Redactor de Macro en elEconomista

El ministerio de Hacienda comenzará a citar a las CCAA a partir de las próximas semanas con la intención de agilizar el trámite del sistema de quitas de deuda que el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) avaló la pasada semana con el solitario apoyo de los consejeros del PSOE. La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, quiere aprobar el proyecto de ley en el Congreso de los Diputados antes de que concluya el año. Antes, debe recabar la situación financiera en la que se encuentran las regiones, una información que pretende reunir en la ronda de encuentro bilaterales que pretende abrir a partir de este mes de marzo.

Hacienda establece tres fases en su protocolo de quitas de deuda. La primera de ellas se sujeta a un criterio de carácter económico financiero, como es el ajuste del reparto de la condonación por criterios poblacionales. No obstante, en las dos siguientes, toman importancia las cuestiones de carácter más político como la infrafinanciación –que el Ministerio circunscribe a cuatro territorios– o el premio o el castigo a las políticas impositivas de los Gobiernos regionales. Los principales rasgos de estas fases pueden resumirse en los siguientes puntos:

Deuda acumulada desde 2008

En concreto, calcula el diferencial entre la deuda asumida por las autonomías entre los 31 de diciembre 2009 y de 2013 (años de la gran recesión), y la registrada entre las mismas fechas del periodo comprendido entre 2019 y 2023, afectado por el shock de la pandemia y el impacto de la guerra en Ucrania.

Las alarmas saltan entre los analistas, de carácter público o privado, ante el modo en que la quita de deuda planteada esta semana por el Ministerio de Hacienda abre la puerta a que las comunidades autónomas multipliquen su gasto. La falta de concreción en torno a los protocolos que se aplicarían para asegurar la disciplina fiscal de los Gobiernos regionales plantea el riesgo de que el desembolso de los Gobiernos autonómicos desemboque en un déficit en torno a, o claramente superior, al 1,5% del PIB –ahora es inferior al punto porcentual–, según cálculos preliminares consultados por elEconomista.es.

Los doce consejeros autonómicos del Partido Popular se han levantado de la mesa del Consejo de Político Fiscal y Financiera (CPFF), que se celebraba esta tarde en Madrid, justo en el momento en el que se pretendía debatir el mecanismo de quitas de deuda que la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, el pasado lunes. "Hemos venido solo por lealtad institucional y responsabilidad", ha asegurado la responsable de Hacienda de la Comunidad de Madrid, Rocío Albert, que ha insistido en las CCAA populares "están en contra" del mecanismo de condonación a través del cual el Estado se ofrece a asumir 83.252 millones del pasivo autonómico. Los populares exigen participar en el diseño de un nuevo sistema de quitas, y entienden que la propuesta ha sido negociada de manera unilateral con ERC. "No vamos a ser cómplices de las cesiones permanentes al independentismo", ha apuntalado la andaluza, Carolina España.

El mecanismo de reparto de quitas de deuda a las CCAA no compensa la infrafinanciación que arrastran desde hace años Andalucía, Murcia o la Comunidad Valenciana. Fedea calcula que la condonación propuesta para estas tres regiones sigue generando un déficit en la recepción de fondos del 39,2% para la región gobernada por Carlos Mazón, del 34,5% para la liderada por Fernando López Miras, y del 15,3% para que dirige Juanma Moreno. "El reparto propuesto por Hacienda tiene en cuenta la infrafinanciación, pero de una forma peculiar, puesto que la prima por este concepto no refleja necesariamente la magnitud del problema, esto es la infrafinanciación acumulada que sufre cada comunidad", afirma el informe que firma el director de la entidad, Ángel de la Fuente. Por el contrario, el documento alerta de que el Ejecutivo favorece especialmente a Cataluña, que recibe un 87% más, reconociéndole una infrafinanciación mayor que al resto.

El reparto de quitas que desplegará el Gobierno propone condonar un 67% más de deuda per cápita a Cataluña, Comunidad Valenciana o Andalucía que a Madrid. El sistema diseñado por Hacienda ofrece liberar a los gobiernos presididos por Salvador Illa, Juanma Moreno o Carlos Mazón de un pasivo equivalente a 2.284 euros por habitante. Por contra, otras regiones como la madrileña, Galicia o Cantabria, tan solo podrán desprenderse de 1.368 euros por ciudadano.

El Gobierno propone un mecanismo de quitas en el que se compromete a perdonar hasta 83.252 millones de euros de la deuda que las CCAA mantienen con el Estado a través del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). El documento plantea una condonación de 18.791 millones para Andalucía, 17.104 millones para Cataluña o 11.210 millones para la Comunidad Valenciana. La propuesta establece tres fases que explican la metodología. En primer lugar, calcula la cuantía a través de un diferencial entre el volumen de pasivo acumulado por los territorios en el periodo que abarca el 31 de diciembre de 2009 y el de 2013; y el registrado entre los últimos días de 2019 y 2023. "Calculamos que las CCAA tuvieron que endeudarse entorno a 80.310 millones de euros, como consecuencia de la falta de apoyo otorgado por parte del Gobierno de Mariano Rajoy durante la anterior crisis financiera", apuntan desde Hacienda. La propuesta será debatida este miércoles en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), y deberá ser votado en el Congreso de los Diputados.

El líder de ERC, Oriol Junqueras, desvela un acuerdo con el Gobierno a través del cual el Estado condonará un 22% de la deuda que la Generalitat mantiene con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), lo que equivale a 17.104 millones de euros, 2.000 millones más de los comprometidos inicialmente en el pacto de investidura firmado en noviembre de 2023. Esto se traducirá en un ahorro en intereses superior a los 1.500 millones de euros. "Es una cantidad equivalente a todo lo que el Govern de Cataluña se gasta anualmente o invierte anualmente en salud, educación, universidades e investigación", ha asegurado Junqueras. "Estamos satisfechos de que se incorpore a la orden del día, que haya una metodología de cálculo, que nos parece correcta, y esperamos que se pueda aprobar", ha apuntado la consellera de Economía y Finanzas de la Generalitat de Cataluña, Alícia Romero.

La directriz que Génova impuso a sus barones territoriales con respecto al sistema de quitas de deuda de las CCAA con el Estado a través del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) se disuelve antes de la celebración del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que se celebrará este miércoles. A la espera de que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presente en la reunión su propuesta de modelo, los diferentes presidentes regionales del PP afrontan el debate divididos.

España deberá aumentar su gasto en defensa en 27.402 millones de euros para cumplir con el nuevo listón del 3% impuesto por la OTAN. Antes, deberá cumplir con el compromiso del 2% del PIB. Sin embargo, la presión del presidente de EEUU, Donald Trump, podría forzar al Gobierno a tener que redoblar su esfuerzo. “Les digo que si no reaccionan a mis llamadas, podrían recibir llamadas de un hombre en Washington, que podría exigir menos tiempo en lo que quiere lograr. Entonces, si no soy yo, podrían recibir llamadas de algunos otros”, dijo el pasado jueves el secretario general de la Alianza Atlántica, Mark Rutte. El neerlandés asume la exigencia de Trump e impone el próximo verano, como la fecha límite para alcanzar el objetivo.