El entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, mantuvo el 4 de marzo de 2014 una reunión con representantes de la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM), solo tres meses antes de llevar al Consejo de Ministros el borrador de la norma que incluía beneficios fiscales para el sector. El sumario del conocido como 'caso Montoro' al que ha tenido acceso elEconomista.es refleja cómo este departamento pasó de oponerse a extender esta bonificación a ciertas empresas de alto consumo energético a incluirlo en el borrador de la ley tras la intervención de Equipo Económico, que elaboró un informe para la patronal por 270.000 euros.
Tras analizar los correos intercambiados por diferentes cargos del Ministerio de Hacienda y representantes de la patronal gasística, el informe de los Mossos d'Esquadra constata que la Administración no tenía intención de incorporar los cambios sugeridos por AFGIM y que fue la intervención de Equipo Económico -la consultora que había fundado el propio Montoro- la que permitió a estas empresas tener acceso al Ministerio de Hacienda con dos reuniones, la celebrada el 4 de marzo en la que participó el ministro y una segunda, del 21 de abril de 2014 con el Secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre Navarrete.
En este segundo encuentro, Ferre habría solicitado a las compañías gasistas que contribuyeran al redactado del texto propuesto para la elaboración de la norma y su interés en incluir la bonificación perseguida por AFGIM, con la que se buscaba incluir en el descuento del 85% del Impuesto de Electricidad a las industrias para las que el consumo energético representara más de la mitad del conjunto del coste de producción. Para los investigadores, este hecho hacía evidente la vinculación de Equipo Económico con determinados cargos del Ministerio de Hacienda por los que el Anteproyecto de Ley aprobado el 20 de junio de ese mismo año recogió los intereses de las gasistas, que después se consolidaría como la Ley 28/2014, el 27 de noviembre.
El sumario destaca que su aprobación en Consejo de Ministro se produjo tan solo dos meses más tarde de la última negativa del Director General de Tributos a la extensión de esta bonificación del Impuesto de Electricidad. Un correo electrónico enviado por Diego Martín Abril a este cargo con el borrador del Proyecto de Ley pone de relieve que el 21 de mayo todavía no se había incluido este punto y que se fueron haciendo diferentes modificaciones hasta que el 4 de junio ya figura el punto que hace referencia a las industrias con el consumo energético del 50% de su coste de producción.
Así se observa como este departamento pasó de rechazar esta bonificación por "su difícil control administrativo" a defender que el número de empresas que podrían beneficiarse era muy reducido y que no supondría ninguna pérdida de recaudación para las arcas públicas. Sin embargo, el análisis realizado por la consultora EY incluía un apartado que especificaba el impacto recaudatorio de la rebaja fiscal y concluía que el ahorro fiscal para el año 2013 sería 4.145.704 euros.
Si bien, las reuniones en las que participaron Montoro y Ferre no fueron las únicas que se produjeron al efecto. El informe de los Mossos d'Esquadra recoge que se llevaron a cabo más reuniones entre AFGIM y la Administración, como la celebrada entre el subdirector general de Impuestos Especiales y de Tributos sobre el Comercio Exterior, Pablo Renieblas, con Carmen Gordon y Carlos Romero de AFGIM para tratar el Impuesto sobre la Electricidad. Tanto es así, que los investigadores restan importancia a la reunión mantenida con Montoro en la que la patronal quería hacerle entrega del informe elaborado por Equipo Económico y EY.
Los agentes creen que se compartió este documento por ambas consultoras pero que la modificación de este impuesto no se trató directamente en la reunión, sino que esta buscaba dar "una apariencia de transparencia y de normal ejercicio lobbista". En este sentido, concluyen que el principal objetivo del encuentro era hacer la fotografía de Montoro, José Luis Méndez (Carburos Metálicos), Eduardo Gil (Praxair), Isidro Abello (Abello Linde), Teresa Rasero (Air Liquide) y Rogelio Menéndez (asesor del gabinete) y que el impulso normativo se produjo entre los miembros de Equipo Económico y los órganos directivos del Ministerio de Hacienda.
Por ello, los Mossos d'Esquadra certifican la gran influencia que tenía esta consultora, no solo para conseguir el contacto de los miembros del Ministerio de Hacienda, sino para influir sobre los órganos que redactarían la ley y conseguir que las empresas participasen activamente en el desarrollo reglamentario. "La AFGIM consiguió que el Reglamento de desarrollo se adaptase por completo a sus necesidades, con el propósito de que una eventual inspección no permitiese cuestionar si la electricidad consumida por las gasistas en su actividad industrial representaba más del 50% del coste de producción" detallan. Así, concluyen que la contratación de Equipo Económico rompió la dinámica por la que en años anteriores las exigencias del sector respecto a esta bonificación habían sido rechazadas de forma reiterada.