El SEPE apenas retira 351 prestaciones y subsidios al año por rechazar ofertas de trabajo

La reforma de los subsidios por desempleo que el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa quiere llevar a Bruselas promete poner el foco en endurecer las exigencias a sus perceptores a la hora de cumplir con sus "compromisos de actividad". Es decir, que estos desempleados busquen activamente un trabajo sin rechazar las ofertas adecuadas que les lleguen. La duda es cómo se plantea hacerlo, cuando las sanciones que conllevaron la retirada de la prestación de paro o un subisidio por esta causa solo llegaron a las 351 en todo el año, según los últimos datos disponibles correspondientes a 2021. Esto equivale al 0,26% del total de sanciones a parados en ese ejercicio.

El choque entre Nadia Calviño y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, es total. La también vicepresidenta segunda arremetía este martes contra la propuesta avanzada por el equipo de la 'número dos' del Ejecutivo e insistía en sus planes iniciales: ampliar el número de beneficiarios incluyendo a mayores de 45 años sin cargas familiares y reduciendo los plazos de concesión y cobro, al contrario que el "recorte" de la propuesta de Economía, que aboga por mantener el gasto en subsidios para contener el déficIt, jugando con la alternativa del Ingreso Mínimo Vital (IMV).

Además, el Ministerio de Trabajo asegura que se ampliará la contabilidad con un empleo, algo que los de Calviño ven bien; pero estos quieren que se traduzca en un mayor compromiso de los 710.622 beneficiarios de subsidios para no rechazar trabajos. En ese sentido, el anuncio de Economía no apunta tanto a introducir una nueva exigencia, que ya existe, sino a hacer que se cumpla con más rigor, lo cual no parece ocurrir a tenOr de las 'raquíticas' cifras registradas.

El dato de 2021 es especialmente llamativo cuando en ese mismo año el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) registra 133.444 retiradas de prestaciones, de las que el 96,2% fueron extinciones definitivas. Es decir, apenas un 0,26% de las retiradas se deben a rechazar un trabajo, a pesar de que es uno de los requisitos imprescindibles para cobrar la prestación contributiva o el subsidio por desempleo.

Las CCAA no sancionan

Para entender estos datos debemos recordar cómo funciona el régimen sancionador. El SEPE tiene la competencia sobre las prestaciones, las denominadas políticas pasivas, pero las activas, es decir, lo que se refiere a la inscripción como demandantes y los servicios para buscar empleo, desde la oferta de cursos a la trasmisión de las ofertas de empleo que las empresas ponen a disposición de las oficinas de empleo, corresponde a los servicios públicos autonómicos. La única excepción son Ceuta y Melilla, donde la competencia en políticas activas es estatal y, por lo tanto, recae en el SEPE.

En la práctica, el SEPE realiza una gran cantidad de controles para verificar que los perceptores cumplen los requisitos, pero estos se deben ante todo a sus niveles de renta, o que no estén realizando un trabajo cuyo salario sea incompatible con la prestación o incluso que no se produzca directamente un caso de fraude. En 2021 el organismo realizó 1.488.688 de estas actuaciones de control, que se saldaron con 125.369 resoluciones por sanción, por anulación, por extinción de la prestación o por pérdida de requisitos. Hay que tener en cuenta que la mayoría se deben a personas que dejaron de renovar la demanda y perdieron automáticamente la prestación.

Aun así, el SEPE también realiza inspecciones personalizadas, convocando reuniones "informativas" con los beneficiarios apra evaluar si cumplen los requisitos. Estas inspecciones dieron lugar a 1.054 sanciones, que complementan los 3.140 procesos resueltos en colaboración con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

¿Pero qué ocurre con los casos en los que que se rechazan ofertas de empleo? Según recuerda el informe, se trata de "incumplimientos derivados de las actuaciones en políticas activas de empleo". Esto engloba tanto el rechazo de una "oferta de colocación adecuada", como también la negativa a trabajos de colaboración social o a participar en los "programas de empleo" que ponen en marcha las comunidades. En el ámbito de sus competNecias, corresponde a sus servicios públcios de empleo iniciar el procedimiento sancionador. Solo cuando este se resuelve, informa al SEPE para que "ejecute" la retirada de la prestación.

Aquí los datos arrojan una pequeña sorpresa: las sanciones impulsadas por las 17 comunidades por este motivo ascendieron a 237, mientras que las de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, únicas regiones donde la competencia sancionadora en políticas activas sí está atribuida al SEPE, aportaron 114. Esto se puede interpretar de dos maneras: o allí los controles son más estrictos o hay más 'picaresca' entre los beneficiarios.

El escaso volumen de las cifras de sanciones puede explicarse por la difícil situación que atravesaron los servicios públicos de empleo en 2021 por la crisis sanitaria, que llevó a que los desempleados rechazaran pocas ofertas porque recibieron pocas. Por ello sería interesante conocer los de 2022, que Trabajo está publicando con retraso. Pero en ese casi sí contamos con datos de 2023 que pueden resultar muy reveladores.

Ausencia de vacantes

En el discurso de Economía, que también ha sido esbozado por otros, como el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, subyace una verdad a medias: que los parados que cobran prestación o subsidios rechazan empleos para no perderlos. Y es una verdad a medias no porque esto no pueda suceder, sino porque la única forma de verificarlo con la que cuenta el SEPE es el rechazo o aceptación de los puestos que los servicios públicos de empleo trasladan a los parados. Son los únicos que pasan bajo su radar.

En octubre, última cifra disponible, había 1.736.502 personas cobrando una prestación o subsidio por desempleo. Pero el portal de empleo del SEPE, Empléate, que recopila el total de ofertas en 'stock', solo contaba 48.730 puestos vacantes repartidos en 23.854 ofertas publicadas. Es decir, solo hay ofertas disponibles para el 2,8% de los perceptores de prestaciones. Es decir, aunque todas fueran ofertas adecuadas de empleo rechazadas por un desempleado, su efecto sería extremadamente limitado. Pero es que tampoco es así.

De hecho, la mayoría de las estas ofertas se cubren. En octubre, las empresas pusieron a disposición de las empresas 51.591 nuevas vacantes, mientras 41.883 se retiraron; de estas 36.500 lo fueron por cobertura del puesto (el resto por decisión de la propia empresa porque otros motivos). Esto dejaría un saldo de 15.091 vacantes que no se cubren en el mes y se integra en el 'stock' general. El equivalente al 0,8% de los beneficiarios de prestaciones.

Pero ¿cuántas de esas son "ofertas adecuadas"? Una de las críticas a las políticas activas es que las oficinas públicas ofrecen trabajos muy por debajo de la capacidad de los demanadantes de empleo. El hecho es que el 33% de las vacantes publicada en octubre son para puestos para lo que se requiere una baja o ninguna cualificación (peones, empeladas del hogar, etc). Pero este es también el perfil del 29% de los parados.

Eso sí, dichos puestos solo llegan al 2,08% de los parados con esa cualificación. En este sentido, el problema de fondo está en más en la falta de confianza de las empresas en los servicios públicos de empleo para encontrar parados que en que estos rechacen una oferta que nunca les llega. Sin resolver este problema, las promesas de endurecer las sanciones no son más que un brindis al sol.