El Gobierno se propone acabar con el desempleo de los mayores de 52 años. El Consejo de Ministros ha aprobado agilizar los procesos y garantizar que los servicios públicos de empleo elaboren un itinerario personalizado para los demandantes de empleo en el plazo máximo de un mes desde la elaboración de su perfil. La medida establece -además- una tutoría y un asesoramiento personalizado para acompañar al desempleado durante el tránsito hacia su entrada en el mercado laboral.
El texto pone las bases de la Ley de Empleo, norma que busca modernizar las políticas de empleo para mejorar la empleabilidad. El Ministerio de Trabajo ha destacado que la norma supone un "gran avance en la gran transformación" de los servicios dispensados por el Sistema Nacional de Empleo, apoyado en los sistemas de Inteligencia Artificial para abordar la nueva realidad del empleo. El decreto responde a una de las peticiones que la pasada semana incluyó el Banco de España dentro del capítulo 3 de su Informe Anual.
"Les digo a los parados y las paradas de nuestro país que van a tener una oficina pública en cualquier lugar de España que no solamente los va a atender, sino que les va a escuchar y a la que le van a poder exigir derechos", ha dicho la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
La medida regula también un catálogo de servicios y compromisos que deben asumir tanto los demandantes de empleo, como las entidades empleadoras. "Supone, en resumen, una herramienta que acompaña a la persona trabajadora a lo largo de su vida laboral, cuando se incorpora al mercado laboral, en caso de que esté en una situación de desempleo, en los tránsitos laborales y formativos", subraya Trabajo en un comunicado.
El reglamento homogeniza los elementos y asegura una mayor coordinación entre todas las administraciones públicas en materia de políticas activas de empleo y mejora de la empleabilidad. "Lo que hacemos es una cartera común de servicios que pueden exigir cada una de las personas paradas sin perjuicio de que también exista una cartera complementaria que puedan desplegar las comunidades autónomas, pero garantizando siempre idénticos derechos, es decir, que un parado de Andalucía o una parada del País Vasco tengan un mínimo común denominador", ha explicado Díaz.
La vicepresidenta hizo hincapié en que el grueso de los desempleados son los mayores de 52 años y el más de millón de parados de larga duración, colectivos que se han establecido como prioritarios en las políticas activas de empleo.