Quedan -como mucho- dos semanas para que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) determine si las reformas en el sistema de pensiones garantizan la sostenibilidad a largo plazo. Aunque no está claro cuándo la autoridad fiscal publicará el análisis, la fecha límite es el 1 de abril. Como consecuencia directa, este mes, el Ejecutivo se podría enfrentar de nuevo al debate de subir -o no- las cotizaciones para pagar la factura del envejecimiento poblacional.
Las demandas judiciales contra el Estado cuestan, de media, 1.005 millones de euros al año. Es una de las principales conclusiones de la Opinión sobre Riesgos Fiscales emitida esta mañana por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), un análisis que comprende el periodo entre 2014 y 2023. El documento desprende que las decisiones judiciales contra el Estado han representado un riesgo significativo para las finanzas públicas. Unas sentencias que han afectado a figuras tributarias como el Impuesto de Hidrocarburos, el IRPF o el Impuesto de Sociedades (entre otros) y que suponen un “elevado coste de compensaciones e indemnizaciones”. Algo que, en definitiva, tiene un impacto negativo “relevante” en la estabilidad fiscal y en el déficit público. La cifra de 1.000 millones al año, sin embargo, representa a las cuantías ya reembolsadas, pero no comprende gastos adicionales como pueden ser los intereses derivados de procedimientos que se dilatan en el tiempo.
El consumo público ha llegado a aportar hasta el 40% del crecimiento del PIB. Lo hizo en el año 2023, cuando supuso en concreto el 39% del crecimiento económico de nuestro país. Así lo indica el informe publicado esta mañana por el Banco de España, Proyecciones macroeconómicas e informe trimestral de la economía española, que muestra también que en el año 2024, el gasto público explicó el 27% del aumento en el Producto Interior Bruto (PIB).
El Banco de España incrementa su previsión de crecimiento del PIB para España hasta el 2,7% en 2025, dos décimas más que lo que proyectaba el organismo en el mes de diciembre por la expectativa de mejora en el consumo privado. Con esta cifra, el crecimiento se modera en comparación con el año anterior, cuando alcanzó un 3,2%. Así lo desprende el Informe trimestral de la economía española, proyecciones macroeconómicas, publicado esta mañana que detalla que el aumento del PIB este año será fruto de la evolución favorable de la renta disponible de los hogares, el aumento del empleo y el incremento poblacional previsto. Unas proyecciones, sin embargo, que "están sometidas a una extraordinaria incertidumbre" y que "presentan riesgos a la baja" por el actual contexto geopolítico y las presiones arancelarias, algo sobre lo que también ha incidido el director general de Economía del organismo, Ángel Gavilán, en la presentación del documento.
Los fondos de pensiones de empleo de promoción pública (FPEPP) siguen desiertos un año y medio después de que el Gobierno designase a las cinco gestoras encargadas de ofrecer los 15 vehículos de ahorro y seis meses después del último movimiento del Ministerio competente -Seguridad Social-, las mejoras técnicas en el Reglamento. Los fondos de promoción pública, según explica el Ministerio a este periódico, pueden operar e integrar planes de pensiones de empleo desde 2023. Según las entidades gestoras, los FPEPP siguen paralizados. No se han creado ni traspasado fondos.
Casi la mitad de los empresarios españoles (un 44%) ven la incertidumbre política como el principal riesgo para la economía. Es una de las conclusiones que desprende la vigesimoprimera edición de Perspectivas España 2025, un informe realizado por la consultora KPMG junto a la patronal española, CEOE.
La inestabilidad política en Francia y Alemania, la agenda de Trump y la necesidad de aumentar el gasto en defensa afectarán de forma negativa al crecimiento económico en Europa. Así lo cuenta el centro de estudios económicos de Caixabank en su revisión de las previsiones macroeconómicas, que prevé un aumento del Producto Interior Bruto (PIB) en la Eurozona del 0,8% en 2025 y del 1,6% en 2026.
El envejecimiento de la población es uno de los grandes retos que afronta nuestro país en los próximos años. La llegada a la jubilación de la generación del 'baby boom' ya empieza a ejercer presión sobre el sistema de pensiones. Y es que cada vez habrá una mayor proporción de jubilados que la masa de trabajadores en activo tendrá que sostener. En el mes de febrero, a pesar del buen momento que vive el empleo, el porcentaje de pensionistas en comparación con el número de personas ocupadas se estanca en el 44%. Además, este mismo mes, 6 de 17 autonomías presentaron una tasa de ocupados por pensionista menor al 2, el límite que establecen los expertos. Es decir, un 35, 29% del territorio total.
Recuperar las contribuciones públicas al plan de pensiones de los funcionarios era uno de los objetivos del Ejecutivo para esta legislatura. Lo anunció el Gobierno un mes después de la investidura de Pedro Sánchez, cuando el Ministerio de Seguridad Social y Migraciones aseguraba que su intención era "reactivar las aportaciones a los planes de empleados públicos y generalizar los planes entre entes locales y autonómicos". Más de un año después, sin embargo, las participaciones siguen bloqueadas y el plan suma ya este 2025 catorce años sin recibir recursos del Estado.
El número de autónomos y personas físicas que se presentaron a concurso de acreedores en 2024 -el procedimiento legal al que se origina tras la insolvencia y que abarca situaciones de quiebra y suspensión de pagos- se ha duplicado en el último año. En concreto, el número de trabajadores por cuenta propia que han tenido que acudir a este recurso legal aumentó un 120% en 2024. La cifra total llegó hasta los 35.510 concursos según ha comunicado esta mañana el Registro de Economistas Forenses (REFOR), un órgano especializado del Consejo General de Economistas de España en materia de insolvencias. El incremento, según los economistas, "se debe a las mejoras introducidas en el mecanismo de segunda oportunidad".