Una semana después de publicar su evaluación de la reforma del sistema público de pensiones, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) revisa al alza su previsión de crecimiento del presupuesto destinado a cubrir las nóminas de los que han puesto fin a su carrera laboral. El organismo que preside Cristina Herrero sitúa en el 5,6% el avance que experimentará el gasto en pensiones de la Seguridad Social durante el 2025, tras redimensionar el efecto que tendrá la incorporación de nuevos jubilados, que acceden con una pensión media significativamente más elevada que la que tienen aquellos que causarán baja en este ejercicio.

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) llegaba a cierre de 2024 a un total de 703.479 hogares con una cuantía media de 508,4 euros al mes. Para pagar la nómina anual, Seguridad Social destinó un total de 3.854,67 millones de euros. Una cifra un 17,3% superior a la registrada un año antes y para la que tuvo que movilizar 1.488,00 millones de euros extra más de lo planificado por la prórroga de Presupuestos. Un aumento que, tal y como explican fuentes del Ministerio, se debe a la revalorización de la prestación del 6,9% y por el mayor número de beneficiarios -un incremento que se debe a la reducción del non take up o brecha de cobertura, es decir, los que no conocen la prestación pero sí tendrían acceso a ella-.

El Banco de España revisará a la baja la previsión de crecimiento del PIB este año por el impacto de los aranceles impuestos por el presidente de Estados Unidos. Lo ha anunciado el gobernador de la institución esta mañana en una entrevista en TVE: "Tendremos que revisar a la baja las previsiones de crecimiento. Lo lógico es que las revisemos a la baja y lo que no puedo decir en este momento, porque todavía no lo tenemos hecho y porque no es fácil de hacer, es cuánto", ha afirmado Escrivá en La hora de la uno. Las declaraciones del gobernador del Banco de España llegan solo un mes después de que el organismo incrementase su previsión de crecimiento del PIB para España hasta el 2,7% en 2025, dos décimas más que lo que proyectaba el organismo en el mes de diciembre. Las proyecciones, según ya advertía el banco central en ese momento, estaban sometidas "a una extraordinaria incertidumbre" y presentaban "riesgos a la baja" al no incluir el posible impacto adverso sobre la actividad de los mayores niveles de incertidumbre y de tensiones geopolítica.

Ya han pasado cuatro meses desde que comenzó el año. Y, a mes de abril, el Ejecutivo sigue sin pagar a los funcionarios públicos la subida salarial del 0,5% correspondiente al ejercicio pasado pactada en el Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI y sin negociar el incremento de este año. La última solución del Ministerio de Función Pública fue vincular el pago a la aprobación de unos nuevos Presupuestos Generales del Estado (una circunstancia que deriva en que el sueldo de los funcionarios penda de las negociaciones parlamentarias. El retraso no sentó bien entre las filas sindicales, que llegaron a acusar la semana pasada al Ejecutivo de utilizarles de "rehenes". De hecho, tres organizaciones de funcionarios -CSIF, Fedeca y CC. OO.- se han movilizado esta semana. Demandan al Ministerio que negocie el acuerdo que determine la subida salarial de los próximos años y que pague a los empleados públicos el 0,5% pendiente de 2024 (entre otras cosas).