La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) aconseja al Ministerio de Hacienda que imponga condiciones a las comunidades autónomas que se acojan a la propuesta de condonación de 83.252 millones de euros de deuda que se aprobó este miércoles en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). La presidenta del organismo independiente, Cristina Herrero, formó parte de esa reunión tras la que valora que el futuro proyecto de ley puede contribuir a que los diferentes territorios vuelvan a financiarse a los mercados, sin embargo, explica que "debe llevar aparejada una condicionalidad fiscal" para garantizar que se cumplan las reglas fiscales. "No tiene sentido hacer una condonación de deuda si no se garantiza que no se va a seguir acumulando deuda a futuro por encima de lo que permiten las reglas fiscales" advierte a la vicepresidenta María Jesús Montero.
El organismo recuerda que la obligación formal de cumplir con los objetivos de deuda y déficit recogidos en las normas nacionales y europeas no ha evitado que el gasto de las Administraciones Públicas creciera por encima del crecimiento potencial de la economía a medio plazo a lo largo de 2024. Este porcentaje estaba fijado en un 2,6% y el plan fiscal estructural remitido a Bruselas reconocía que el gasto computable a efectos de esta regla había avanzado un 5,3%; mientras que la AIReF estima que en el ámbito autonómico habría alcanzado el 7%. "No está de más reforzar el cumplimiento de las reglas fiscales con una condicionalidad fiscal asociada al proceso de condonación de deuda" concluye, dado que el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) no desaparece y las regiones seguirán financiando a través de este mecanismo los déficits y excesos de déficit de años anteriores.
La propia ministra de Hacienda admitió que Herrero le había transmitido esta recomendación en la reunión de la que se ausentaron todos los consejeros del Partido Popular y en la que solo se quedaron los cuatro representantes de los territorios encabezados por el PSOE. Montero explicó que el organismo proponía que solo se beneficiaran las comunidades "cumplidoras" con la regla de gasto, puesto que este es el criterio más relevante al que deben atarse los gobiernos para rebajar su nivel de deuda, de acuerdo con las nuevas reglas fiscales europeas. La ministra se abrió a tener en cuenta esta recomendación de cara a la tramitación y negociación parlamentaria del proyecto de ley que quiere tener aprobado antes de final de año para cumplir con el acuerdo con ERC.
El organismo cuestiona las fuentes empleadas para establecer los criterios de distribución de la condonación. "Parece un enfoque muy parcial tener solo en cuenta el ejercicio al alza de las competencias normativas en materia de IRPF como aproximación del esfuerzo realizado por las comunidades". En su lugar, apuesta por utilizar el gasto computable -pese a sus limitaciones- puesto que entiende que el esfuerzo no puede medirse solo desde la perspectiva de los ingresos. No obstante, valora que la condonación se traducirá en una horro en intereses para las comunidades autónomas, lo que tendrá un efecto positivo en sus niveles de déficit pero que en contrapartida, conllevará un incremento en el de la Administración Central.
En la nota difundida este jueves, la AIReF también llama a tener en cuenta el tratamiento que se le dará a la futura condonación en términos de contabilidad nacional, puesto que las comunidades autónomas registrarán un alza de ingresos y el Estado un aumento de gasto como consecuencia de esta transferencia de 83.000 millones. "La naturaleza de la transferencia afectaría al cálculo de la regla de gasto de la Administración Central, que podría ver restringida su capacidad de gasto" en esa misma cantidad, advierte el organismo que toma como ejemplo el año 2024 en el que un aumento de los ingresos derivados de el sistema de financiación llevaron a un incumplimiento generalizado de la regla de gasto.
"Es necesario limitar el uso del incremento de los ingresos autonómicos en el año de la condonación, lo que podría realizarse a través, precisamente, de la condicionalidad fiscal que debe acompañar al proceso de condonación" incide. Estas condiciones deberían tener en cuenta la posición de partida de cada territorio y su posición relativa en un sistema de financiación caducado desde hace una década y al que todavía no se le ha puesto remedio.
