Las alarmas saltan entre los analistas, de carácter público o privado, ante el modo en que la quita de deuda planteada esta semana por el Ministerio de Hacienda abre la puerta a que las comunidades autónomas multipliquen su gasto. La falta de concreción en torno a los protocolos que se aplicarían para asegurar la disciplina fiscal de los Gobiernos regionales plantea el riesgo de que el desembolso de los Gobiernos autonómicos desemboque en un déficit en torno a, o claramente superior, al 1,5% del PIB –ahora es inferior al punto porcentual–, según cálculos preliminares consultados por elEconomista.es.
La raíz de tan pesimistas augurios se encuentra en el negativo punto de partida en el que se hallan, siempre en términos generales, las autonomías pertenecientes al régimen de financiación común. Desde la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ponen de manifiesto que el desequilibrio contable real, en términos estructurales independientes del ciclo económico, que presentan las autonomías ya ronda el punto porcentual de PIB, con picos de hasta el 2%. Por su parte, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) alerta repetidamente del incumplimiento, con pocas excepciones, de la regla de gasto que anualmente se impone a los Gobiernos regionales."
Ante esta falta de ortodoxia presupuestaria de la que partimos, el alivio de más de 83.000 millones que supondrá la condonación, va a dar alas al gasto autonómico y el déficit conjunto se puede disparar, de media al 1,5% o más", reconocen ya fuentes parlamentarias. La amenaza desaparecería si los Ejecutivos regionales no fueran más allá de elevar su gasto en la cuantía que supondrá el ahorro en el pago de intereses que la condonación permitirá. Ahora bien, esa cantidad es notablemente reducida. En el caso particular de Cataluña, rondaría los 200 millones de euros anuales, lo que tendría un impacto ínfimo en su Presupuestos y en su capacidad de hacer mayores desembolsos para sufragar sus servicios públicos.
La alusión a Cataluña no es casual dado que fueron sus partidos independentistas, en concreto ERC, los principales impulsores de la quita y, en ningún caso, estarían dispuestos a aceptar que la condonación tenga unos efectos tan reducidos, y poco perceptibles, sobre los ciudadanos.
Lo previsible, por tanto, es que tanto el Govern como otros Ejecutivos aprovechen la quita para elevar su gasto en mucha mayor medida, sobre todo considerando que la propuesta planteada por Hacienda en sus términos actuales no prevé ningún cortafuegos que lo impida.
Más en concreto, no hay especificación alguna acerca de las tres principales palancas de control a las que podría acudir. En primer lugar, no se anticipa la imposición de una mayor condicionalidad sobre el gasto de las autonomías, dictaminada por el Estado, tal y como denunció la AIReF el pasado jueves.
Todavía sujetas al FLA
En segundo lugar, tampoco está prevista la implantación de medidas que incrementen los ingresos de las regiones. Por último, propiciar el regreso de estas últimas a los mercados internacionales de deuda las obligaría a dar muestras de disciplina de gasto ante los inversores. Sin embargo, dicho retorno tampoco está previsto, ni a medio ni a largo plazo. Es más, la intención de Hacienda parece resumirse en mantener plenamente activo el Fondo de Liquidez Autonómico, pese a que la emergencia económica que le dio origen hace más de una década que quedó atrás.
No es únicamente el comportamiento de las comunidades autónomas lo que genera recelo. La Administración central representa la otra cara de la moneda, dado que la condonación de la vicepresidenta Montero la privará de la recepción de los más de 83.000 millones en recursos con los que hasta ahora contaba.
Las medidas que podría tomar el Estado en estas circunstancias son todavía más difíciles de predecir, y Hacienda no adelanta acontecimientos, en un escenario insólito como el actual en el que se agotan los plazos para elaborar los Presupuestos del año en curso, y sigue vigente el techo de gasto no financiero diseñado para las Cuentas Generales de 2023.
Más allá del déficit y la deuda el panorama es más tranquilizador en lo que respecta a los niveles de deuda del sector público español en términos agregados. Así lo trasladaron recientemente fuentes del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa. Desde el departamento que dirige Carlos Cuerpo, aseguraron que "una reasignación de la deuda entre diferentes niveles de la Administración "no tendrá "ninguna traslación" sobre el programa de financiación del Tesoro presentado este martes, por lo que "no afecta a las cifras que hemos comunicado en las semanas anteriores".
Sin cambio en las emisiones
De este modo, no tendrá impacto en los 55.000 millones de deuda neta que el Tesoro emitirá en 2024. La condonación es, según dichas fuentes, una "transferencia interna entre subsectores" con un "impacto agregado sobre las métricas de deuda neutro", con lo que "no supone un incremento real de la deuda".
Con todo, resulta significativo que una de las principales agencias calificadoras de emisiones de deuda, a escala global, Moody's, haya mostrado ya sus reservas sobre la condonación.
Este organismo subraya que la quita no afectará directamente a la deuda soberana española, pero, en su diseño actual, aumenta "los riesgos morales", ya que la quita podría desalentar las políticas fiscales prudentes a nivel regional, lo que "pesaría sobre las finanzas del Gobierno general y tendría un impacto adverso en la fortaleza fiscal" de la economía española en su conjunto.
