cuya eficacia, empezando por sus propios usuarios, ponen en duda. Según las estimaciones de Fedea, menos de un 3% de las "inserciones laborales" que se registran en España son gracias a la mediación de una oficina de empleo.

En este contexto, destaca la opacidad y complejidad que rodean a estas medidas. El grueso de las competencias de ejecución reside en las regiones, que cuentan con sus servicios públicos autonómicos financiados con sus respectivos presupuestos, aunque reciben un buen pellizco de dotación estatal a través de la Conferencia Sectorial de Empleo, que preside la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Esto garantiza un diseño general coordinado y centralizado por el Gobierno central. Además, el Estado diseña sus propios incentivos, bonificaciones y programas para estimular la contratación.

Pero esta estructura se traduce para el ciudadano medio en una retahíla de planes, programas y objetivos expresados en una jerga burocrática qe muchos consideran más pensados para contentar a las instituciones europeas (que también contribuyen con sus fondos a programas concretos llevan lustros exigiendo una mejora de los servicios españoles) que a explicar al parado qué puede ofrecerle una oficina de empleo.

La confusión es tal que la mayoría de los españoles confunde el papel de los servicios autonómicos con el del SEPE, que se encarga de gestionar las prestaciones y subsidios por desempleo, las denominadas políticas pasivas. Es más, muchos siguen denominando a este último "INEM", que era el nombre que recibía hasta que la reforma de 2003 estableció el nuevo reparto competencial.

Fedea les pone un "muy deficiente"

Fedea acaba de publicar un estudio sobre los problemas y retos de las administraciones que recogía un esclarecedor capítulo centrado en las políticas activas de empleo. Su autor, el profesor de economía aplicada de la URJC e investigador asociado Fedea, Miguel Ángel García, fue también viceconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía, con lo cual tiene conocimiento de primera mano del sistema.

Su análisis recuerda que cuando hablamos de "políticas activas de empleo" nos referimos a tres tipos de medidas: las dirigidas a la "orientación de las personas e intermediación para emparejar la oferta y demanda de empleo", las de "formación de las personas", y los "incentivos al empleo de colectivos con más dificultades de acceso al mercado de trabajo".

En el primer bloque, el de intermediación, su veredicto es un rotundo "muy deficiente" y da una cifra: "a través de ellos se realizan menos del 3% del total de inserciones laborales, que corresponden en su mayoría al sector público". "La constatación de su incapacidad para canalizar las ofertas de empleo hacia quienes buscan trabajo, incluso en una situación como la actual, con un número elevado de vacantes, ha alejado a trabajadores y empresas de las oficinas de empleo", remarca.

Por otro lado, que la asignación de la competencia sobre el pago de prestaciones, es decir, las políticas activas, corresponda al organismo estatal (el SEPE) genera "un desalineamiento de incentivos" con los servicios autonómicos. Esto afecta directamente a comprobar si los beneficiarios de prestaciones y subsidios cumplen con el compromiso de actividad, por ejemplo, al no rechazar ofertas adecuadas de empleo.

El segundo bloque, el de formación de desempleados, supone un coste de 2.000 millones al año (el 0,15% del PIB) gestionados por las comunidades, aunque se pone en común con los ministerios de Trabajo y, en este cao, de Educación. Aun así, sus resultados tampoco son precisamente positivos. García Díaz censura que la formación ofrecida "tiene un excesivo sesgo hacia los cursos disponibles por la oferta de las empresas de formación" y no por las necesidades reales del mercado laboral. La razón es que las administraciones públicas n cuentan con la necesaria información sobre las necesidades de las empresas y las características de las personas, "debido a la inexistencia de un sistema adecuado de perfilado".

"Están desactualizados en relación con las necesidades del sector productivo y son demasiado largos", incide el experto, que destaca este último factor, el de la duración de los cursos (muchos superan las 600 horas lectivas), como un desincentivo para unos parados que no ven garantizado" lograr un trabajo tras concluirlos.

El tercer bloque, el de los incentivos al empleo están dirigidos a facilitar la inserción de personas "con especiales problemas de acceso en el mercado laboral". En la práctica, estas se concretan en reducciones del coste laboral, a través de bonificaciones o reducciones de la cotización que abona el empresario. Aquí García ahonda en una crítica clásica que ha sido planteada incluso por la AiReF: estas ayudas son "peso muerto". Es decir, que la mayoría de esos contratos se habrían producido sin que las empresas se beneficiaran de esos descuentos.

La razón, a su juicio, está en que se aplican de manera general y son "discriminar adecuadamente a las personas que los necesitan". El problema es que en España, donde se firman más de 15 millones contratos al año, analizar caso por caso parece imposible. Por ello García aboga por mejorar la "automatización" de esos procesos, reforzando el cruce de datos de las administraciones para contar con los que considera los "registros más completos del mercado laboral", lo de la Seguridad Social.

El silencio de los consejeros

El análisis de García también incluye una crítica a la estrategia central de la coordinación de las políticas activas de empleo: el reparto de fondos a las comunidades autónomas. Advierte de que las regiones se ven "obligadas" ejecutar los recursos asignados en las conferencias sectoriales (incluyendo fondos europeos) según los programas pactados, "aunque no sean necesarios o no se ajusten a las prioridades" de las comunidades autónomas.

Esto provoca ejemplos sangrantes de ineficacia. "Se observa una cierta repetición de los cursos sin haber realizado la debida evaluación o la disposición de recursos financieros para aumentar el número de orientadores sin tener en cuenta las plantillas propias de los servicios autonómicos", señala el autor. En el fondo de este desbarajuste, brilla el gran problema de las políticas activas: la falta de evaluación.

García recuerda que en 2017 el Gobierno y las comunidades autónomas decidieron difundir públicamente evaluaciones, anuales o bienales, del cumplimiento y los resultados de las políticas activas de empleo y los planes anuales. Pero únicamente se ha publicado la evaluación del Plan Anual de Empleo 2021, y no se han publicado las de los de 2022 y 2024.

Esta rigidez y opacidad impide a las comunidades ajustar los programas acordados en conferencias sectorial, como la celebrada la semana pasada, "a sus necesidades concretas". Aunque lo cierto es que las críticas al sistema y su falta de transparencia por parte de los consejeros autonómicos de empleo (incluyendo a los PP)también brillan por su ausencia.

En este sentido, García introduce una advertencia sobre los responsables de estas políticas. "Es crucial garantizar que el personal directivo público tenga las cualificaciones necesarias para desempeñar las funciones que tienen asignadas", incide el experto que también apunta a que estas exigencias deben extenderse a los trabajadores de los servicios públicos, incluyendo la "penalización efectiva del incumplimiento de las obligaciones laborales".