La directriz que Génova impuso a sus barones territoriales con respecto al sistema de quitas de deuda de las CCAA con el Estado a través del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) se disuelve antes de la celebración del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que se celebrará este miércoles. A la espera de que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presente en la reunión su propuesta de modelo, los diferentes presidentes regionales del PP afrontan el debate divididos.
En público, el argumento popular es el mismo. "La ministra plantea esa quita solo para privilegiar a Cataluña, para blanquear cesiones al independentismo", dijo la pasada semana la consejera andaluza, Carolina España, en declaraciones a elEconomista.es. El relato se repite de norte a sur de España. "Es un chantaje", apuntan fuentes del gobierno murciano liderado por Fernando López Miras. "Esto de ir condonando deudas es una tomadura de pelo", insistió el pasado diciembre la jefa del Ejecutivo madrileño, Isabel Díaz Ayuso. En privado, la cosa cambia.
Al menos tres regiones presididas por el PP se abren a discutir los términos del sistema de quitas. Andalucía aceptará debatir acogerse a ella, siempre que Montero se abra a impulsar un fondo de nivelación que compense su infrafinanciación e inicie la reforma de la financiación. Lo mismo ocurre con la Región de Murcia. "Hay que englobarla dentro de una actualización del sistema", dijo ya a inicios de años López Miras en declaraciones a Telecinco, consciente de que, si el mecanismo se activa de forma simétrica, podría ver como casi 2.400 millones del pasivo que acumula se evaporaría. La cifra repuntaría por encima de los 14.300 millones en el caso de la Comunidad Valenciana.
En frente, se sitúan Génova y Ayuso, que se disputan el bastón de la férrea oposición a Moncloa. Hace semanas que la número dos de Feijóo, Cuca Gamarra, ordenó a los suyos rechazar el sistema pensado para reducir los costes de financiación. "Quieren dividirnos", apuntó hace semanas Alberto Núñez Feijóo.
También la líder madrileña, Isabel Díaz Ayuso, parece dispuesta a marcar la pauta de los barones del PP. Ya fue la única presidenta autonómica que se negó a acudir a la ronda de contactos privados con Pedro Sánchez en La Moncloa, y fue la más dura con la propuesta de Montero tras la última Conferencia de Presidentes celebrada antes de la pasado Navidad. Tan solo aceptará que el mecanismo se aplique a Valencia, como respuesta a las consecuencias de la DANA desatada el pasado octubre.
"Escucho declaraciones en las que me parece muy difícil que un territorio diga que no a que le quiten parte de la deuda y pueda atender otro tipo de gastos solo y exclusivamente por intentar practicar una política de ruido y de confrontación", replicó Montero a inicios de febrero. La vicepresidenta primera ha entrado en varias ocasiones al pulso con las baronías populares, a las que acusa de rechazar la condonación de su deuda, a la vez que reclaman más recursos que luego dedican a "otorgar reglaos fiscales a los ricos".
Fondo de nivelación
La falta de armonía de las regiones del PP se extiende también sobre otro de los asuntos que algunas CCAA se proponen debatir con Montero el próximo 26 de febrero. Andalucía, Murcia y Valencia exigen la creación de un fondo transitorio que iguale las condiciones de financiación por habitante hasta que se renueve el sistema, caducado desde 2014. Sin embargo, otras, como Castilla y León, solo aceptan debatir esa compensación si se mete en la ecuación las necesidades del resto de regiones. "Yo entiendo que hay un criterio común", respondía la responsable de Hacienda andaluza, Carolina España, en una reciente entrevista.
Lo cierto, es que en pasados CPFF varias CCAA del PP esquivaron abordar el debate sobre el fondo de nivelación. "No debe partirse de la premisa de que hay comunidades infrafinanciadas y otras sobrefinanciadas, cuando la realidad es una infrafinanciación de todas", dijo un consejero regional en una pasada reunión del órgano, según las actas a las que ha tenido acceso elEconomista.es. Otras regiones populares han retrasado -en más de una ocasión- abrir una discusión al respecto, a pesar de que la ministra Montero reclamó -según las mismas actas- una "propuesta con el consenso suficiente".
Esto, y el fuerte enfrentamiento que mantienen las CCAA del PP y el Gobierno central, anticipan una tensa reunión sin avances firmes hacia la reforma del sistema de financiación que Hacienda se marcó aprobar antes de terminar la legislatura. "No tenemos ninguna esperanza", afirman desde el Gobierno que preside el popular, Juanma Moreno.
"Vamos a rechazar cualquier documento que suponga una pérdida de unos recursos que son fundamentales para garantizar que Aragón pueda tener los mismos servicios públicos que otras comunidades autónomas y su calidad, tanto en educación, sanidad como servicios sociales", dijo la vicepresidenta del Gobierno aragonés, Mar Vaquero a Europa Press, como anticipo a la reunión del miércoles.
