Desde el momento en el que la definición de parado es la de alguien que busca activamente empleo sin encontrarlo, es inevitable preguntarse qué falla en ese proceso para que España no logre dejar de ser el campeón del desempleo de la Unión Europea. Los datos apuntan a una enorme desconfianza de los parados hacia las políticas públicas para ayudar a las personas en esta situación, que agrava la desconfianza de los parados hacia los métodos que no supongan recurrir al 'boca a boca'.
El 54,5% de los parados recurren a amigos y conocidos para encontrar trabajo. Un porcentaje mucho más elevado que el que los que consultan ofertas de empleo (46,8%), los que se dirigen directamente a los empleadores (36,3%), actualizan su currículum en internet (34,8%), se animan a contestar a algún anuncio (32%), los que acuden a una oficina pública de empleo (19,1%) o los que se dirigen a una ETT o agencia de colocación (16,7%).
Así lo revelan los datos del primer trimestre de 2024 de la Encuesta de Población Activa (EPA). Las cifras no son excluyentes entre sí, un mismo parado recurre a múltiples opciones para buscar empleo. Pero los datos adquieren un matiz especialmente llamativo en lo que se refiere a la intermediación de los servicios públicos, ya que revela la inmensa brecha entre las obligaciones burocráticas y la confianza real de los parados en estos organismos.
A grandes rasgos, la definición de parado de la EPA y la que recogen cada mes las estadísticas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) parece similar: personas sin trabajo, que lo buscan activamente y están disponibles para trabajar. Hay, sin embargo, una enorme diferencia entre ambas formas de entender el desempleo que no conviene soslayar: para que alguien pueda demostrar esa disponibilidad, requisito ineludible para recibir prestaciones y subsidios, debe inscribirse antes como demandante en el servicio público autonómico competente.
Es decir, debe solicitarle formalmente a la administración que le ayude a encontrar trabajo. Y además está obligado a actualizar cada tres meses esa petición. Sin embargo, lo que la EPA nos dice es que ocho de cada diez personas sin trabajo no confían realmente en las oficinas públicas de empleo para esta intermediación.
Este porcentaje ha descendido desde 2021, a pesar de que los parados pierden la confianza en métodos como el 'boca a boca'. Si comparamos los porcentajes con los registrados en 2021, cuando arranca la serie histórica que el INE elabora con la metodología actual, vemos que el porcentaje de personas que recurren a contactos ha caído en 4,5 puntos porcentuales. Los que comparten su perfil en plataformas de internet han retrocedido en 3,5 puntos y 2 puntos los que acuden a las oficinas de empleo. El resto se ha mantenido en niveles similares o con leves incrementos.
Los que acuden a ETTs, por ejemplo, remontan en 0,7 puntos, pese a que su peso en el mercado laboral es más limitado, sobre todo tras la reforma laboral, y cuentan con menos recursos que las oficinas públicas.
Menos parados con mayores dificultades
Pero para analizar estos datos hay que tener en cuenta que el paro ha bajado un 19,7% desde el primer trimestre de 2021, periodo marcado claramente por la pandemia. Aunque el peso relativo de cada método no ha de verse afectado por el menor número de desempleados, habrá que asumir que los que siguen buscando empleo sin encontrarlo topan con mayores dificultades.
¿Se puede interpretar que los parados son menos activos en la búsqueda de empleo? En este sentido hay un dato revelador: los que han hecho una entrevista de trabajo. Suponen un 12,1%, sin embargo, esto supone un incremento en 2,8 puntos porcentuales, hasta el 12,1%. Suman 359.000 y es la única categoría que aumenta en términos absolutos, un 4,8% desde 2021, un periodo en el que, como hemos visto, el número de desempleados ha retrocedido.
Esto ayuda a poner en contexto el retroceso en 4,5 puntos de los que preguntan a familiares y conocidos (sus contactos pueden ayudarles menos), la de los que actualizan su perfil en Internet (tiene menos expectativas o son parados de larga duración). Pero ¿qué ocurre con los que confían en los servicios públicos de empleo?
En teoría, debería haber ocurrido lo contrario: su peso debería incrementarse ante el retroceso del resto de alternativas. Que haya sido al revés resulta especialmente llamativo, sobre todo cuando España lleva un año implementando una ambiciosa reforma de las políticas activas de empleo que no está dando resultados tangibles, más allá de conseguir que España diera luz verde al tercer pago de los fondos 'Next Gen'. Ni siquiera han logrado convencer a los principales beneficiarios, los propios desempleados.
Esta evolución contrata con los datos de ETTs y agencias de colocación , que tienen un menor peso en el mercado laboral y muchos menos recursos que los servicios públicos autonómicos, han conseguido repuntar.
Ahora bien, hay que tener en cuenta que esta estadística mide la confianza de los parados en un método, no su eficacia real. Esto es así porque la Encuesta de Población Activa (EPA) no publica la estadística complementaria: cómo los ocupados han encontrado su empleo actual. Si no se cuenta con esta información es imposible conocer cuáles son las formas más eficaces o menos de encontrar empleo.
Aunque en el caso de las políticas activas de empleo, tampoco el Ministerio de Trabajo, ni las comunidades autónomas han publicados datos sobre los resultados a la hora de encontrar empleo a los parados, más allá de las colocaciones a partir de vacantes gestionadas por los servicios públicos de empleo.
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