Economía

Por qué el SEPE no te ofrecerá trabajo y otros mitos sobre la reforma del subsidio

Ciudadano a las puertas de una oficina de empleo Foto: EP

Si algo ha puesto o de manifiesto la polémica sobre la reforma de los subsidios por desempleo es la confusión que aún existe sobre el denominado Sistema Nacional de Empleo (SNE), que componen el Servicio Público Estatal de Empleo (SEPE) y los servicios públicos de empleo de las comunidades autónomas. Algo que los altos cargos del Ministerio de Economía y el de Trabajo no han dudado en aprovechar en un choque entre 'economistas' y 'laboralistas' que esconde el hecho de que, en la práctica, la capacidad del Ejecutivo central para encontrar empleo a los parados es prácticamente nula y su principal herramienta pasa por endurecer el cobro de las prestaciones.

Un problema que ha llamado la atención de Bruselas que exige reformas no solo sobre las prestaciones, las denominadas políticas pasivas, sino sobre las activas, las dedicadas a encontrar empleo. Pero estas se encuentran atrapadas en un laberinto competencial, burocrático y político que ni siquiera la reciente Ley de Empleo pactada con la Comisión está logando desenmarañar.

Cuando la pasada semana el secretario de Estado de Economía, Gonzalo García Andrés, habló de que la reforma de los subsidios reforzaría la "reciprocidad en la búsqueda activa de trabajo y en la aceptación de las ofertas adecuadas de trabajo" muchos lo interpretaron como retirar la prestación a quien rechace un trabajo. Esto provocó un cierto terremoto mediático, pero la brecha que se abrió entre el departamento de Calviño y el que dirige Yolanda Díaz no tenía nada que ver con ello.

De hecho, no rechazar un puesto de trabajo siempre ha sido un requisito imprescindible para no perder una prestación. Pero el SEPE no puede quitársela a nadie sin que se lo indique un organismo autonómico, ya que estos son los que tienen la competencia a la hora de verificar que se cumple este requisito. Y también de transmitirles esas ofertas adecuadas de trabajo.

La pelea entre Economía y Trabajo se centra en el gasto en prestaciones y subsidios por desempleo. Una cifra que está previsto que supere los 20.000 millones de euros en 2023 y que el equipo de Calviño propuso reducir endureciendo las ayudas que cobran los desempleados que han agotado la prestación contributiva por desempleo.

La propuesta que trascendió pasaba por permitir cobrar durante 3 meses el 100% del IPREM y, a partir de ahí, bajar al 80% del Iprem (480 euros mensuales) en el segundo trimestre; al 65% del Iprem en el tercer trimestre (390 euros) y al 50% en el último trimestre (300 euros). Esto eleva la duración del subsidio ordinario de 6 a 9 meses, aunque no está claro qué ocurriría en caso de prórroga (actualmente pueden encadenarse hasta los 21 meses)

Coto a las prejubilaciones

No era un recorte neto de la prestación (el desempleado seguía recibiendo lo mismo durante más tiempo), pero si planteaba la idea de que reducir la ayuda en los últimos meses 'obligaría' al parado a buscar empleo. Pero esto presentaba dos problemas: el primero, que es muy difícil 'vender' políticamente, sobre todo para un Ejecutivo socialdemócrata, que una persona prefiere quedarse cobrando 480 euros de media en lugar de cobrar un salario.

Este argumento encierra una acusación poco sutil hacia los parados de larga duración de que complementan esta ayuda con trabajos en la economía sumergida, una idea bastante extendida entre los economistas. El propio número dos de Calviño situó que esta reforma 'movilizaría' a entre 340.000 y 350.000 desempleados. El segundo problema del plan de la vicepresidenta primera tiene que ver precisamente con esta cifra.

Mas de 710.000 personas perciben un subsidio por desempleo tras agotar la prestación contributiva, pero seis de cada diez no reciben el 'ordinario', de duración limitada y al que alude la propuesta de Calviño, sino el de mayores de 52 años, que se percibe hasta la edad de jubilación.

