Moncloa ya ha puesto cifra al coste de ampliar los permisos para el cuidado de los hijos: 1.500 millones de euros extra. Como ha avanzado la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la extensión de los permisos dirigidos a los trabajadores que tengan hijos menores de un año, en el supuesto de los permisos por nacimiento, o de ocho años, en el caso de las bajas por cuidado del menor, aumentará la presión sobre el sistema público, que asumirá la totalidad de este gasto.

El Tribunal de Cuentas ha publicado este martes su evaluación de los ERTE, la política de empleo desplegada en el marco de la pandemia para evitar que se produjeran despidos masivos y que permitió que miles de empresas recortasen la jornada de sus trabajadores o suspendieran temporalmente sus contratos de trabajo. El órgano señala que hubo deficiencias en la tramitación de estas ayudas y denuncia la falta de personal de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, por la que solo un 11.688 empresas de las 278.757 señaladas por Seguridad Social por diferentes incumplimientos han sido fiscalizadas. Todas ellas se vieron beneficiadas por la exoneración de las cotizaciones aplicada durante el periodo más grave de la pandemia y habrían cometido diferentes errores.

Los sindicatos ya sitúan la presión de los precios de la vivienda como un problema central para el mercado de trabajo, por su efecto sobre el poder adquisitivo de los trabajadores -y en las negociaciones salariales, en consecuencia- y por su papel en el problema de las vacantes de trabajo sin cubrir, que se concentra principalmente en las islas más turísticas. Es por ello que UGT ya ha avanzado este lunes que será uno de los factores que incluirán dentro de su propuesta del próximo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) en la que se pautarán las subidas que experimentarán los salarios en 2026, 2027 y 2028.

La investigación emprendida por el Juzgado número 2 de Tarragona sobre los posibles pagos ilícitos efectuados a la consultora fundada por el exministro, Cristóbal Montoro, para conseguir cambios legislativos en materia fiscal cerca a las fabricantes de gases industriales y medicinales agrupadas en AFGIM. De acuerdo con el sumario de la causa estas se habrían visto beneficiadas por los cambios fiscales aprobados en la reforma del Impuesto Eléctrico (IE) efectuada en 2014 y del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) aprobada en 2018.