Barcelona
La reforma de la financiación autonómica será uno de los grandes temas que centrarán la política española en 2025. Pendiente de abordar desde hace diez años, el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), previsto para este mismo mes de enero, supondrá el pistoletazo inicial al debate de como encajar un nuevo reparto de recursos entre las distintas autonomías -en el que siempre habrá agraciados y agraviados- sumado a la promesa de un nuevo sistema de financiación para Cataluña.
Aunque hay pocas certezas sobre el modelo resultante, desde el Govern se insiste en un sistema de financiación singular para Cataluña. Lo único conocido son las fechas. En enero el CPFF en el que se encajará la condonación de deuda, algo que también estaba en el acuerdo de investidura del PSOE con ERC, cuando se habló de una quita del déficit que la comunidad tiene con el Estado de hasta el 20%.
Antes de ni siquiera sentarse a negociar, las comunidades autónomas gobernadas por el PP ya calificaron el asunto de "parche", "cebo" y "chantaje". A su juicio, antes de tratar la condonación de la deuda se debería hablar sobre la reforma completa del sistema de financiación, algo en lo que han insistido en los últimos días diferentes presidentes autonómicos.
No obstante, esta reforma pendiente también estará marcada por la singularidad catalana. Los pactos entre socialistas y republicanos dictaban que el primer semestre de 2025 debía servir para definir el nuevo modelo de financiación para Cataluña. Y desde el Palau de la Generalitat insisten en hablar de singularidad. Será en febrero cuando deberían arrancar las conversaciones.
Ante las quejas suscitadas por el cupo catalán en otras autonomías, Salvador Illa, presidente de la Generalitat, defendió en febrero que el acuerdo con ERC "no va contra nadie" porque, según dijo, "respeta los principios de solidaridad" y será "beneficioso no solo para Cataluña, sino para el conjunto de España".
Sin embargo, distintos organismos ya hicieron sus cálculos de lo que podría suponer este concierto, aunque sin tener definida la cuota de solidaridad es difícilmente medible. Según explica Ángel de la Fuente, director de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), en un informe publicado en agosto, el Estado tiene dos opciones para compensar la pérdida de recaudación del Impuesto de la Renta: subir el IRPF o recortar el gasto.
Subida del IVA
Si el Estado recurriera una subida del tramo nacional de la renta "tendría que incrementar en un 29,5% la recaudación estatal del impuesto en lo que queda del territorio común". Pero, si en vez de subir impuestos, optase por asumir una caída de los ingresos y lo trasladase íntegramente a la financiación de las CCAA, "ésta tendría que reducirse un 10,7% en promedio".
Más opciones maneja el catedrático Desiderio Romero Jordán, en su último artículo firmado para Funcas. Entre ellas está la eliminación total de los dos tipos reducidos del IVA, lo que daría unos ingresos tributarios de alrededor de 15.000 millones de euros, según sus cálculos. Esta medida tendría impacto en productos del ámbito alimentario, especialmente.
Evidentemente, todo dependerá del acuerdo final y de cómo se desarrolla el modelo de financiación. Según Fedea, habría un trasvase de entre 6.600 millones y 13.200 millones de la caja común a la Hacienda catalana. Esto elevaría la financiación homogénea de la Generalitat entre un 25% y un 50%.
En el caso que este sistema se trasladase al resto de las comunidades autónomas, "el problema se agravaría muy considerablemente", según Fedea. De este modo, si el concierto fuera también aplicado a Madrid y Baleares, las otras dos CCAA que son contribuyentes al SFA, el Estado perdería 37.500 millones de euros en ingresos directos.
Diez años de espera
El debate de la reforma de la financiación autonómica tenía que abrirse en 2014, tal y como manda la ley. Fue la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la que reabrió el melón, en 2024, en el reciente Consejo de Política Fiscal y Financiación (CPFF) que se celebró el pasado mes de julio.
En los últimos meses, grandes asociaciones empresariales de Cataluña, como Foment del Treball o el Cercle d'Economia, han urgido tanto al Ejecutivo central como al autonómico a abordar la carpeta.
