Madrid
El Gobierno quiere resucitar el ahorro del plan de pensiones de empleo de la Administración General del Estado (AGE) durante la próxima legislatura. En concreto, los planes que maneja el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones pasan por "reactivar las aportaciones a los planes de empleados públicos y generalizar los planes entre entes locales y autonómicos". Este vehículo de ahorro complementario a la pensión pública no incorpora nuevas aportaciones de las Entidades Públicas en beneficio de los trabajadores de la Administración desde 2011, cuando hace ya más de una década se suspendieron.
"El Plan de Pensiones de Empleo de promoción conjunta de la Administración es un sistema de Previsión Social, complementario de las prestaciones públicas de Clases Pasivas y de la Seguridad Social", explica la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface). El promotor de este Plan, iniciado a comienzos de siglo, es la propia Administración y los diferentes organismos y entidades dependientes de la misma y otros entes públicos, en favor de todos sus trabajadores. Su gestora es la rama de fondos de inversión y planes de pensiones de BBVA.
Si bien las entidades promotoras realizaron aportaciones desde la creación del Plan de la Administración en 2004, estas quedaron paralizadas en el año 2011 en plena crisis. Los planes de pensiones volvieron a habilitarse en 2018, si bien hasta el momento no se han vuelto a realizar aportaciones. Tras el último periodo reformista en materia de pensiones, el foco de la previsión social se ha puesto sobre los planes de empleo, al minorar el atractivo fiscal de los planes individuales.
El asesor del Gabinete del Ministerio que hasta ahora dirigía José Luis Escrivá, Manuel Ángel Álvarez, desveló los próximos pasos a desarrollar en materia de previsión social, destacando el ambicioso objetivo de conseguir que los aproximadamente tres millones de empleados del sector público ahorren en este plan de empleo. Así lo manifestó en la Jornada especial de pensiones que celebró Observatorio de los Sistemas Europeos de Previsión Social Complementaria en la Universidad de Barcelona a la que acudió este medio en exclusiva.
"Hemos hecho normativa a la carrera, no se puede pretender que haya sido perfecta", explicaba Álvarez, uno de los hombres de confianza durante el mandato de Escrivá, avanzando los objetivos de los próximos ejercicios: resucitar el macroplan de ahorro complementario a la prestación pública de los empleados de la Administración.
Este proyecto arrancó con el objetivo establecido de aportar al fondo el 0,5% de la masa salarial de los funcionarios y personal contratado, para 2010 se inició la austeridad con aportaciones por valor del 0,3% que se recuperarían en 2013. Sin embargo, en 2011 definitivamente se cerró el grifo. En el proyecto de Presupuestos de 2018, el Gobierno abrió la puerta a reactivar las aportaciones a planes de pensiones (o retribución por productividad) por valor del 0,2% de la masa salarial, pero no despegó.
El plan contaba a cierre de 2022 con 502.514 partícipes y tenía un volumen patrimonial de unos 540 millones de euros a cierre de octubre de 2023. Apenas unos 1.100 euros de ahorro por partícipe. Las aportaciones voluntarias de las personas partícipes en el año 2022 fueron de 758.000 euros, según datos facilitados por la Comisión de Control del Plan de pensiones de la Administración. Ambos indicadores han descendido en los últimos años.
La rentabilidad acumulada desde el inicio del plan, hace ahora casi 19 años (30 de noviembre de 2004), es del 2,72%. En el último año, la rentabilidad del plan de pensiones de los funcionarios del Estado es superior al 4%, según el ránking elaborado por este medio.
La actual normativa establece el importe anual máximo conjunto de aportaciones y contribuciones empresariales a los sistemas de previsión social será de 1.500 euros anuales, incrementándose en 8.500 euros, siempre que tal incremento provenga de contribuciones empresariales o de aportaciones del trabajador al mismo instrumento de previsión social por importe igual o inferior a la respectiva contribución empresarial. Todos los partícipes pueden realizar aportaciones voluntarias a este Plan de Pensiones para poder reducirse la base imponible del IRPF hasta el tope citado tope legal.
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