El Ministerio de Seguridad Social modifica, cuatro meses después de su aprobación, el Real Decreto que regula el examen de pensiones de la Autoridad Independiente y de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Lo hace para añadir algunas de las recomendaciones del organismo independiente y para pedir a la institución que elabore un nuevo informe en 2026, aunque los retoques son mínimos. A pesar de incluir alguna de las sugerencias, la cartera de Elma Saiz deja fuera la más importante para la AIReF: modificar la regla de gasto.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones vuelve a mirar a las mutuas para abordar el incremento de las bajas por incapacidad temporal (IT). La propuesta presentada a los negociadores de la patronal y los sindicatos el lunes abre la posibilidad de que las mutuas puedan dar el alta a los trabajadores que se encuentren de baja por una lesión producida en el trabajo desde hace más de un año. Ahora las entidades colaboradoras solo pueden certificar la recuperación de los pacientes durante los primeros 365 días de IT, pese a que tradicionalmente habían asumido toda la gestión de los procesos por contingencias profesionales.

El Gobierno estudiará próximamente si es necesario modificar el real decreto que regula la jubilación anticipada aprobado en Consejo de Ministros el martes pasado. Según dicta la norma, el 17 de septiembre –tres meses después de que entre en vigor– Seguridad Social convocará un grupo de trabajo para "analizar y evaluar la dimensión de género en la fijación de coeficientes reductores de la edad de jubilación en aquellas ocupaciones con mayor presencia femenina". Desde su creación, la comisión tiene un año para determinar si el Real Decreto necesita cambios. Un análisis que será decisivo en cuanto a las posibilidades de colectivos con marcada presencia femenina, como las empleadas de hogar, cuidadoras de personas dependientes y las camareras de piso a la hora de acceder a la jubilación anticipada.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha traslado a los agentes sociales la primera propuesta sobre las altas progresivas que anunció en octubre. El papel, al que ha tenido acceso elEconomista.es, aboga por conceder un plazo de 30 días a los trabajadores que lleven más de 180 días de baja por una serie de patologías que no llega a concretar (previsiblemente, de enfermedades oncológicas). Durante este periodo, los empleados desarrollarán su actividad a media jornada y percibirán la parte del salario correspondiente, al tiempo que mantienen el 50% de la prestación por incapacidad.

El Banco de España no tiene capacidad técnica para realizar un análisis de sobre la situación de las pensiones. Así ha justificado el gobernador del Banco de España (y exministro de Seguridad Social), José Luis Escrivá, la falta de un estudio sobre la sostenibilidad del gasto en pensiones en el informe anual relativo a 2024, publicado por el organismo hace una semana. Según el gobernador, el banco "debería evitar opinar sobre cuestiones en las que no tiene un análisis propio" y puede realizar recomendaciones cuando ha realizado "un trabajo profundo". "Obviamente el Banco puede entrar a dar su opinión, pero ni de lejos tiene capacidad de información técnica para aportar sobre el tema de la sostenibilidad de pensiones", ha defendido en plena polémica sobre el contenido del informe y la dimisión del director de Economía del BdE, Ángel Gavilán.