Tres años después de la aprobación de los cambios en el Impuesto sobre la Electricidad, la agrupación de empresas gasistas AFGIM volvió a recurrir a los servicios de Equipo Económico (la consultora fundada por el que entonces era el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro) para conseguir modificaciones en el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE). El sumario, al que ha tenido acceso elEconomista.es recoge que estos cambios habían reportado un alivio fiscal de 10,5 millones de euros en cinco años a las cinco compañías beneficiadas (más de 2,1 millones por cada empresa gasística).
La documentación de la Agencia Tributaria plasma que tras varios intentos fallidos de conseguir una modificación legislativa a través del despacho EY, la asociación empresarial del gas efectúa un primer pago en abril de 2017 a la consultora Equipo Económico, tras el que se había instado al director general de Tributos a "pedir información, autorizar contactos y convocar reuniones con AFGIM". Aunque las primeras tomas de contacto entre el bufete de Montoro y estas cinco empresas se remontan a noviembre de 2016.
El objetivo era incluir los cambios legales en el Proyecto de Ley de Presupuestos para 2018, no obstante, la situación política en Cataluña estaba complicando la consolidación de apoyos por lo que deciden recortar parte del informe elaborado por EY y redactar uno nuevo en el que basarían los textos remitidos por AFGIM al Ministerio de Hacienda que posteriormente dieron lugar a la modificación legal aprobada.
Ese mismo mes de septiembre, AFGIM expone en una reunión interna la necesidad de trabajar con Equipo Económico para lograrlo. De esta forma, se repite el modus operandi empleado con el Impuesto Eléctrico, de forma que tras la intervención de esta consultora la Administración cambia el criterio expresado hasta entonces y el subdirector general de Tributos, Óscar del Amo, emite una nota en la que omite el sentido en el que se habían pronunciado los Tribunales y esa Dirección General y se adapta a las pretensiones de las gasistas.
Los investigadores destacan que en octubre de 2016 del Amo se había negado a implementar esta reforma fiscal o a reunirse con las interesadas. Sin embargo, se produce un giro de 180º después de que el que fuera director general de Tributos, Alberto García Valera, reciba un email de Vicente Tutor de Equipo Económico en el que pide que se ponga en contacto con las empresas gasistas. Cuatro días después, se autoriza el encuentro entre el Ministerio de Industria y las compañías que se produjo el 13 de julio de 2017. Tras esta cita, el subdirector general reclama de forma repetida que las gasistas den el visto bueno a la propuesta de la ley.
Una vez más, los investigadores consideran crucial el papel de esta consultora. "De los correos y documentos se deduciría que las resoluciones judiciales, consultas vinculantes de la DGT, todas ellas desfavorables a sus intereses, así como las negativas a mantener contactos con las gasísticas investigadas, giran totalmente de rumbo coincidiendo temporalmente con la entrada formal en escena de Equipo Económico" apunta el sumario.
Finalmente, el cambio legal favorable a las gasistas se aprueba un año después, en julio de 2018 y es en 2019 después cuando AFGIM vuelve a reconocer el pago de honorarios a la sociedad Global de Asesoramiento Financiero (que toma el testigo de Equipo Económico) que los analistas entienden que responde al cambio de los epígrafes de este impuesto en los que se hace referencia a la normativa foral de Vizcaya y Álava.
Esto lleva a los investigadores a apreciar que los pagos abonados a Equipo Económico o a Global de Asesoramiento Financiero responden solo a los contactos que esta entidad tenía con el personal del Ministerio de Hacienda, puesto que no hay un estudio, dictamen o trabajo técnico que aporte valor añadido.