Es una ayuda pensada para los parados de mayor edad y con mayores dificultades para engancharse al mercado laboral, aunque históricamente ha sido utilizado como el pilar de 'prejubilaciones' forzosas en los procesos de despidos colectivos. Economía se ha cuidado mucho de explicar que hará con estos trabajadores, algo lógico si tenemos en cuenta que fue el PSOE, en 2019, el que recuperó este umbral de edad que había sido rebajado hasta los 55 años por el PP en 2012.

La propuesta de Trabajo, diseñada por 'laboralistas' parece ir en dirección contraria: plantea un incremento de la ayuda 'ordinaria' hasta los 660 euros (un 110% del Iprem) y una rebaja progresiva que en ningún caso bajaría del 80% actual. Pero, a cambio, endurecen el cobro del de 52 años, con exigencias y controles reforzados que tiene el claro objetivo de evitar la 'picaresca' de las prejubilaciones, tal y como reveló elEconomista.es. Una jugada que parece desmontar la retórica de Economía asumiendo varias de sus tesis, y que es la que se está negociando formalmente con patronal y sindicatos.

¿Recortar subsidios crea empleo?

La pregunta que surge es por qué en lugar de jugar con las cuantías no se incentivan programas para sacar del paro a esas personas. La propia Yolanda Díaz ha reprochado a Calviño que su equipo use argumentos sobre las prestaciones como los que justificaron los recortes en prestaciones y subsidios que acometió el Ejecutivo de Mariano Rajoy en 2012 y que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha revertido. Ni siquiera los 'populares' plantean recuperar esas ideas.

En los últimos días, varios expertos y 'think tanks' ha desempolvado informes que apoyarían la tesis de Economía de que recortar prestaciones eleva la 'empleabilidad' de los desempleados en tasas de dos dígitos. Lo hacen, además, tomando como referencia las medidas tomadas por el Gobierno de Rajay.

El problema es que ese recorte de la prestación se tomó en paralelo a una serie de profundas reformas laborales, fiscales y financieras que mejoraron las oportunidades laborales. Ni siquiera las evaluaciones de la política laboral realizadas por la OCDE y el FMI en aquellos años desglosaron el impacto aislado del recorte en las prestaciones y subsidios. De hehco, la mejora de la 'empleabilidad' que se asocia a esta medida de manera aislada es inferior a la que el FMI estimaba para el conjunto de medidas afrontadas por la entonces ministra de Trabajo, Fátima Báñez.

Pero el Ministerio de Economía, muchos de cuyos altos cargos se preparan para la eventual toma de posesión de Nadia Calviño como presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI) quiere dar en Bruselas la idea de una reforma 'dura' del subsidio y con ello de las 'políticas pasivas' (es decir, las destinadas al pago de ayudas a los parados) que esconda el gran problema de la gestión del desempleo en España: la descoordinación entre sus responsables.

El Ministerio de Trabajo presupuestó en 2023 unos 8.000 millones de euros a las políticas activas, destinadas a crear empleos. Mucho menos de la mitad de lo que se destinan a prestaciones. La mayoría son gestionadas por el SEPE y se dedican a incentivos a la contratación y programas de diverso tipo. Pero en lo que se refiere a la atención a los parados inscritos en las oficinas, la cosa se complica porque la competencia es autonómica.

El laberinto autonómico

El reparto de responsabilidades se consolida en 2003 con la creación del Sistema nacional de Empleo y la transformación del antiguo INEM en el SEPE. En principio, el organismo estatal se encarga de abonar las prestaciones, las denominadas políticas pasivas, mientras que las comunidades se encargan de gestionar las políticas activas de empleo (PAE), que se dedican a registrar la demanda de empleo, pero también los servicios que estos reciben, incluyendo formación y ofertas de empleo.

Por ello los parados que quieren solicitar una prestación deben darse primero de alta en una oficina del servicio autonómico correspondiente como demandante y luego solicitar la ayuda en la del SEPE, que suele estar situada puerta con puerta, pero es completamente independiente. La única excepción son Ceuta y Melilla, donde todo el proceso pasa por el organismo estatal

El problema es que, en la práctica, este no es una transferencia competencial tan clara como, por en ejemplo en Sanidad o Educación. El Estado transfiere cada año miles de millones a las comunidades por la ejecución de las PAE (2,800 millones en 2023) y además coordina y organiza el marco general con el que se transmiten.

Pero, aunque con esto parezca que es el Ministerio de Trabajo el que lleva la voz cantante en Sistema Nacional de Empleo, lo cierto es que no controla la ejecución y esto lleva a que tampoco tenga poder para evaluarlas. Esto es especialmente grave cuando hablamos del compromiso de activación de los parados que cobran prestación o subsidio, como en los casos en los que se rechaza una oferta de empleo: en 2021 el SEPE apenas retiró 351 prestaciones por rechazar ofertas, 114 en Ceuta y Melilla.

Esta división entre los órganos responsables del abono de las ayudas económicas y los responsables de las políticas activas se produce en otros países europeos, donde existen estructuras análogas al SNE. Pero en España la coordinación funciona mucho peor, lo que ha desembocado en un escenario tan complejo en términos burocráticos que resulta incomprensible incluso para sus propios beneficiarios. Pero también muy ineficaz en sus resultados: solo el 2% de los trabajadores españoles encontro su empleo gracias a una oficina pública de empleo, la mitad de los que hicieron gracias a auna ETT.

Lo que no quiere decir que el Estado no actúe para controlar pagos 'indebidos'. En ese mismo año el SEPE retiró 133.000 sanciones por no renovar la demanda (el motivo más habitual), pero también no cumplir otros requisitos, como estar trabajando o incumplir los umbrales de renta. Pero son realidades que afloran al hacer inspecciones y cruces de datos con Hacienda o la Seguridad Social, que los servicios autonómicos no detectan.

Bruselas vigila

Y, de hecho, en el borrador de decreto ley presentado por Díaz a los interlocutores sociales sigue esta esta dirección, reforzando las multas en el caso de que los incumplimientos no se notifiquen inmediatamente. También insiste con una nueva redacción en las exigencias de cumplir los compormisos de activación. Pero los propios datos del SEPE confirman que el control de que los parados las cumplan no es cosa suya. Ni siquiera puede ofrecer empleos ni elaborar itinerarios de empleabilidad.

En su momento, Fátima Báñez, ministra de Empleo del PP trató de corregir este problema recortando el reparto anual de fondos a las comunidades y ligándolos a resultados. Una reforma que se hizo en paralelo a la reducción de las prestaciones, pero cuyo impacto no ha sido evaluado. De hecho, el PSOE la revertió elevando la dotación a las comunidades y flexibilizando las exigencias.

La Ley de Empleo de Díaz pretende ser la reforma definitiva del marco general del SNE (incluyendo una reforma del SEPE), pero desde su entrada en vigor su impacto es nulo, según Trabajo por el encadenamiento de ciclos electorales. Algo que revela el serio problema de un sistema expuesto a la discreción de Ejecutivos de muy diferente sesgo político y que lleva a paralizar durante nueve meses reformas imprescindibles para los parados.

Aunque lo más preocupante para el Gobierno es que Bruselas avaló esta Ley para el pago de fondos europeos. En este escenario, el 'ruido' mediático generado por el choque entre Economía y Trabajo puede interpretarse como una forma de alejar el foco de esta cuestión. No en balde, aunque aprobar la reforma de los subsidios es necesaria para que España no vea paralizado el próximo reparto de los 'Next Gen', este también puede verse interrumpido si la Comisión concluye que España ha incumplido lo comprometido anteriormente con las políticas activas.

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